El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos a favor aprobó la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. El objetivo de la Ley es regular, registrar y controlar todas las actividades relacionadas a las armas, en sus diferentes tipos, con la finalidad de fortalecer el orden público y la seguridad del Estado.

Según, el asambleísta Xavier Jurado, de la comisión de Seguridad, indicó que “la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan al Ecuador requiere una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente 1 millón 200 mil armas ilegales de las calles”.

Además, Jurado dijo que “con esta Ley el Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación”.

Así mismo, establece requisitos para la obtención de permisos de uso y tenencia de armas de fuego, como: tener 25 años; contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avaladas por el Ministerio de Salud; certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa, no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros del núcleo familiar, entre otras.

En cambio, los legisladores Otto Vera y Sandra Rueda coincidieron que “esta Ley se debatió con las entidades, organismos y expertos en la materia, no busca armar a la población, sino regular con rigor el acceso a las armas, asegurando que solo las personas capacitadas puedan poseerlas”, puntualizaron.

Para la asambleísta Lucía Posso “el 84 % de los homicidios que se cometen actualmente en el país se realizan con armas de fuego, por lo que es crucial generar un contexto de control riguroso acorde a las nuevas dinámicas con las que opera el crimen organizado”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Proveedores de la Industria Minera, Gustavo Pico  expresó que la Ley permitirá evitar el desabastecimiento de explosivos para la ejecución de proyectos industriales de construcción.

Finalmente, las proyecciones del Banco Central, señala que la necesidad de estos explosivos en el país incrementará en un 500 % hasta el año 2030”, precisó.

Este 12 de agosto, el Consejo Nacional Electoral aprobó la acreditación de 15 personas como observadores nacionales para las Elecciones Generales 2025, registradas en la primera fase.

Con el objetivo de ampliar la presencia de observadores en el proceso democrático, el CNE abre un nuevo periodo de acreditación del 16 al 29 de agosto. Podrán participar personas naturales y jurídicas nacionales, así como extranjeras que hayan residido legalmente en el país de manera continua durante al menos cinco años. El trámite se podrá realizar en línea o presencialmente

Los interesados deben descargar el formulario disponible en http://www.cne.gob.ec, completarlo, adjuntar la documentación requerida y enviarlo digitalmente. También pueden presentar los documentos en la Secretaría General del CNE o en las Delegaciones Provinciales

Está semana el Pleno de la Asamblea Nacional tramitará en primer debate el proyecto de ley interpretativa del artículo 196 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en segundo debate, los proyectos de Ley Orgánica de Defensa Contra Incendios y de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Material Relacionado.

Así mismo, las comisiones desarrollarán sus actividades relacionadas con la producción de informes sobre proyectos de Ley, la socialización de iniciativas legales y la recepción de comparecencias, al igual que comisiones generales en las cuales autoridades, gremios, organizaciones sociales y la academia presentarán sus observaciones a las leyes, como expondrán los avances en la aplicación de políticas públicas en diversas materias.

El martes 13 de agosto 2024, a las 09h00 en la sesión 954 los legisladores conocerán la declaratoria del Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos, como primer paso para la Ley de Economía Naranja.

En Cambio, el proyecto de Ley de Defensa Contra Incendios, contiene 62 artículos, busca regular la organización, competencia, carrera profesional y régimen administrativo-disciplinario del personal de los Cuerpos de Bomberos, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución, la Comisión de Gobiernos Autónomos recomienda dar paso al segundo debate, ya que se enfoca en mejorar la capacidad técnica y operativa de los Cuerpos de bomberos del país, permitiendo que las instituciones puedan responder eficazmente a las emergencias como incendios estructurales, forestales, vehiculares, brindar atención prehospitalaria inmediata y realizar diversos rescates en inundaciones, deslaves y otros desastres.

Finalmente, el segundo debate del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral considera que la propuesta cumple con las disposiciones constitucionales y legales que habilitan su presentación ante el Pleno de la Asamblea como una reforma de Ley, que contiene disposiciones reformatorias a otros cuerpos legales en materia penal y cumplen con el mandato del soberano. El proyecto consta de 87 artículos; 11 Disposiciones Generales; 9 Disposiciones Transitorias; y, 2 Derogatorias.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de tres delegadas del Consejo Plurinacional por el Pueblo Afroecuatoriano. Dentro del proceso de construcción del informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Narcisa Quiñónez, Mercedes Zambrano y Ana Congo coincidieron que las reformas deben buscar la inclusión basada en el respeto y el reconocimiento del pueblo afrodescendiente ecuatoriano. Considerando que “la LOES debe plantearse el objetivo de implementar conocimientos interculturales y ancestrales como eje transversal en todas las carreras de formación profesional”.
 
Para Ana Congo “en el 2023, la UNESCO recomendó a los países de América Latina y el Caribe implementar, a través de sus instituciones de educación superior, cursos interculturales y antirracistas de carácter obligatorio para autoridades, docentes, investigadores y estudiantes, con la finalidad de asegurar la calidad educativa”, dijo.

En cambio, la comisión recibió el informe sobre el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo (PISA), por parte de la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Susana Araujo.

“La evaluación internacional PISA mide seis niveles de entre los 335 y los 1000 puntos, el más alto desde los 699 puntos en adelante”. “En el 2017, el Ecuador obtuvo 399 puntos en ciencias, 377 en matemáticas y 379 en lectura siendo un resultado favorable, de básico superior, por estar sobre el promedio en América Latina”.

Por lo que, la evaluación PISA 2025, los estudiantes serán evaluados en su capacidad de razonamientos científicos, lectura, habilidades para sintetizar información y entender mensajes complejos, matemáticas, habilidades cuantitativas y módulo innovador de aprendizaje en el mundo digital. Participarán 91 países y las pruebas serán adaptativas para estudiantes de alto y bajo rendimiento, explicó.

Finalmente, “Ecuador participa en este proceso evaluador con la finalidad de posibilitar que los responsables de la política pública educativa puedan, con base en los resultados, generar protocolos para que los estudiantes aprendan mejor, los docentes eduquen mejor y las instituciones funcionen mejor al relacionar el aprendizaje con el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes”, precisaron.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 76 votos a favor, resolvió archivar el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, por un presunto incumplimiento de funciones, los informes de posiciones enviados por los asambleístas César Umajinga, Lenin Barreto y Sofía Espín, integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Luego, que la comisión de Fiscalización no tuvo los votos para emitir un informe motivado para que recomiende el juicio político o el archivo de la causa, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció los informes de posiciones de los miembros de la comisión, las actas de votación y documentos referentes a la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la legisladora Jhajaira Urresta, de acuerdo al inciso tercero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Por lo que, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la moción del legislador César Umajinga que proponía el archivo del juicio político, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 83, inciso primero, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores y no haber un informe aprobado que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

Según, el asambleísta César Umajinga, el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, se constituye una revancha política y se fundamentaba en los argumentos presentados por México en contra de Ecuador, debido a la irrupción en su Embajada, en Quito, el pasado 5 de abril, acción que fue respaldada por la mayoría de los ecuatorianos, por lo cual la solicitud debería ser archivada, dijo.

Finalmente, los legisladores Barreto, Espín y Urresta justificaron la necesidad de continuar con el proceso del juicio político, la funcionaria no habría justificado su inocencia. El incumplimiento de funciones y debelaron que parientes de la ministra Sommerfeld se habrían beneficiado de la ruptura de relaciones diplomáticas con México, porque tienen acciones en empresas de aviación en rutas que reemplazaron los vuelos con destino a México. Insistieron que la imagen internacional del Ecuador quedó afectada por la gestión de Sommerfeld, quien no estaría capacitada para ejercer técnica y profesionalmente la Cancillería, puntualizaron.

Dentro el proceso de fiscalización sobre presuntas irregularidades en los aportes de campaña electoral del candidato y actual presidente de la República, Daniel Noboa, la comisión ocasional escuchó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en modalidad virtual desde Tel Aviv, (Israel).

Según, la Vicepresidenta de la República, su situación y violencia política que enfrenta es muy dura. Por Decreto Ejecutivo no cuenta con seguridad en un país en conflicto mientras asambleístas de la bancada del Gobierno y otras cuentan con seguridad hasta para realizar los mandados.

Además, Abad se refirió a varios aspectos de la coyuntura política nacional, como el papel de los jueces y actores políticos. Precisó que respeta el orden constitucional, pese a que le mantienen “secuestrada, censurada y atropellada sus derechos”, por el Presidente, el Gobierno y la Cancillería.

Así mismo, la Vicepresidenta de la República, Verónica Abad dijo que en relación a los aportes de campaña y recursos del Consejo Nacional Electoral, para el proceso electoral. “Nunca he hecho una propaganda en televisión, ni he tocado un solo dólar de ese fondo, nunca he tocado un dólar del dinero público, todo lo manejo el responsable económico del Presidente Noboa”.

Por lo que, Verónica Abad aseguró que teme por su vida y la de su familia, “lo que hoy vive el país no son las promesas de campaña como el incremento del IVA, la gasolina, entre otras. El Presidente no me alejo del Gobierno. “Yo fui la que se alejó, porque no es mi Gobierno, que me tiene alejada de mi país, familia. Me han negado el permiso de vacaciones solicité para regresar al Ecuador, en cambio, los ministros a los dos días si se van de vacaciones”, puntualizó.

Mientras tanto, las inquietudes los asambleístas coincidieron en relación al origen del dinero para la campaña electoral del binomio Noboa – Abad, así como la información del monto del dinero gastado, aportado y justificado. La Vicepresidenta de la República, insistió que desconoce y no puede responder por el señor Daniel Noboa, pero anunció que en los próximos días su acción será muy clara.

Finalmente, la Vicepresidenta de la República respondió las preguntas de los legisladores Blasco Luna, Mariana Yumbay, Geovanny Benítez y del presidente de la Comisión Ocasional, Jaime Moreno.

Con 94 votos a Favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización realizado en la provincia de Santa Elena, enfocado en la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas, en particular de la Comuna Olón. El informe destacó la necesidad de implementar medidas efectivas para salvaguardar los recursos naturales y proteger los derechos ancestrales de las comunidades locales.

Además, el informe identificó un alarmante incremento en la deforestación ilegal y la pérdida de hábitats naturales, afectando gravemente a las especies endémicas y ecosistemas críticos.

También, reportaron casos de contaminación de recursos hídricos, invasiones de terrenos y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades.

Así mismo, el informe sugiere iniciar el juicio político contra los ministros del Ambiente, Sade Fritschi, Defensa, Gian Carlo Loffredo, Turismo, Niels Olsen y del Interior, Mónica Palencia. La causal contra los ministros se fundamentaría en el incumplimiento de sus funciones, la atención incompleta a las solicitudes de información en el proceso de fiscalización e investigación relacionadas con la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas en la provincia de Santa Elena.

Según, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio las irregularidades y abusos de poder relacionados con el desarrollo del proyecto inmobiliario ECHO OLÓN, vinculado a la esposa del Presidente de la República. «Este hecho no solo carece de ética, sino que socava la transparencia y seriedad institucional que tanto se necesita recuperar en este país», por lo que llamó a las autoridades a tomar acciones concretas y responsables, expresó.

Para la asambleísta por Santa Elena, Arisdely Parrales las irregularidades e ilegalidades cometidas por la empresa VINAZIN S.A. evidencian la negligencia del Presidente de la República, Daniel Noboa y “sus maniobras para utilizar el poder en beneficio de su círculo cercano”, dijo.

Mientras tanto, el legislador Héctor Valladarez rechazo la no comparecencia de los ministros de Estado convocados a las comisiones para rendir cuentas a los ecuatorianos y en especial a los ciudadanos de la Comuna Olón.

Finalmente, Valladarez denunció que mediante el uso de influencias se han apropiado de los terrenos comunales a precios irrisorios, perjudicando a las comunidades locales y sus derechos sobre la tierra. “Este accionar refleja un desprecio hacia las normativas y los derechos de las comunas”, puntualizó.

El Pleno de la Asamblea, con 103 votos a favor aprobó la moción del asambleísta Camilo Salinas, para negar la autorización del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la asambleísta Ana Galarza de la bancada Construye, por querella penal presentada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, los votos correspondieron a las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye, PSC e independientes y la bancada de gobierno ADN, votó en contra.

La resolución de la Asamblea Nacional se fundamentó en el artículo 111, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece. “Para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta se requerirá la autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces. Si la autorización para el enjuiciamiento no se conteste en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante los períodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Dicha autorización será debatida y requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno para su aprobación”.

El abandono de los adultos mayores por parte del Estado, la sociedad y las familias fue una de las preocupaciones de los legisladores, en el primer debate de la reforma a la Ley de los Adultos Mayores, que busca garantizar una adecuada asistencia económica y psicológica, fomentar actividades recreativas, disminuir su dependencia económica y protección contra todo tipo de violencia.