Cerca de treinta medios de comunicación comunitarios, populares, de los pueblos y nacionalidades participaron en la reunión con el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabasgango, para recoger los criterios sobre el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, del Presidente de la República.
Respeto a los derechos consagrados en la Constitución de la República frente a una comunicación libre, intercultural, plurinacional, incluyente y participativa, para evitar el monopolio, garantizando la distribución del 34 % para la operación de medios comunitarios, la principal propuesta expuesta en la reunión.
El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, el asesor del parlamentario Floresmilo Simbaña, dijo que el proyecto no considera la participación de los sectores comunitarios como son las comunas, pueblos y nacionalidades, universidades, grupos juveniles, organizaciones sociales y populares, ni propone mecanismos, no incentiva a estos actores que trabajan en la comunicación.
Por lo que, Simbaña afirmó que si bien el articulo 9 del proyecto de Ley cita a pueblos y nacionalidades, no establece de qué manera ni con qué mecanismos se posibilitará el ejercicio de estos derechos.
La propuesta del Presidente de la República, fija el derecho a la réplica y la responsabilidad civil ulterior, pero no se determina con precisión las consecuencias de los medios que no cumplen el derecho a la réplica en favor del perjudicado ni viabiliza la acción social y ciudadana para prevenir el abuso de los medios privados y públicos.
Para Hernán Reyes, de la Universidad Central, expresó que la libertad de expresión no debe ser excluyente. Defender los derechos de todos los sectores, entre ellos de los medios comunitarios.
En cambio, Jorge Guachamín, desde CORAPE, señaló la necesidad de establecer concursos transparentes para la entrega de frecuencias radioeléctricas.
De su lado, Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades, aseguró que con la propuesta del Gobierno Nacional se pretende dejar a voluntad de los medios de comunicación que acojan o no espacios interculturales, lo cual es regresión de derechos.
La docente de la Universidad Central, Cristina Benavides, sugirió revisar la definición de medios comunitarios, no estoy de acuerdo con la auto regulación de los medios de comunicación, dijo.
En representación del pueblo pasto del Carchi, Liliana Champutiz, pidió que la normativa tome en cuenta el estado plurinacional e intercultural como sujetos de derechos colectivos y que se respete el acceso del 5 % de contenido interculturales en los medios de comunicación.
Sin embargo, Isabel Ramos, de la FLACSO, le preocupa que la propuesta enviada a la Asamblea Nacional, deroga la responsabilidad ulterior efectiva, elimina la suscripción de contenidos de la producción de pueblos y nacionalidades para lograr la interculturalidad, no se clasifica a los medios por su alcance, lo cual genera monopolización.
Finalmente, Humberto Cholango, en representación de los medios comunitarios, solicitó dar seguimiento al informe final de la Contraloría para saber si se cumplió con las recomendaciones en torno a la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, aún se concentra el 95 % del espectro radioeléctrico en manos privadas y apenas el 2% para radios comunitarias. Cuándo se habla de libertad de expresión está no se refiere a los medios, sino al derecho que tienen los ecuatorianos.