En la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, dio su testimonio respecto de la denuncia pública realizada sobre presuntas presiones y amenazas, que habría recibido por parte de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en el contexto de la acción de protección que interpuso la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño lamentó la ausencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien inicialmente confirmó su participación y hoy a primeras horas de la mañana envió carta de excusa, señalando que comparecer a la Asamblea en un proceso en curso contravendría la norma, explicando que Nubia Vera es la jueza que el 23 de diciembre falló a favor de la vicepresidenta Abad y revocó la suspensión de 150 días sin remuneración.

Por su parte, la jueza Nubia Vera, expresó de manera cronológica los hechos sobre las supuestas presiones y amenazas denunció que ha sido intimidada por autoridades del Consejo de la Judicatura para fallar en contra de Verónica Abad.

Además, Vera aseguró que fue amedrantada con sumarios administrativos, advirtiendo sobre su situación laborar si falla a favor de Abad; destitución de su cargo; acabar con su vida; que les iban a comprar las entradas para su obra de teatro; con la presentación de un chat supuestamente del Presidente de la República que estaría atrás del tema y el fallo dependería el desembolso del FMI.

Así mismo, la jueza manifestó que le entregaron un pendrive con «insumos para resolver sobre la acción de protección».

Por lo que, Nubia Vera dijo que se negó y que actuará en derecho.

También, la jueza sostuvo estar temerosa de su seguridad e integridad, pues le amenazaron con terminar su carrera y con su vida, de no cumplir con el pedido.

«Mario Godoy, presidente de la Judicatura y Jorge Carrillo se acercaron a mi despacho incluso ofrecieron comprar 500 entradas para la presentación de mi obra, como forma de presión para fallar en contra de Verónica Abad; al ser esto un delito yo me negué a aceptar», puntualizó la funcionaria judicial.

Mientras tanto, “el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; el director provincial, Henry Gaibor y el asesor del presidente de la Judicatura, Jorge Carrillo, me amenazaron que me van a destituir si es que yo fallo contrario”, insistió.

Finalmente, los legisladores consultaron sobre la materialización del contenido del pendrive, precisiones de las amenazas y sumarios administrativos. La jueza respondió que de todos los sumarios administrativos que ha tenido nunca ha sido sancionada. La legisladora Lucía Posso pidió se considere todas las garantías necesarias a la jueza para que pueda defenderse, quien desenmascaró actos bochornosos de corrupción.

Este jueves 26 de diciembre 2024, la Asamblea Nacional en la sesión 999 aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que responde a un cambio estructural en la población ecuatoriana y exige un enfoque renovado para garantizar un envejecimiento activo, digno y saludable.

Según, Saúl Chalco de la Asociación de jubilados y pensionistas del Azuay la importancia de esta Ley para este grupo que crece y representa el 8 % de la población del Ecuador, es “un paso importante e histórico”.

Además, Chalco indicó que se requiere reformas para el progreso de los adultos mayores en la sociedad, así como contar con cuidadores especializados en los centros geriátricos.

Por su parte, Karen Santamaría delegada del Ministerio de Inclusión Económico y Social, resaltó la actualización de esta Ley que, “representa un compromiso ético y de responsabilidad social”.

Así mismo, Santamaría sostuvo que es un reconocimiento a los cuidadores que recae en especial las mujeres, refuerza la corresponsabilidad con el Estado y las familias, el fortalecimiento de los centros gerontológicos, establece mecanismos de supervisión y monitoreo para la atención de las personas adultas mayores.

En cambio, la asambleísta Catalina Salazar, señaló que el proyecto de Ley no genera presupuesto y se asignarán recursos ya determinados, será de manera progresiva en un futuro. El proyecto de Ley reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de las personas adultas mayores, garantiza la atención de salud eficiente y oportuna.

Mientras tanto, la legisladora Paola Cabezas aseguró se debe trabajar en la recolección de información para la elaboración del informe, la articulación de las instituciones y el rol de cada una para la construcción de las políticas públicas.

Finalmente, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores cuenta con 114 artículos, 1 disposición general, 4 disposición transitorias, 2 disposiciones reformatorias y una final, el mismo que será enviado al ejecutivo para su sanción constitucional.