El ministro subrogante de Educación, Diego Paz compareció a la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, para informar sobre el estado actual del proceso de escalafón de los docente, situación de inseguridad de las instituciones educativas y el cumplimiento de la Disposición Transitoria Undécima de la Reforma a la Ley de Educación Intercultural, referente al Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales emblemáticas que antes fueron regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Además, Paz indicó que el 20 de noviembre fue dado de baja el proceso de escalafonamiento, debido a que en julio se presentaron 22 acciones de protección para la suspensión. En función de la disponibilidad presupuestaria, se iniciará un nuevo proceso con énfasis en la calidad educativa en el que se prevé la participación aproximada de once mil docentes.

Por lo que, la disposición entró en vigencia el 28 de julio del 2023, una vez que finalice el proceso, los docentes recibirán el pago retroactivo desde esa fecha de acuerdo con la categoría alcanzada, sostuvo.

Así mismo, el pago de incentivos jubilares a docentes, el Ministerio de Educación cuenta con 14.458 expedientes enviados al Ministerio del Trabajo, lo que representa la tramitación del 98 % de las solicitudes ingresadas y que el 2 % restante no se ha procesado por la falta de algún documento o alguna observación que debe ser subsanada, manifestó.

Sin embargo, en el 2023 se jubilaron 2.961 docentes, lo que representa un total de 139.8 millones de dólares que el Ministerio ha cancelado a los beneficiarios.

En cambio, la inseguridad en las instituciones educativas del país, el funcionario informó que se ejecuta el Plan Nacional Escuelas Seguras en el que intervienen el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la implementación de acciones de prevención del delito y violencia en las instituciones educativas y sus zonas de influencia, buscando garantizar que sean espacios seguros y de protección para el desarrollo integral de la comunidad educativa.

También, destacó que 160 instituciones educativas crearon espacios para construir acuerdos que fomenten una convivencia armónica; 113 conformaron brigadas de seguridad, 97 escuelas priorizadas cuentan con un diagnóstico levantado por la Policía Nacional y 80 con un plan de acción. 415.581 estudiantes, 23.467 docentes, administrativos y 252.562 padres, cuidadores principales o representantes legales fueron sensibilizados sobre el fenómeno de la violencia.

Mientras tanto, el asambleísta por la provincia de Bolívar de Construye, Juan Carlos Camacho, aseguró que alcanzaron en la comisión que se cumpla con el derecho al escalafón de los maestros, alrededor de 140 millones de dólares habría comprometido el ministro se Educación (S).  

Finalmente, el Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales emblemáticas que estaban regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al Ministerio de Educación se garantiza la permanencia y continuidad de los estudiantes, seguridad jurídica y derechos adquiridos de los estudiantes, el traslado voluntario de las familias con proceso priorizado y el análisis integral de la demanda y oferta educativa en la zona de influencia, involucrando a 29 instituciones educativas en las que hay 37.443 estudiantes, 1.758 docentes y 415 personas administrativas.

El oficial de UNICEF, José Luis Guerra expuso en la Comisión de la Niñez sobre la protección integral, derechos humanos, interés superior y justicia restaurativa, en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, COPINNA.

Además, UNICEF recordó el alcance del concepto del interés superior del niño, que desde 1989 tiene incidencia en varios sectores, como la salud, educación y pleno ejercicio de los derechos, que a veces no se comprenden en su justa dimensión.

La evaluación y determinación del interés superior del niño amerita que se considere la opinión, identidad, familia, cuidado, protección, seguridad; vulnerabilidad y derechos sociales.

Así mismo, exhortó a trabajar por la infancia, porque con el nuevo Código se pretende recuperar el sistema de protección acorde a la Constitución y las nuevas Leyes.

Los legisladores reflexionaron sobre los estándares internacionales relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la responsabilidad por sus contravenciones, cooptación, prevención, rehabilitación y justicia restaurativa.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió admitir a trámite la solicitud de juicio político presentada por el legislador Jorge Peñafiel de Construye, contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, el vocal Xavier Muñoz y de la ex vocal Maribel Barrero, por incumplimiento de funciones.

El CAL tomó esta decisión luego de conocer el Informe Técnico Jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa que, tras revisar la normativa jurídica, recomendó admitir a trámite esta petición. La documentación será remitida a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que sea sustanciada en los plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, el CAL resolvió calificó siete proyectos que contaban con informe favorable de la UTL y 2 proyectos no fueron calificados por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.

Así mismo, autorizó la unificación de 29 proyectos reformatorios a la LOFL, que actualmente se encuentran en trámite en las Comisiones de: Justicia; Relaciones Internacionales; Régimen Económico y Gobiernos Autónomos.