El objetivo de esta Ley es promover, proteger y regular la práctica del fútbol como profesión en el deporte ecuatoriano, asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de futbolistas y empleadores en el Ecuador.

La propuesta de Ley fue presentada por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, por la necesidad de realizar un mayor control a los equipos profesionales de fútbol en cuanto al cumplimiento de las normas laborales y luego de escuchar las demandas de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, quienes piden respuestas a las necesidades del sector. Contiene 40 artículos divididos en 4 capítulos que incluyen temas como la transparencia en la contratación; detalles del contrato; protección de los derechos laborales; aportaciones al IESS y beneficios de la Seguridad Social; protección de los derechos de los futbolistas; derechos y obligaciones.

Además, establece el ámbito de aplicación de la Ley, los principios rectores y los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales.

También, el proyecto de Ley determina las funciones y atribuciones de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, así como los derechos de sus miembros; deroga la Ley de Futbolista Profesional actual.

Para el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, Jhonny Terán el fútbol profesional es una pasión que une a millones de ecuatorianos, por lo que es fundamental que los jugadores y jugadoras tengan las condiciones necesarias para desarrollarse al máximo su potencial.

Presentamos esta iniciativa con el único objetivo de garantizar los derechos laborales de los deportistas, mejorar sus condiciones de trabajo y promover el desarrollo del fútbol en nuestro país, puntualizó Terán.

Establecer medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural, coadyuvar al cierre de brechas energéticas, para generar impactos positivos, proteger el ambiente y la calidad de vida, la salud de la población; garantizar la seguridad del abastecimiento de combustibles a través de un marco para la ejecución de proyectos de masificación y el establecimiento de condiciones para una mejor competitividad del gas natural, son los objetivos del proyecto presentado que por las asambleístas Alexandra Arce junto y Victoria Desintonio de la Revolución Ciudadana.

Según, la asambleísta Alexandra Arce la dependencia de una sola fuente de energía o de una única ruta de transporte puede suponer un peligro para el suministro, puede verse afectado por un simple imprevisto técnico o por conflictos político-económicos, dijo.

Además, Arce expresó que el Consejo Europeo ha ratificado que las inversiones en energía nuclear y gas natural sean consideradas verdes, esto significa que la inversión privada en gas tiene importancia en la transición ecológica, por lo que se ha propuesto que determinadas actividades relacionadas con el gas fósil se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar el cambio climático.

Así mismo, la legisladora indicó que el proyecto de reforma es para prevenir y de alguna manera evitar como el desagradable escenario de la crisis eléctrica en el Ecuador que en abril del 2024, los ecuatorianos tuvimos que soportar cortes de energía eléctrica masivos de hasta ocho horas consecutivas, como consecuencia de una larga sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico.

Por lo que, a criterio de la asambleísta Alexandra Arce es urgente contar con un parque termoeléctrico moderno y eficiente, por eso es necesario impulsar inversiones en este tipo de energía, tomando como prerrogativa el uso de combustibles limpios y amigables con el medio ambiente como es el caso del gas natural, que por su composición molecular emite 30 % menos de CO2 y 90 % menos de azufre que el Diesel o el Fuel Oil, explicó.

Las legisladoras en su proyecto de reforma plantean incentivar la sustitución voluntaria de hidrocarburos líquidos por gas natural en todos los sectores de la economía, contribuyendo con los objetivos de descarbonización del país, impulsar la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución de gas natural, así como gas natural comprimido y licuado, a fin de acelerar el desarrollo del mercado de gas natural logrando la transformación prioritaria de los sectores económicos del país.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa sigue recibiendo los aportes desde la ciudadanía respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta vez realizaron los delegados de Biciacción, la Unión de Sindicatos de Chóferes de Manabí, transporte Mixto, escuelas de conducción profesionales, FENACOTIP, entre otros.

Para Erika Ulloa, presidenta de la Fundación Biciacción, sostuvo que la Ley no solo se enfoca en la educación, sino en el control, aplicación y en la ejecución de la normativa.

Sin embargo, la lucha por la seguridad vial y la movilidad sostenible es desde hace 21 años, los avances en la implementación de la movilidad activa, la seguridad vial y sobre todo por los esfuerzos para crear ciudades centradas en las necesidades de la gente, es primordial, explicó.

Por su parte, Horacio Barberán, asesor de la Escuela de Conducción Profesional del Sindicato de Choferes Profesionales de Tarqui – Manabí, señaló que es importante que la Ley tenga un enfoque real y práctico para todos los entes puedan manejar de forma adecuada, se han violentado derechos sustanciales y esenciales para las escuelas de conducción profesional, el 80 % de los siniestros viales corresponden a choferes no profesionales, por eso tiene que haber igualdad en lo que respecta a las capacitaciones, dijo.

En cambio, Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de Ecuador (CTTE), insistió en que la transportación ecuatoriana es uno de los sectores más afectados con la crisis del país, por el incrementó del precio de los combustibles y el peso económico. Cuestionó drásticamente la responsabilidad de operar los radares que en su mayoría a través de convenios son administrados por los GAD municipales y la CTE.

Mientras tanto, que el gerente de FENACOTIP, Abel Gómez criticó la falta de respeto hacia la transportación, la Ley debe tener como objetivo claro el de educar a los ciudadanos, chóferes, empresarios y no favorecer negocios, a la vez que advirtió la falta de regulación tarifaría en el transporte.

Finalmente, Gómez se mostró preocupado por la falta de capacitación del personal en la Agencia Nacional de Tránsito y la falta de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas y el Gobierno.