La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, plantea una serie de medidas recaudatorias para invertir en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e inteligencia estratégica. El proyecto de Ley fue votada por bloques y los legisladores no aprobaron las 2 disposiciones relativas al incremento del IVA.
Además, el proyecto de Ley establece una contribución que va del 5 al 25 % de las utilidades generadas durante el período fiscal 2023, los bancos y cooperativas de ahorro y crédito y una contribución temporal única del 3,25 % de las utilidades gravadas del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese período.
Así mismo, se modifica la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, para que el Presidente de la República, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos, modifique la tarifa del ISD que en ningún caso podrá superar el 5 %.
Por lo que, reforma la Ley de Régimen Tributario Interno para establecer que las transferencias locales de los materiales de construcción estarán gravadas con tarifa 5 % del IVA.
La sesión estaba prevista para las 09h30 pero está se instaló una hora más tarde, tras la lectura del informe de la comisión de Desarrollo Económico, se generó un amplio debate, 27 asambleístas intervinieron coincidiendo en la necesidad de recursos para fortalecer y equipar a la fuerza pública, el objetivo que su respuesta sea superior ante el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada. Respaldado la gestión del Ejecutivo que requiere el esfuerzo de todos para aportar de manera contundente y sostenida en el tiempo a esta lucha que supone no solo el combate de las Fuerzas Armadas a los grupos irregulares.
También, los parlamentarios advirtieron que hay otras medidas que el Gobierno debe implementar, acciones recaudatorias y de fortalecimiento económico relativas a la venta de bienes inmuebles estatales no utilizados, reestructuración de la deuda externa, un cobro eficaz de las deudas tributarias, mano dura contra la evasión de impuestos, revisión de los incentivos otorgados a los grandes contribuyentes y la focalización de los subsidios de manera planificada y ordenada para reducir el déficit fiscal y utilizar eficazmente los recursos públicos.
En cambio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela explicó que desde el 9 de enero 2024, desde que el Gobierno declaró el conflicto armado, han aprehendido a más de 5.900 personas, 237 están relacionadas con terrorismo; se han incautado 1.937 armas, más de 100 mil municiones y más de 9.800 explosivos que estaban en manos de los grupos de delincuencia organizada, los verdadero enemigo del pueblo ecuatoriano. El esfuerzo que realiza las Fuerzas Armadas es titánico y el equipo que emplean requiere mantenimiento correctivo y preventivo para que “la voluntad del pueblo prevalezca sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz”.
Mientras tanto, los exteriores de la Asamblea Nacional una cuadra a la redonda permaneció con mallas de metal, el paso peatonal impedido, fuertemente custodiado por la Policía Nacional, un diminuto grupo de simpatizantes del Gobierno pugnando por ingresar y grupos de trabajadores cuestionando el incremento del IVA del 12 al 15%, porqué esto repercutirá en el precios de todos los productos insistían sus dirigentes.
Finalmente, la propuesta del Gobierno de incrementar un punto porcentual a la tarifa del IVA de manera permanente y dos puntos temporalmente por tres años, causó mayor discusión entre los asambleístas, está medida podría contraer la golpeada economía del país, generar inflación y especulación en el mercado y del lado del Gobierno aseguraban que el incremento del IVA no afectará a la población más pobre porque los productos de la canasta básica no gravan este impuesto. La propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa de subir el IVA no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, quedando a discreción del Ejecutivo en la sanción respectiva.