La Comisión de Educación,  recibió a Karín Jaramillo, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), quien presentó las observaciones conforme a las competencias municipales y al sistema de cultura de los gobiernos locales, respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Cultura.

Además, Jaramillo sostuvo que existe un abandono total en algunos cantones, ya que hay edificios patrimoniales donde se desconoce sus verdaderos dueños, por lo que sugirió trabajar desde una perspectiva fáctica de identificación, de titularidades del dominio, que se evalúen los presupuestos que se destinan para las edificaciones patrimoniales.

Según, Gorki Jibaja, del Banco de Desarrollo, en la entidad existe un 5 % de recursos de las utilidades anuales para el Fondo de Cultura y con la reforma aspira que llegue al 25 %. “El 5 % sigue siendo muy alto. Los recursos de utilidad sirven de contraparte para apoyar a los clientes y accionistas que tienen menores posibilidades de acceder a créditos, por lo que será necesario que el Banco presente un informe técnico de sostenibilidad y factibilidad sobre dicha asignación”, dijo.

La delegada del ministerio de Economía y Finanzas, Daysi Dávila explicó que el Estado financia con recursos fiscales, algunos casos, el 90 % de las instituciones que conforman el sistema de cultura. El incremento del 5 % al 25 % de las utilidades del Bando de Desarrollo para la cultura señaló que puede existir una afectación en los programas dirigidos a los GAD, no hay el sustento técnico de la subida al 25 %.

Mientras tanto, la asambleísta Cecila Baltazar, consultó si se puede crear una subcuenta para que el Ministerio de Cultura y las Casas de Cultura puedan distribuir recursos de manera adecuada para los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador.

Finalmente,la comisión inició el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria para la Transparencia del Acceso al Sistema de Educación.

La Comisión Ocasional, que preside el asambleísta Jaime Moreno, recibió nuevas informaciones en el marco del proceso de fiscalización respecto a la deficiencia y negligencia en la gestión administrativa, financiera y técnica en las unidades de salud del IESS. Los asambleístas consultaron la ejecución presupuestaria, agendamiento de citas médicas, falta de medicamentos, daños en los tomógrafos, cirugías rezagadas y otros aspectos, que son parte de los reclamos de la ciudadanía.

Para el gerente del Hospital IESS “José Carrasco Arteaga” de Cuenca, Fernando León se efectúan las gestiones para el abastecimiento y andamiaje de la administración pública, por ejemplo el levantamiento de procesos a través de ínfimas cuantías por un monto de 150 mil dólares, para dar solución a las necesidades urgentes.

Según, la directora administrativa del Hospital del Día Centro Quirúrgico Tarqui, de Guayaquil, Andrea Cantos  indicó que el problema de la torre de cirugía laparoscópica no funciona desde el año pasado, por falta de mantenimiento preventivo.

Katherine Moya, directora médica del Hospital del Día El Batán, de Quito, cuentan con el 85 % de insumos y dispositivos, el 81 % de medicamentos.

Además, Cantos dijo que se han realizado 1.471 cirugías ambulatorias, sin hospitalización.

Mientras tanto, el director del Hospital Babahoyo, Carlos Luiz explicó la situación de la casa de salud.

Finalmente, la exgerente del Hospital Regional Dr. José Carrasco Arteaga de Cuenca, Soraya Puertas, expresó las dificultades que tiene esta casa de salud, en varios aspectos, por la falta de atención desde los estamentos centrales. Y los representantes médicos Franklin Bravo y Cristian Bravo.

La Comisión Ocasional para el tratamiento de las reformas derivadas de la consulta popular, por unanimidad resolvió mantener el incremento de las penas previsto en el texto remitido en el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, con lo cual la normativa cumple el pronunciamiento del pueblo expresado en las urnas.

Según, el asambleísta Steven Ordóñez, indicó que el informe recoge la voluntad de los ecuatorianos expresado en las urnas.

Sin embargo, modifica el artículo 7 del proyecto, en lo que se refiere a las penas que se aplicarán en el caso del cometimiento de delitos relacionados con la minería ilegal, ya sea a nivel artesanal o a gran escala y su vinculación con actividades del crimen organizado, con penas privativas de libertad que van de entre 16 a 20 años, hasta 22 a 26 años, cuando a consecuencia de las mismas se generen graves afectaciones ambientales.

Además, en el segundo debate de la propuesta legal, los expertos en materia penal y la Fiscalía General del Estado, presentaron sus criterios y observaciones al texto del proyecto, indicando la necesidad de modular algunos de los tipos penales enviados por el Ejecutivo.

Mientras tanto, los temas más debatidos se centraron en las acciones del Estado contra la delincuencia; sanciones para la corrupción y delincuencia de cuello blanco; aplicación de los principios de proporcionalidad de las penas y de dosimetría penal; límites del dictamen de la Corte Constitucional; necesidad de combatir al crimen organizado; impulso de políticas públicas enfocadas en las causas de este fenómeno; plan integral para combatir la delincuencia y el incremento de delitos en una proporción del 200 %.

Finalmente, el texto definitivo aprobado por la comisión ocasional para el tratamiento de las reformas derivadas de la consulta popular regresará al Pleno de la Asamblea Nacional, para su votación.

Este 2 de julio del 2024, junto a los líderes y lideresas de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, las asambleístas del Movimiento Pachakutik y la CONAIE, presentaron un proyecto de Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Según, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, indicó que “la iniciativa contará con el respaldo del Parlamento, para el tratamiento adecuado y oportuno, que le garantice ser un gran aporte para el país”.

El proyecto de Ley de iniciativa de las asambleístas Mariana Yumbay, Luzmila Abad, Cecilia Baltazar, Fabiola Sanmartín y Carmen Tiupul, del movimiento Pachakutik y la CONAIE.

Para la asambleísta Mariana Yumbay “el derecho a la consulta previa, libre e informada está reconocido en la Constitución de la República y los instrumentos y Declaración de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sobre derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

Por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, sostuvo que los diferentes componentes de la Ley buscan garantizar la autodeterminación expresada por medio del consentimiento, para la construcción de un verdadero Estado Plurinacional, Intercultural y la plena vigencia de los derechos colectivos y de la naturaleza.

Además, el proyecto de Ley cuenta con 43 artículos, tres disposiciones reformatorias a la Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos, dos generales, cuatro transitorias, una derogatoria y una final, que regulan los procedimientos que el Estado debe garantizar para proteger la autodeterminación, en el marco de la plurinacionalidad e interculturalidad, los derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Así mismo, establece principios irrenunciables en la aplicación de la consulta previa, libre e informada, entre ellos el acceso a la información y máxima publicidad, con la finalidad de garantizar la recepción de información veraz y exacta en cada etapa de los procesos consultivos.

También, la obligatoriedad que las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades tengan participación plena, representativa y paritaria en la adopción de decisiones desde la planificación de la consulta, hasta la toma de la decisión final.

Mientras tanto, prohíbe la aplicación de la consulta previa, en las que se dictamina que no se podrá realizar ningún tipo de actividad extractiva en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, por lo tanto, se respetará su autodeterminación expresada en el principio de no contacto.

Finalmente, cada etapa de las seis deben ser respetadas en la consulta previa, libre e informada, siendo estas: la preparación; convocatoria; información hacia comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; realización de la consulta; análisis y entrega de resultados, toma de decisiones y acuerdos.

El Consejo Nacional Electoral, este lunes 1 de julio 2024, aprobó el informe técnico de reclamos administrativos al registro electoral, dando cumplimiento al calendario de las Elecciones Generales del 2025.

En total, admitieron 33 reclamos administrativos que cumplieron con los requisitos y documentos habilitantes, de los cuales, 31 corresponden a cambios de domicilio electoral y 2 a inscripción de extranjeros.

También, el CNE inadmitió 11 solicitudes, por no cumplir con los requisitos establecidos.

El Consejo Nacional Electoral dispuso la actualización del Registro Electoral para los comicios del 2025, con la información de los reclamos administrativos aprobados. 

La Asamblea Nacional cumpliendo con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el artículo 120 de la Constitución de la República, posesionó a Ricardo Wladimir Morales Vela, como Defensor Público, para un período de 6 años.

El presidente del Parlamento, Henry Kronfle realizó la toma del juramento a la nueva autoridad y la posesionó legal y constitucionalmente.

“Hoy inicia un reto enorme y lo asumiré con el orgullo y la honorabilidad que representa tener un cargo público. Trabajaré para transformar la administración de justicia hacia una independiente y honesta”, dijo el Defensor Público.

También, Morales llamó a fortalecer el trabajo en conjunto con todas las instituciones del Estado, para garantizar una administración de justicia con principios de accesibilidad y transparencia.

El CPCCS certificó que la nueva autoridad superó la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana y se encuentra habilitado, con el puntaje más alto, conforme a los resultados finales del concurso de méritos y oposición.