La comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; la subsecretaria de Gestión de Riesgos, Andrea Hermenegildo y al delegado de la Defensoría del Pueblo, Manuel Solano, para explicar la situación de la provincia de Chimborazo y las acciones emprendidas para la atención de la emergencia que afronta este sector.

Según, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque aseguró que la red vial estatal de Chimborazo, como en el caso de la E35, está en buen estado, si bien se mantienen algunos tramos con algunas deficiencias que se están corrigiendo, con lo cual las vías se encuentran habilitadas en un 70 %.

Además, Luque indicó que prioridad atender las vías arteriales que sufren problemas, como la ruta Babanera-Pallatanga-Cumandá-Bucay-Guayaquil, al indicar que el plan de mantenimiento vial para Chimborazo supera los 800 mil dólares.

En cambio, la representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos dijo que las áreas de trabajo no solo están en la atención humanitaria, los temas relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad o los mapas de riesgos que presentan las zonas afectas.

Por lo que, se han invertido 255 mil dólares para levantar una proyección de geofísica y geológica en Alausí, cerca de 100 mil dólares en atención humanitaria a las familias afectadas en Cumandá, Penipe y Alausí. Se ha hecho un trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión Económica y Social; de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó.

Para, Manuel Solano de la Defensoría del Pueblo, desde el momento que ocurrieron las tragedias en los cantones iniciamos una investigación defensorial y se solicitó a las autoridades locales que informen sobre las acciones de mitigación y atención a los afectados. Hemos avanzado en este estudio y en los próximos días tendremos los resultados del mismo, expresó.  

Mientras tanto, el alcalde de Penipe, Darwin Freire presentó los hechos ocurridos en este cantón, las decisiones que adoptó el gobierno autónomo y las acciones tomadas para mitigar los daños causados por esta emergencia. El gobierno municipal actuó con apego a la Ley, para mantener los servicios públicos y activar la ayuda humanitaria para las familias damnificadas, con el apoyo de autoridades provinciales y nacionales, buscando generar soluciones de manera conjunta.

También, la comisión escuchó a Nicolás Endara, de la Asociación de Productores de Ciclo Corto (maíz, soya), pidió que el Ministerio de Agricultura explique la situación de estos productos; que haga un inventario de estos cultivos, para planificar la entrega de licencias de importación que se requieran.

Finalmente, Francis Abad del sector lechero, sostuvo que luego haber obtenido una Ley tan anhelada, lamentablemente, el Reglamento desnaturalizó el objetivo de la norma, lo cual afectó a los intereses de los productores, sobre todo en respecto de la fijación del precio de sustentación del producto. Planteó una Ley Interpretativa del artículo 24 de esta normativa, para aclarar su alcance.