Desde el Hospital General Delfina Torres de Concha, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 10 ambulancias que fortalecerán el servicio de atención prehospitalaria en seis coordinaciones zonales del país. Estas, son parte de las 186 ambulancias adquiridas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para reemplazar parte de este parque automotor, luego de 12 años.

Además, el Jefe de Estado dijo que es vital acabar con las mafias que en el pasado se tomaron el sector de la salud. Por ello, “desde el día uno estamos trabajando para devolverle la dignidad al sistema de salud y a todos los ecuatorianos”. La adquisición transparente y sin sobreprecios de este nuevo parque automotor de ambulancias, con una inversión de 26.4 millones de dólares, generando un ahorro del 16 %.

Así mismo, las nuevas ambulancias están equipadas con un ventilador mecánico, monitor desfibrilador, succionador, nebulizador, kit de atención de parto, atención neonatal y equipos/dispositivos para el control de signos vitales, manejo de trauma, resucitación cardiopulmonar, que suman un total de 33 componentes de equipamiento prehospitalario.

También, las ambulancias disponen de permiso de funcionamiento, seguro contra accidentes y la garantía de 100.000 kilómetros.

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada aseguró que las diez ambulancias serán para las coordinaciones zonales de: Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Quito, Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Dentro del proceso de fiscalización de la situación jurídica de las personas amnistiadas en el caso “Comandos de Taura”, la Comisión de Garantías Constitucionales, recibió a Alfredo González, asesor del asambleísta Lucio Gutiérrez, para que explique el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado, en favor de los ex comandos de Taura.

Según, González la Asamblea Constituyente del 2008, expidió el Decreto 35 que otorgó la amnistía para los ex comandos, figura jurídica que les devolvía todos los derechos a los 60 militares que estuvieron involucrados en el denominado “Taurazo”; las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), han incumplido el mandato, lo que les llevó a presentar una acción constitucional por incumplimiento de sus derechos en contra del Estado, que resultó en una sentencia a favor.

Además, González dijo que el incumplimiento del mandato constituyente habría dejado a los exmilitares y sus familias sin acceso a la seguridad social y salud militar, a las pensiones jubilares, entre otros.

También, a la sesión fueron invitados Juan Vega, ministro de Finanzas; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Alejandro Vela, director general del ISSFA, pero se excusaron y no asistieron.

Para la legisladora Jahaira Urresta, de forma fraudulenta se ha hecho caso omiso a las resoluciones de la Constituyente del 2008, entre ellas, conceder la amnistía a los ex comandos de Taura y la restitución de todos sus derechos.

Por lo que, la asambleísta sugirió realizar un llamado de atención a las autoridades que no asistieron, así como pedir información completa sobre el caso al ISSFA. “La Comisión de Garantías Constitucionales no permitirá más violaciones a los derechos”, puntualizó.

Mientras tanto, la legisladora Catalina Salazar expresó que no se puede permitir “una burla a la comisión y al debido proceso” y solicitaron que se convoque al Defensor del Pueblo para que informe qué acciones ha tomado por el incumplimiento de un mandato constitucional.

Finalmente, el asambleísta Adrián Castro quién conducía la sesión sostuvo que convocaran nuevamente a las autoridades, esto en atención a la solicitud de los ex comandos de Taura.