El presidente Daniel Noboa asistió al Encuentro sobre seguridad y construcción de una cultura de la legalidad, el objetivo ampliar el debate y la visión sobre acciones y estrategias de seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, basadas en evidencia y experiencias, a nivel nacional e internacional. El evento se realizó en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en las instalaciones del Club La Unión, en la ciudad de Quito. En el encuentro participaron líderes gubernamentales, expertos internacionales y altos representantes de organizaciones multilaterales, un esfuerzo coordinado para enfrentar la situación que aqueja al país y a la región, debido a la persistencia del crimen organizado.

Según, el presidente Noboa estos espacios permiten “discusiones de alto nivel, con reflexiones necesarias, con propuestas encaminadas a fortalecer la política pública y a la toma de decisiones en un campo tan necesario para nuestro país como es el de la seguridad”, dijo.

Además, el Primer Mandatario recordó que este flagelo toma fuerza a nivel regional, por lo que “para librar la lucha que llevamos adelante, necesitamos fortalecer espacios de cooperación interinstitucional y por supuesto de la cooperación internacional”, aseguró.

Para la ministra del Interior, Mónica Palencia sin unidad, “la supervivencia de nuestros Estados está en riesgo”, al enfrentarse a un crimen organizado y narcotráfico, fortalecidos, que compiten con las industrias más rentables del planeta. Por lo que “es un momento crucial no solo del Ecuador sino para la historia de Latinoamérica”.

De igual manera, Sergio Díaz, presidente ejecutivo de la CAF, expresó que América Latina y El Caribe concentran 400.000 hectáreas de toda la producción de coca a nivel mundial. “Somos un escenario de la empresa criminal transnacional y esa entidad criminal, sumada a la corrupción, socava la estructura democrática en nuestros países”. Por ello, esta lucha exige consensos y coordinación de todos los niveles. Bajo ese enfoque, durante este Encuentro sobre Seguridad se priorizó el intercambio de conocimientos y prácticas internacionales de los distintos niveles de gobierno.

Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa hizo un llamado a la unidad, sobre todo a los jóvenes, para alcanzar el objetivo más grande que tenemos: “Limpiar nuestras naciones, de las mafias y alcanzar el verdadero bienestar para todos los ciudadanos”, insistió.

Finalmente, el presidente Noboa anunció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manta. “Desde aquí se peleará esta guerra y este conflicto armado interno”, precisó.

El incremento de las penas hasta en el 319 %, las investigaciones financieras previo a la extinción de dominio, la eliminación de la confiscación, el hacinamiento en las cárceles, entre otros, son los temas que preocupa a los representantes de los gremios de profesionales del derecho, universidades y docentes, en relación al proyecto de Ley unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, de acuerdo a las cinco iniciativas remitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Según, Paúl Córdova, catedrático universitario la comisión Multipartidista dentro del tratamiento de las reformas al COIP debe considerar la dosimetría penal, que es la aplicación de principio de proporcionalidad de las penas en función del daño efectuado a la sociedad, así como los estándares convencionales y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al momento de definir el procedimiento establecido en la Ley de Extinción de Dominio.

En cambio, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña indicó que el incremento de las penas en ciertos delitos. Y consultó a los legisladores en qué basan el análisis o estudio criminológico se sustenta el incremento en el 319 % de la pena en el delito de financiación de terrorismo, constante en el artículo 367 del COIP.

Para César García del Colegio de Abogados del Guayas, la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que violaría el principio de inocencia, se debe respetar la supremacía de la Constitución y la voluntad popular, no solamente se deben subir las penas, sino fortalecer la política criminal y medios alternativos para solucionar los problemas. Planteó efectuar investigaciones financieras a la par de la investigación penal.

De su lado, Santiago Velásquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, señaló que la reforma al COIP, respecto a la entrega de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, para uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, se elimine la facultad de confiscación, porque contradice la Constitución. Respecto al incremento de las penas espera que haya el criterio técnico respetando el principio constitucional de proporcionalidad. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio planteó que la declaratoria sea efectuada mediante un proceso judicial autónomo.

Por lo que, el director ejecutivo de Posgrado y Educación Continua de la Universidad ECOTEC, Mario Cuvi es partidario que tiene que ser estrictamente a la Constitución y a los estándares de la sentencia de la Corte Constitucional en las reformas legales. El porte y tenencia de armas no debe afectar a la tenencia y uso civil.

Mientras tanto, el rector de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Jaime Alarcón aseguró que el aumento de las penas en los delitos no es el camino más adecuado para reducir la delincuencia, porque genera congestión de trámites en las unidades judiciales, hacinamiento en los centros de rehabilitación social y aumento del costo del sistema carcelario, que en la mayoría de los casos empeoran los problemas. Planteando medidas subsidiarias a la pena privativa de libertad, como el trabajo comunitario, en delitos leves.

Finalmente, Daniel Pontón, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, explicó la sociología del castigo, utilidad de la pena y sus fines. El Ecuador más allá del incremento de las penas requiere efectividad de la justicia, puntualizó.

El nuevo Coordinador Zonal 4 de Educación es Maximiliano Núñez Tomaselli, con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, experto en innovación, diseño de proyectos tecnológicos, sociales y educativos. Desde el 29 de mayo del 2024 asumió las funciones y estará al frente del sistema educativo de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, Núñez es Ingeniero en Negocios Internacionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; Project Manager del Regional Entrepreneurship Aceleration Program (REAP) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT; Máster en Innovación y Desarrollo de Proyectos por la Universitat de Valencia y Máster en Transformación digital en el TECH Universidad Tecnológica.

Así mismo, ha desempeñado funciones como director de Innovación y Competitividad del Gobierno Municipal de Portoviejo y coordinador del CETI (Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad), Coordinador del Clúster de Salud, director Ejecutivo de Fundación Edúcate, director de Proyectos de Nexos para la Competitividad y Sociedad y director de Operaciones de Hult Prize Ecuador.

En el ámbito académico ha apoyado como investigador en la Escuela de postgrados ESPAE, tutor del diplomado de Innovación Pública de la CAF y la ESPOL y asesor de innovación en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Finalmente, el coordinador centrará su trabajo en los territorios y de cerca con las comunidades educativas para garantizar el acceso y permanencia a la educación. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y corazón para que el sistema educativo de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se fortalezca y permita que nuestros niños, niñas y jóvenes sigan en el camino del éxito que le permita cumplir cada uno de sus sueños”, puntualizó.

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez y Néstor Toro, de la Contraloría General del Estado, para informar dentro de las denuncias de varias personas contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según, Ivonne Núñez, ministra del Trabajo las normativas que tutelan los derechos laborales, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Civil, en este último cuerpo legal se sustentó el contrato de servicios especializados de las personas que colaboraron en el censo nacional, que no contiene determinados beneficios, tampoco generaron dependencia. Por tanto, el registro de este tipo de contratos no es competencia del Ministerio de Trabajo.

Para Paola Cabezas, presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, la institución tiene la responsabilidad de los “abusos” al personal contratado en la modalidad de servicios especializados.

Sin embargo, la ministra Núñez sostuvo que envió a la Asamblea Nacional el informe del cual se desprenden varias conclusiones, respecto a la contratación del personal del censo del INEC. Hay que definir si existió un abuso o incumplimiento de lo pactado.

Por su parte, el delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro expresó que existen dos informes aprobados, un borrador, dos acciones en ejecución y tres planificadas. “Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”.

Así mismo, Toro dijo que los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional y sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción.

Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Fausto Iniguez, informó sobre la situación de las personas adultas privadas de la libertad la participación de 3.250 servidores policiales en los 35 centros de rehabilitación social y 10 centros de adolescentes infractores.

Finalmente, la asambleísta Patricia Núñez manifestó que esto fue analizada en la Comisión de Seguridad anterior, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, es necesario conocer los avances, respecto a la protección a las personas privadas de la libertad, alimentación, infraestructura y otras situaciones.