Desde el Hospital General Delfina Torres de Concha, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 10 ambulancias que fortalecerán el servicio de atención prehospitalaria en seis coordinaciones zonales del país. Estas, son parte de las 186 ambulancias adquiridas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para reemplazar parte de este parque automotor, luego de 12 años.

Además, el Jefe de Estado dijo que es vital acabar con las mafias que en el pasado se tomaron el sector de la salud. Por ello, “desde el día uno estamos trabajando para devolverle la dignidad al sistema de salud y a todos los ecuatorianos”. La adquisición transparente y sin sobreprecios de este nuevo parque automotor de ambulancias, con una inversión de 26.4 millones de dólares, generando un ahorro del 16 %.

Así mismo, las nuevas ambulancias están equipadas con un ventilador mecánico, monitor desfibrilador, succionador, nebulizador, kit de atención de parto, atención neonatal y equipos/dispositivos para el control de signos vitales, manejo de trauma, resucitación cardiopulmonar, que suman un total de 33 componentes de equipamiento prehospitalario.

También, las ambulancias disponen de permiso de funcionamiento, seguro contra accidentes y la garantía de 100.000 kilómetros.

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada aseguró que las diez ambulancias serán para las coordinaciones zonales de: Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Quito, Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Dentro del proceso de fiscalización de la situación jurídica de las personas amnistiadas en el caso “Comandos de Taura”, la Comisión de Garantías Constitucionales, recibió a Alfredo González, asesor del asambleísta Lucio Gutiérrez, para que explique el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado, en favor de los ex comandos de Taura.

Según, González la Asamblea Constituyente del 2008, expidió el Decreto 35 que otorgó la amnistía para los ex comandos, figura jurídica que les devolvía todos los derechos a los 60 militares que estuvieron involucrados en el denominado “Taurazo”; las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), han incumplido el mandato, lo que les llevó a presentar una acción constitucional por incumplimiento de sus derechos en contra del Estado, que resultó en una sentencia a favor.

Además, González dijo que el incumplimiento del mandato constituyente habría dejado a los exmilitares y sus familias sin acceso a la seguridad social y salud militar, a las pensiones jubilares, entre otros.

También, a la sesión fueron invitados Juan Vega, ministro de Finanzas; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Alejandro Vela, director general del ISSFA, pero se excusaron y no asistieron.

Para la legisladora Jahaira Urresta, de forma fraudulenta se ha hecho caso omiso a las resoluciones de la Constituyente del 2008, entre ellas, conceder la amnistía a los ex comandos de Taura y la restitución de todos sus derechos.

Por lo que, la asambleísta sugirió realizar un llamado de atención a las autoridades que no asistieron, así como pedir información completa sobre el caso al ISSFA. “La Comisión de Garantías Constitucionales no permitirá más violaciones a los derechos”, puntualizó.

Mientras tanto, la legisladora Catalina Salazar expresó que no se puede permitir “una burla a la comisión y al debido proceso” y solicitaron que se convoque al Defensor del Pueblo para que informe qué acciones ha tomado por el incumplimiento de un mandato constitucional.

Finalmente, el asambleísta Adrián Castro quién conducía la sesión sostuvo que convocaran nuevamente a las autoridades, esto en atención a la solicitud de los ex comandos de Taura.

Este martes 16 de abril 2024, EL Consejo Nacional Electoral realizó un conversatorio con los representantes de organizaciones políticas y sociales el procesamiento y difusión de resultados del Referéndum y Consulta Popular 2024.

Según, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el componente técnico y logístico está listo para la jornada democrática del domingo 21 de abril. Por lo que, una vez que se cierre las votaciones, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto tendrán que llenarán 11 actas de escrutinio, que serán escaneadas y procesadas en el sistema informático de escrutinios y resultados.

Además, Atamaint indicó que los primeros resultados se podría conocer de forma oficial a partir de las 19h00 y la tendencia desde las 22h00 o 22h30, por el número de actas que deben ser procesadas, esto lo hará un poco más lento el proceso de transmisión de datos y la ciudadanía podrá conocer los resultados a través de la página web http://www.cne.gob.ec, el aplicativo móvil CNE APP, Centro de Mando y Transmisión de Resultados.

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita la energía eléctrica es fundamental para garantizar el trabajo del CNE y el compromiso del Gobierno es que el domingo 21 de abril no haya apagones caso contrario echaría al traste todo el esfuerzo del CNE. “La pelota está en la cancha del Gobierno y las autoridades responsables”, precisó.

Así mismo, la presidente del Consejo Nacional Electoral, indicó que a través de un informe técnico y las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aprobaron suspender la votación en Israel (Tel Aviv) debido al conflicto bélico registrado en ese país, que impide garantizar la seguridad de los 298 ecuatorianos empadronados, como de los funcionarios de la Embajada.

Mientras tanto, que las votaciones en la Ciudad de México, que tiene 1.243 empadronados, ni en Monterrey, con 95 empadronados, tampoco se realizará al no existir el tiempo suficiente para ejecutar una transferencia de recursos económicos para contratar seguridad privada y asegurar el sufragio de los ecuatorianos en ese país.

La comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional debatió las observaciones al proyecto de Ley de Armas, Municiones Explosivos y Accesorios. Entre los temas más relevantes que afectan directamente a la regulación y el control en torno al uso y comercio de armas en el país.

Además, la comisión recibió a Danilo Sylva, superintendente de Competencia Económica, quien destacó la importancia de aplicar los preceptos y principios establecidos en la Ley en el ámbito de su competencia. En sus observaciones, como aspectos fundamentales señaló que la fabricación y exportación de armas, el fomento y desarrollo de la competencia en el mercado y la cantidad de armas permitidas para la importación, especialmente para personas naturales y deportistas pertenecientes a clubes de tiro.

Así mismo, analizaron el Acuerdo de Integración Subregional Andino en el programa de liberación de bienes, que tiene como objetivo eliminar gravámenes y restricciones que afecten la importación de productos originarios de los países miembros.

Según, la presidenta de la comisión de Seguridad, Inés Alarcón expresó la necesidad de abordar con claridad el tema de monopolio en proveedores de armas, municiones explosivos y accesorios, con el compromiso de democratizar los procesos y la invitación a expertos para la construcción de la Ley.

Para Evelyn Ganchozo de la Federación Ecuatoriana de Tiro Práctico, la importancia del deporte y las necesidades específicas de la Ley con respecto a los clubes de tiro, resaltando los logros de la federación y la problemática actual en cuanto a la importación de armas y municiones.

Mientras tanto, el legislador Otto Vera sostuvo que las observaciones para fortalecer las leyes y la necesidad de reformas en otros cuerpos legales, para el buen uso de las armas, haciendo énfasis en la problemática del uso ilegal de armas por parte de los delincuentes.

Finalmente, los asambleístas evidenciaron la importancia de un enfoque integral y colaborativo en la regulación de armas y la necesidad de ajustes y reformas para garantizar un uso responsable y seguro de las mismas en el país.

Técnicos especialistas del Ministerio del Ambiente presentaron en la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional las observaciones sobre aspectos puntuales del proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA).

Según, Lucía Morales, subsecretaria de Patrimonio Natural, señaló que el Código del Ambiente debe establecer que los servicios ambientales, tengan un fin de aprovechamiento de los procesos evolutivos de la naturaleza por parte de la población, fomentando la conservación de la biodiversidad.

“Es importante considerar que los servicios ambientales no se reducen a la captura de carbono, por lo que es necesario generar un espectro regulatorio amplio para todos ellos. El reglamento de este código, en su artículo 249, reconoce los servicios ambientales de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte”, expresó.

Para el subsecretario de Cambio Climático, Ángel Sandoval existe la necesidad de regulación de los mercados de carbono. “Su uso, aprovechamiento y los beneficios tributarios obtenidos por la reducción de emisiones deben ser regulados por el Estado”, dijo.

La comercialización de carbono es posible, las reformas al COA deben abordar previamente los procesos de cuantificación de gases de efecto invernadero, que emiten las empresas y su reducción hasta llegar a la neutralidad, o carbono cero, explicó.

Mientras tanto, la delegada de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Evelyn Mina aseguró que la cartera de Estado considera necesaria la creación de una nueva categoría que observe a este recurso como un sector estratégico y patrimonial del Ecuador, de tal forma que posibilite la inclusión de áreas hídricas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Finalmente, los asambleístas se comprometieron a realizar mesas de trabajo continuas con especialistas del Ministerio del Ambiente, el objetivo es identificar posibles falencias en el COA y contar con una solución técnica sobre las mismas, destaco el presidente de la comisión de Biodiversidad, Guido Vargas.