Con 118 votos a favor la Asamblea Nacional, responsabilizó políticamente y censuró al ex ministro del Interior, Juan Zapata, por la inseguridad en el país, durante su gestión, lo cual derivó en la muerte de muchos ecuatorianos, incluidos alcaldes, concejales y el ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. La resolución del Parlamento le inhabilita para ejercer cargo público por dos años.

Para el interpelante Carlos Vera Mora los hechos que configuran el incumplimiento de funciones, la falta de ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior y la falta de acción del ex ministro del Interior, Juan Zapata, para garantizar la seguridad interna, lo cual se puede resumir en una nula ejecución presupuestaria del 34,9 % en el 2023.

Además, la inadecuada gestión del ex funcionario contribuyó al incremento de las muertes violentas en un 65,65 %, entre el 2022 y el 2023, con un total de 8.094 muertes violentas, entre asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos, la cifra más alta desde que existen registros administrativos, explicó.

Mientras tanto, las bandas cuentan con armamento de alto calibre, medios de movilización y toda una estrategia para atacar, la Policía no contaba con lo necesario, pese a que el ex ministro tenía recursos económicos, pero no ejecutó el presupuesto.

El ex ministro del Interior, Juan Zapata es políticamente responsable de las dolorosas pérdidas para las familias ecuatorianas, hechos que generaron miedo y zozobra dentro de la sociedad, situación agravada cuando personas que por su perfil de riesgo debían ser protegidas por el gobierno, fueron brutalmente asesinadas, como en el caso de Fernando Villavicencio, 103 policías fueron asesinados en el cumplimiento del deber, en el 2023.

Mientras tanto, en su defensa, el ex ministro Juan Zapata aseguró que es impensable y descabellado que el auge de la inseguridad se diera y crecido durante 13 meses que ejerció como Ministro del Interior, las cifras de incautación de droga, armas de grueso calibre, desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado, captura de objetivos de alto valor (cabecillas de bandas), así como la graduación masiva de nuevos elementos policiales para atender la demanda nacional, en materia de seguridad.

Finalmente, 11 legisladores intervinieron en el debate, quienes cuestionaron la administración de Juan Zapata como ministro del Interior, demostrando su indolencia frente al incremento de la criminalidad y falta de capacidad para invertir los recursos públicos y dotar de chalecos, armas, municiones, patrulleros y demás equipos, pertrechos e insumos para que la Policía Nacional cumpla con su deber de garantizar las seguridad interna y el orden público, por lo que la Asamblea Nacional debe sentar un precedente con la censura al ex funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, precisaron.

La Comisión Multipartidista, avoco conocimiento de los cinco proyectos de ley remitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa y decidió unificar los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la legisladora Lucía Posso, considera la unidad de materia es oportuno unificar los proyectos de Ley, relacionados con la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024.

Además, los asambleístas resolvieron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que a través de asesoría jurídica responda a la consulta sobre la procedibilidad y aplicación de la unificación de los proyectos de Ley, así como los plazos para la aprobación del informe de primer y segundo debate, incluyendo el plazo de socialización de las iniciativas.

Además, la moción presentada por la legisladora Catalina Salazar fue aprobada con cinco votos a favor.

Por lo que, una vez que la respuesta a la consulta la comisión procederá con la aprobación del cronograma de trabajo, hasta tanto la sesión fue suspendida.

Las cuatro propuestas legales de reforma al COIP se refieren al incremento de penas de los delitos; que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación social en determinados delitos; tipificación del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y el destino de las armas utilizadas en ilícitos.

Finalmente, la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio establece que para iniciar la investigación de extinción de dominio, no se necesita una declaración de sentencia penal condenatoria.