La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.