La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, se reunió con el secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) Alejandro Rivadeneira. El objetivo fue el fortalecimiento y desarrollo de las universidades amazónicas, especialmente en Orellana.

Por su parte, la SENESCYT tiene el compromiso con el Gobierno y con la Presidenta de la Asamblea para conseguir que dichos proyectos, ilusión de la ciudadanía Amazónica, se construyan en el menor tiempo, dijo.

Además, comentó que con los fondos entregados por la Secretaría Técnica Amazónica se ha avanzado el 40 %. “El 29 de julio se entregaría una primera parte de los estudios desarrollados desde la SENESCYT”.

Así mismo, la presidenta de la Asamblea, indicó que el Instituto de la Joya de los Sachas ya está en funcionamiento con carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior, relacionadas con la pertinencia y el anhelo de cada una de las regiones porque tienen necesidades diferentes.

El Instituto cuenta con tres carreras que apuntan a la tecnología, soporte al área petrolera y otra relacionada con la educación.

Sin embargo, con relación a las universidades amazónicas explicó que aún no puede pronunciarse porque hay un compromiso de confidencialidad con quien hizo el estudio y aún no está en poder de la SENESCYT de manera oficial.

Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que envié un proyecto de ley para derogar la Ley que obliga a los microempresarios el pago del 2% sobre el total de las ventas, sin considerar si tuvieron o no utilidades.

La iniciativa la presentó el asambleísta Mario Ruiz, quien aseguró que el año 2020 fue muy complicado para la mayoría de los comercios, que tuvieron una disminución drástica en las ventas y resultado de esto perdida de plazas de trabajo, por lo que no se debe obligar el pago del impuesto.

Además, advirtió que la tributación no considera si la empresa tuvo utilidades o no, no toma en cuenta los gastos y otros egresos.

Así mismo, el año 2020 la mayoría de las microempresas cubrieron los gastos de producción continúan pagando el impuesto, lo que contrasta con las grandes empresas que se beneficiaron con acciones como remisión de intereses y multas.

Finalmente, la Asamblea Nacional, con 121 votos, exhortó al presidente Guillermo Lasso para que lo más pronto posible envié un proyecto de ley que derogue el capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para microempresas, establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, que grava los ingresos obtenidos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos, proponga en el proyecto de Ley mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, como las facilidades de pago para su aplicación inmediata, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia, equidad y que la política tributaria promueva a las microempresas la redistribución, estimulación de la producción y generación de empleo.

La ministra de Agricultura y Ganadería, Tanlly Vera, comparecerá a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la  Asamblea Nacional, para informar sobre temas relacionados con el desarrollo de las actividades productivas del país, indicó el presidente Mariano Curicama.

La sesión de la comisión está convocada este miércoles 21 de julio, a partir de las 10h00, la ministra responderá las inquietudes de los diversos sectores relacionados con la producción agrícola, pecuaria, agroindustria, como los problemas existentes en tenencia y adjudicación de tierras en los sectores rurales.

Entre las inquietudes de los asambleístas de la comisión de Soberanía Alimentaria está las preocupaciones de los sectores productivos, entre ellos, el precio de la saca de arroz; la comercialización de la gramínea y la política de precios al agricultor, en otros.

Finalmente, la sesión de la comisión será de manera presencial en el salón de los expresidentes, en el segundo piso del palacio Legislativo.

Esté martes 20 de julio 2021, la Asamblea Nacional aprobó con 126 la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el objetivo es reducir la siniestralidad en las vías y carreteras y generar una cultura de tránsito. Para ello pone énfasis en la prevención y educación en todos los niveles.

Además, acogieron el dictamen constitucional a los textos de los artículos 46, 56, 57 (b) y 169 del proyecto, por la Corte Constitucional, vetado por el Gobierno Nacional por inconstitucionalidad.

Así mismo, la Comisión de Desarrollo Económico, en su informe no vinculante recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional acoger las enmiendas realizadas por el presidente de la República y sancionadas por el órgano constitucional.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó a sesión del pleno para las 10h05, el objetivo analizar el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el proyecto de resolución que exhorta al Jefe de Estado que derogue el pago del 2 %, sobre las venta de las microempresas.

La reforma a la Ley tiene como eje principal al ser humano y su objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para proteger a las personas y bienes que se trasladan por las calles y carreteras del territorio nacional.

Sin embargo, la normativa fortalece los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de conductores profesionales y no profesionales, vinculados a otras instituciones estatales que son corresponsables en el campo de la movilidad, prevención de riesgos y disminución de siniestralidad.

También, promueve e incentiva el uso de vehículos eléctricos o de cero emisiones que precautelan el cuidado del ambiente.

De su lado, el asambleísta ponente de la Ley Daniel Noboa, señaló que la comisión de Desarrollo Económico adecuo los textos de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Constitucional para evitar interpretaciones extensivas o arbitrarias.

Finalmente, los legisladores estuvieron de acuerdo es en la necesidad de aprovechar las oportunidades para ofrecer beneficios a la ciudadanía, aclarando que reconocer las plataformas digitales no significa autorizar el taxismo ilegal o informal, está actividad será sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. Los avances de la tecnología son muy útiles para aprovechar los beneficios de la innovación y el desarrollo tecnológico, precisó.