El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó, en segundo debate, el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas con Diabetes, cuyo objetivo es modernizar la legislación ecuatoriana frente al incremento de esta enfermedad y alinearla con los avances científicos y las políticas públicas contemporáneas. Una vez finalizado el debate dispuso a la comisión del Derecho a la Salud realice la incorporación de las observaciones y elabore el texto final para la votación en un plazo de ocho días.

Según, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, la urgencia de actualizar el marco legal vigente desde 2004, es para enfrentar de manera integral la diabetes en el Ecuador.

Además, la propuesta plantea fortalecer la prevención, garantizar la protección de derechos y mejorar la atención integral, reconociendo al Ministerio de Salud Pública como autoridad rectora.

Así mismo, promueve la educación en salud, impulsa la investigación y establece medidas para prevenir la discriminación, especialmente en los ámbitos laboral, educativo y en el acceso a seguros. El objetivo es darle un enfoque reactivo a uno preventivo, mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes y proteger el derecho a la salud de la población.

Para Reyes la diabetes es una realidad cercana para muchas familias y una enfermedad que nadie quisiera padecer. A nivel global, más de 589 millones de adultos viven con esta condición, según la Federación Internacional de Diabetes. En el Ecuador, los casos han crecido de manera sostenida, superando los 552 mil en el 2024, con proyecciones preocupantes hacia 2050. Este incremento está asociado a factores como el envejecimiento poblacional, el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física.

Por lo que, el panorama, prevención se posiciona como la herramienta más eficaz. La adopción de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física, no solo contribuye a evitar la diabetes, sino otras enfermedades crónicas. Iniciativas como el programa “Actívate” fomentan estos cambios en la ciudadanía.

En cambio, destaca la importancia de contar con datos actualizados sobre prevalencia, incidencia y factores de riesgo, lo que permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, anticipar las necesidades del sistema de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos e insumos. La prevención no solo salva vidas, sino que resulta más eficiente y menos costosa que el tratamiento de complicaciones.

Mientras tanto, varios asambleístas coincidieron en la gravedad de la diabetes como problema de salud pública y en la necesidad de fortalecer la prevención. Un alto porcentaje de la población ecuatoriana vive con diabetes o prediabetes, lo que exige políticas integrales que incluyan educación, detección temprana y promoción de hábitos saludables. La enfermedad no solo afecta a los pacientes, sino a sus familias, generando impactos sociales y económicos significativos.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, suspendió el debate con el objetivo que la comisión de Salud revise e integre los aportes presentados, para aprobar una Ley más integral, socializada y acorde a la magnitud del problema de salud pública.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 27 de abril, aprobó las reformas al instructivo para el proceso de recepción de postulaciones, verificación de requisitos y calificación de candidaturas para la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027.

El documento establece disposiciones para la acreditación de veedurías ciudadanas y regula las distintas etapas del proceso de postulación, incluyendo requisitos, prohibiciones, inhabilidades, así como los mecanismos para la presentación de denuncias e impugnaciones, que permitirán definir el listado de postulantes para integrar el CPCCS.

De acuerdo con el calendario electoral, las solicitudes de inscripción para la conformación de la Veeduría Ciudadana se recibirán entre el 4 y el 13 de mayo. En tanto, el periodo de inscripción de candidaturas al CPCCS se desarrollará del 12 al 25 de junio de 2026.

El CNE ejecuta procesos electorales eficientes, transparentes y altamente técnicos.

En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por las leyes aprobadas ni por los medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado, es decir, que el paciente reciba el tratamiento correcto en el momento preciso.

El Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias ya forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta. Existe una brecha crítica que separa el derecho a la salud de la atención efectiva. Actualmente, menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema de fondo ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo mucho más urgente: qué está disponible en el momento exacto en que el paciente lo necesita.

Según, un estudio de EquityCancer-LA, en Ecuador, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, lo que incrementa la presión hospitalaria y los costos de atención.

Por lo que, esta situación ha forzado una transición peligrosa en la práctica clínica. El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado y preciso para darle calidad de vida al paciente, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta estrictamente a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a un desabastecimiento intermitente, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en una gestión de carencias y esto genera que los pacientes reciban tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos. El cáncer no es solo una enfermedad más; requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores.

Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados. El costo humano de la burocracia la falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. La realidad es inmediata y crítica: Los pacientes oncológicos del sistema público están siendo rechazados por SOLCA debido a nudos administrativos y falta de convenios efectivos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, dejándolos a la deriva. En hospitales como el Andrade Marín, la escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida. Cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador.

De acuerdo a los reportes de impacto socioeconómico en el país evidencian que el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de 699 millones de dólares entre el 2017 y el 2023.

Además, solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de 25 millones de dólares anuales. El laberinto de la compra centralizada, la solución propuesta a través de la compra centralizada se encuentra en un estado de incertidumbre.

Así mismo, los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos: se pasó de una proyección de compra de 15 meses a solo 12, sin que exista claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente informadas. Incluso, se ha reportado que algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero.

El Ministerio de Salud cuenta con listados de productos, la ausencia de una hoja de ruta sobre la temporalidad de los procesos impide una planificación que asegure el abastecimiento real. A pesar que el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro, estructurado y con una hoja de ruta definida para su implementación. El país enfrenta una oportunidad decisiva: el reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo, sino convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.

Finalmente, un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente por encima de la burocracia. Debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales, permitiendo una transición efectiva de un modelo reactivo a uno preventivo. Es importante ir a un modelo que priorice la descentralización administrativa y agilite la gestión hospitalaria. Un acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y la asignación presupuestaria sostenible. Más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser ese punto de inflexión: el instrumento que transforme el acceso teórico en acceso real y que asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.

Este 21 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la invitación para los observadores nacionales e internacionales que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

La invitación se extenderá a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); a la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB); a la Organización de Estados Americanos (OEA); Parlamento Andino; Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR); Unión Europea; Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y al Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador; entre otros.

En el ámbito nacional, la observación se extenderá a los Consejos Nacionales para la Igualdad, universidades acreditadas y ecuatorianos residentes en el exterior que se registren mediante el formulario que será habilitado en www.cne.gob.ec.

El CNE reafirma su compromiso con la transparencia y exhorta a la ciudadanía y organizaciones interesadas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales, donde se publicará oportunamente la convocatoria con los plazos y requisitos correspondientes.