La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, recibió a los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, proponentes del juicio político y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que presenten los argumentos de cargo y de descargo, sobre el presunto incumplimiento de funciones de la Secretaría de Estado, por la incursión armada en la Embajada de México y la falta de acciones para contrarrestar la violencia, entre otras causales.

Según, el asambleísta Leonardo Berrezueta la incursión en la Embajada de México es irrespetó la Constitución de la República y los convenios internacionales, lo que constituye un acto vergonzoso para el país, que hoy afronta un proceso ante el Tribunal Penal Internacional, por la flagrante violación del derecho internacional.

“Todas las pruebas aportadas al proceso demuestran el incumplimiento de funciones, no solo por lo ocurrido en la Embajada mexicana, sino en la falta de certezas sobre el Plan Fénix”, aseguró el legislador al referirse al contenido que fue declarado secreto.

Por su parte, la legisladora Paola Cabezas insistió en que existe incumplimiento de funciones de la ministra Palencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad, las cifras dadas por la funcionaria son mentirosas, puesto que los casos de homicidios crecen diariamente y en tal virtud, las imágenes que presenta el Ministerio no son sino actos para el TikTok y las redes sociales.

Por lo que, presentó varios videos para sustentar el crecimiento de la violencia, sobre todo en la provincia del Guayas. A pesar de contar con recursos tanto legales, como económicos, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “este juicio tiene que llegar al Pleno de la Asamblea, para que se determine la culpabilidad, censura y destitución de la ministra Palencia”, dijo Cabezas.

Finalmente, la ministra del Interior, Mónica Palencia indicó que todas las acciones del Gobierno están amparadas en la Constitución y la Ley, así como en los instrumentos internacionales, al defender el operativo efectuado para la captura de Jorge Glas, sentenciado por delitos comunes, quien no tenía la condición de perseguido político, acto que ha sido calificado por expertos internacionales como legal, legítimo y no arbitrario. Durante su gestión se ha bajado el índice de homicidios intencionales, entre otros delitos, como lo indicaron fehacientemente los testigos que intervinieron en la comisión. No se ha probado ninguno de los supuestos incumplimientos señalados en las causales del juicio político, precisó.