Una nueva modalidad de “contratación de ingeniería, procura y construcción” y el destino de parte de los recursos producto de la monetización de activos para los proyectos de infraestructura vial estatal, propone el ministro del Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en el proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.

Además, el secretario de Estado en la Comisión de Régimen Económico indicó que la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, se debe incorporar la modalidad de “contratación de ingeniería, procura y construcción”, que es frecuente en otros países.

Así mismo, “esta contratación por precio y plazo fijo, incluye que el equipamiento, no está sujeta a reajustes de precios, contratos complementarios, diferencias de cantidades y órdenes de trabajo, salvo variaciones en el alcance de la ejecución definida por la entidad, siempre que no se cambie el objeto del contrato”, señaló Luque.

De igual manera, los estudios de la entidad contratante serán a nivel de diseños e ingeniería básica o conceptual y servirán para determinar los niveles de desempeño, especificaciones y presupuesto referencial para el proceso precontractual. Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas, dijo.

Por su parte, la asambleísta María Mercedes Erbs, sostuvo que siempre debe existir los plazos y tiempos específicos en la ejecución de las obras y los estudios deben ser por parte de las compañías.

Para el gerente de la Empresa Pública Aguas de Manta, Miguel Cevallos es necesario reformar la Ley de contratación para que se disminuya los tiempos, sin omitir procedimientos.

En cambio, el presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, Marco Franco Cortés  se refirió a la existencia de “empresas de papel” constituidas, que participan como proveedores de la contratación pública, por lo que planteó que se incluya la calificación comercial otorgada por las cámaras de comercio o gremios rectores.

Mientras tanto, Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, insistió en la necesidad de reformar la Ley para terminar con los diferentes casos de irregularidades presentadas en los reajustes de precios y montos de las ofertas.

Finalmente, Jaime Villacreses, del Instituto de Derecho Administrativo, destacó la carga laboral que tendrán la Procuraduría y la Contraloría General del Estado, con las reformas a la Ley de Contratación Pública, como resultado de las nuevas disposiciones constantes en el proyecto de Ley.