La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aprobó el informe de investigación a las actuaciones de funcionarios del Estado frente a las denuncias públicas sobre la presunta mala calidad, indebida prestación y cobros excesivos de los servicios de telefonía e internet móvil y generadores eléctricos a nivel nacional.

Además, la comisión identificó problemas como la falta de respuesta institucional, siendo esta “insuficiente y tardía”. Las “medidas como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios fueron inútiles en un contexto donde la conectividad era inexistente debido a la falta de energía eléctrica”.

También, el documento detalla que, durante el período de crisis, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias relacionadas con la mala calidad del servicio y los cobros indebidos.

Sin embargo, no se observó una coordinación efectiva entre esta y las entidades reguladoras para resolver los problemas de manera rápida y efectiva.

Así mismo, otro aspecto crítico fue la limitada fiscalización por parte de las entidades reguladoras. “Aunque ARCOTEL aplicó sanciones a algunas operadoras, estas carecieron de impacto significativo y no motivaron mejoras sustanciales en la prestación del servicio”, lo que implica una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en la gestión del problema.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre dijo que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en situaciones de emergencia, los dejó desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”. El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea considerado el Pleno.