Con el propósito de crear espacios de diálogo entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados para fortalecer las relaciones y concretar acuerdos en beneficio de la ciudadanía, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con los alcaldes de la Zona 6 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME): Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua.

Para el Mandatario la voluntad del Gobierno es trabajar con los distintos niveles de gobierno a fin de atender las necesidades de la población de forma eficiente. Por ello, “estamos recorriendo todos los lugares del país, dando esperanza a la gente que creyó en nosotros y que escogió este camino: un gobierno joven, para el desarrollo social y económico y para eliminar la violencia y a los grupos narcoterroristas”, dijo.

Por su parte, el presidente de la AME, Patricio Maldonado indicó que “estos espacios le hacen bien al país y a los municipios”.

Además, Maldonado ratificó el respaldo de AME para trabajar con el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “No nos vamos a cansar de hacer todas las gestiones posibles para dar solución definitiva a nuestros problemas”, señaló.

En cambio, la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, manifestó que ahora los GAD podrán tramitar ordenanzas para gestionar proyectos de interés local.

Según, el alcalde de Baños, Marlon Guevara, el proyecto de Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, aseguró que garantizará que quienes viven del turismo obtengan alicientes económicos acordes a esta actividad productiva, al mismo tiempo, irá mejorando su oferta para los turistas locales y extranjeros.

La Asamblea Nacional posesionó a Merck Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura y la presidenta encargada, Viviana Veloz, le tomó juramento.

Merk Benavides fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 22 de febrero 2024 de la terna remitida por la Defensoría Pública.

La posesión del funcionario se cumplió de conformidad con el numeral 11 del artículo 120 de la Constitución y numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Para Merck Benavides la justicia constituye el núcleo fundamental del sistema democrático.

Además, Benavides destacó la importancia de la administración judicial como un componente central del sistema de derecho y justicia.

También, el vocal suplente del Consejo de la Judicatura, sostuvo que la administración de justicia debe estar al servicio de la sociedad, siendo accesible, eficiente y sobre todo, transparente.

Por lo que, insistió que el Consejo de la Judicatura debe proporcionar los recursos necesarios para que la justicia cumpla efectivamente su función en beneficio de la comunidad.

La Asamblea Nacional, con 102 votos a favor censuró a Juan José Morillo, ex vocal y censuró y destituyó del cargo a Fausto Murillo, hasta hoy vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 131 de la Constitución y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Una vez que se reinstaló la sesión 907, Viviana Veloz, presidenta encargada de la conducción de la sesión solicitó al secretario dé lectura la carta de renuncia irrevocable presentada por Elcy Celi, vocal suplente del Consejo de la Judicatura en representación de la Asamblea Nacional, dirigida a la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En la segunda jornada del juicio político, intervinieron cinco asambleístas y todos coincidieron en la censura y destitución de Juan José Morillo y Fausto Murillo.

La moción de censura la presentó el asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Vera Mora, en la que determinó la responsabilidad individual de Juan José Morillo, por tráfico de influencias, y Fausto Murillo, por las causales, incluida la arrogación de funciones; la falta de gestión para atender la homologación salarial de los servidores judiciales; la desatención a las demandas de las unidades judiciales del país y el retraso en la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo en Manabí.

Según, determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la censura y destitución conllevan la prohibición de ejercer cargo en el sector público durante dos años.

Además, la resolución dispone remitir el expediente del juicio político a la Fiscalía General del Estado, para que inicie la respectiva investigación penal en relación con las actuaciones de los referidos exfuncionarios, a la Contraloría General del Estado y demás instituciones que corresponda, en el ámbito de sus competencias.

Mientras tanto, serán notificados con la resolución de la Asamblea Nacional los funcionarios censurados y destituidos, una copia irá al Registro Oficial para su publicación.

Por lo que, la Asamblea Nacional tendrá que elaborar la terna y enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la designación del vocal en representación del legislativo en el Consejo de la Judicatura.

Finalmente, “hoy la Asamblea le abre la puerta a la recuperación de la Justicia en el Consejo de la Judicatura”, puntualizó la presidenta encargada, Viviana Veloz.