El viceministro de Gobernanza de la Salud, Carlos Palomino junto a su equipo de trabajo, respondió sobre las acciones implementadas para combatir y prevenir la malnutrición en los niños, niñas y adolescentes, cómo se está garantizando una alimentación saludable y adecuada, en el marco de la evaluación de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que el Grupo Parlamentario Ecuador Sin Hambre lleva adelante.

Según, la presidenta del Grupo, Margarita Arotingo, la importancia de conocer las acciones ejecutadas al igual los datos desagregados por edad, sexo, situación socioeconómica, entre otros factores, en la elaboración de los menús que reciben los niños de acuerdo a las cifras del INEC la malnutrición crónica infantil alcanzó el 17.5 % a nivel nacional en el 2023.

Además, las políticas, proyectos y programas impulsados desde el año 2020 para prevenir y erradicar la malnutrición en el país, el funcionario presentó 4 proyectos: uno de ellos, la estrategia nacional “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, cuyo principal objetivo es prevenir la desnutrición crónica infantil y reducirla en niños y niñas menores de 24 meses de edad, a través de la implementación de un paquete priorizado de bienes y servicios, dijo.

El MSP, en el 2024 destinó 77 millones de dólares para este programa dirigido a la adquisición de vacunas, mantenimiento de infraestructura, equipamiento sanitario y la contratación 1 mil 790 médicos u obstetras y enfermeras; suplementos nutricionales y material educacional (caja de herramienta de los 1 mil días, kit de lactancia materna, libreta integral de salud), programa que se ha implementado en 710 parroquias priorizadas con alta desnutrición crónica infantil, en las provincias de Santa Elena, Chimborazo, Imbabura y Bolívar, indicó.

En cambio, otro de los programas, es el Reglamento para el control del funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación. Su objetivo es establecer los requisitos para el funcionamiento de los bares escolares, su administración y control. Se concretaron visitas a más de 4 mil establecimientos educativos y 120 capacitaciones a diferentes actores de Esmeraldas, Guayas y Loja.

También, cuenta con el manual de control del estado nutricional del yodo y desórdenes por deficiencia y tiene como objetivo establecer los procedimientos para el control en gestantes y escolares mediante la vigilancia de la yodación de la sal para consumo humano. Hicieron 120 muestras aleatorias de consumos en hogares para ver las cantidades de yodo que tienen las sales.

Mientras tanto, Inés Mogrovejo, coordinadora de Asesoría Jurídica; Samuel Reyes, director nacional de Alimentación Saludable y Nutrición, encargado y Carla Guerra, asesora ministerial, compartieron criterios.

Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario solicitó se delegue tres autoridades del Ministerio de Salud para el acompañamiento y participación en la elaboración del informe respectivo.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 282 del Código de la Democracia, que prohíbe la difusión de resultados de encuestas sobre pronósticos electorales en los 10 días anteriores a los comicios, el Consejo Nacional Electoral informó a la ciudadanía, que los resultados de encuestas o pronósticos electorales de las Elecciones Generales 2025, se podrán publicar hasta las 23h59 de este jueves 30 de enero del 2025.

No acatar esta disposición constituiría una infracción, que se sanciona con la suspensión de la publicidad, multas que van desde veinticinco hasta doscientos cincuenta y cinco salarios básicos unificados y la suspensión del medio de comunicación hasta por seis meses, si reincidiere.

El CNE organiza procesos electorales altamente técnicos, equitativos, inclusivos, transparentes y con certeza jurídica.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, conoció el proyecto de Ley Interpretativa al artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa, el 23 de octubre del 2024.

Además, la propuesta busca que los docentes que, a la fecha de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 115, del 28 de julio del 2022, puedan acogerse al proceso de homologación salarial, aun cuando su título, de tercero o cuarto nivel, no sea el de licenciado en el ámbito educativo.

Así mismo, la homologación salarial afectaría a 11.337 educadores en el Ecuador. 

Mientras tanto, el proyecto de Ley cuenta con una disposición transitoria, mediante la cual se plantea que para el proceso de equiparación salarial la Función Ejecutiva deberá proceder en el plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la Ley.

Finalmente, el presidente encargado de la comisión de Educación, Mauricio Zambrano indicó que convocará a diferentes actores del Estado y sociedad civil, docentes entre otros, para iniciar su análisis.

El Consejo Nacional Electoral, informó del avance del armado y distribución de los paquetes electorales para las elecciones generales del 2025, desde las instalaciones de la empresa integradora Montgar, en Pifo.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que los paquetes electorales ya se distribuyeron hacia 13 provincias del país entre ellas: Galápagos, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Santa Elena, Guayas, El Oro, Azuay y Cañar. “De esta forma es como reafirmamos nuestro compromiso de garantizar las elecciones libres y justas, porque el futuro del Ecuador está en las manos de todo”, expresó.

Además, se dio a conocer el avance de la producción del material electoral:

La comisión de Participación Ciudadana recibió a varios expertos en temas de emprendimiento de mujeres, para que expongan sus observaciones al proyecto de Ley, calificado como económico urgente por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Para Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos (IEEL), señaló que existen proyectos de Ley aprobados por la Asamblea Nacional, que están relacionados con el proyecto de Ley presentado por el Presidente de la República, como la Ley de Emprendimiento e Innovación aprobada en el 2020, la Ley de Economía Violeta, existe similitud con la iniciativa planteada, con la única diferencia que es la especialidad.

Además, Rivas resaltó la importancia de conocer el número de emprendedoras registradas en el Ecuador, hay que especificar la inversión que recibirán para impulsar la economía.

Así mismo, se debe regular estos sectores para que accedan a créditos con tasas de interés preferenciales explicó Libia Rivas.

En cambio, Andrea Obando, abogada y activista en derechos humanos, consideró que “es crucial que las políticas públicas incluyan medidas específicas para la formalización de los emprendimientos informales, con el apoyo necesario que contribuya al empoderamiento económico”, sostuvo.

Mientras tanto, 400 mujeres emprendedoras y el 70 % no se encuentran formalizadas, ni registradas; por lo que, sugirió formalizar los emprendimientos, para que puedan beneficiarse de este proyecto.

Finalmente, para beneficiar a las mujeres emprendedoras, la comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional continuará con las comparecencias para la construcción del informe que será presentado al Pleno del Legislativo.

La comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, avanzó en la elaboración del informe para el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, con la participación de autoridades gubernamentales y docentes amazónicos.

Según, el presidente de la comisión, Guido Vargas, el objetivo de estas comparecencias permitió abordar la estabilidad laboral de los docentes amazónicos, quienes han enfrentado dificultades para obtener un nombramiento fijo. Propuso incluir disposiciones en la normativa para que los docentes con más de cinco años de experiencia accedan a la estabilidad laboral.

Para Lilibeth Romo, docente amazónica con más de 6 años, contó desde su experiencia como algunos compañeros amazónicos han sido afectados porque llegan docentes de otras provincias con nombramientos y son removimos de sus cargos sin la posibilidad de ser reubicados.

En cambio, Xavier Coloma, solicitó poder continuar con sus labores y que los concursos sean para los amazónicos y no como en el último concurso, que han sido de las regiones de la Sierra o Costa.

También, Coloma destacó la importancia de contar con estabilidad laboral para los docentes amazónicos.

Mientras tanto, Narcisa Sigcha, explicó el problema que viven los docentes que trabajan en el campo y las dificultades de acceso vial y a pesar de ello continúan su labor por el cariño a su profesión, aunque tienen 18 años de experiencia no cuenta con estabilidad laboral, continúa con contratos ocasionales.

Por su parte, Jorge Villarroel, delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que, estas propuestas reforman la normativa vigente y no reforma el presupuesto de los GAD, por lo que no tienen observaciones, de tener un impacto fiscal se emitirá un informe presupuestario.

Finalmente, la delegada del Ministerio de Trabajo, María Gabriela Pico, realizó observaciones a varios artículos de la Ley de Juventudes para que sean acogidas y poder realizar políticas públicas desde esta cartera de Estado en referencia al empleo.

La comisión del Derecho al Trabajo aprobó, con 9 votos a favor, el informe no vinculante sobre el estado de trámite de los proyectos de ley relacionados con los sistemas de seguridad social ISSPOL e ISSFA, así como las acciones realizadas para cumplir con la sentencia 3-16-IN-21.

El informe en respuesta a la solicitud de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, tras un auto de seguimiento emitido por la Corte Constitucional sobre el trámite de los proyectos de Ley señalados. La Corte, en su sentencia, había establecido un plazo de un año para el trámite de los proyectos,

Sin embargo, el plazo fue interrumpido por la situación de la muerte cruzada y por los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pese a estas interrupciones, la Corte solicitó, mediante un auto de seguimiento, revisar los avances en el trámite de los proyectos.

Además, uno de los puntos destacados fue que la información disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional solo incluía los informes de la Unidad Técnica Legislativa, sin reflejar los avances realizados por la comisión. Esta falta de actualización generó la percepción de una posible negligencia por parte de la comisión, lo que motivó a la Corte a solicitar una audiencia para que la comisión presente los justificativos correspondientes.

Así mismo, el informe aprobado detalla las sesiones realizadas, las comisiones generales y los pedidos de información, especialmente los informes actuariales solicitados a las dos instituciones involucradas en los proyectos de Ley.

Finalmente, el no haber brindado las facilidades necesarias para que los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comparezcan ante la comisión, situación que ha sido registrada en las actas y observada por los asambleístas Luzmila Abad y Jaime Guevara. Esta situación ha sido documentada y será enviada a la Corte Constitucional.

La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, tomó el juramento y posesionó al economista Roberto José Romero Von Buchwald como superintendente de Bancos, de conformidad con la designación efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 4 de diciembre del 2024.

Según, el CPCCS, Roberto José Romero Von Buchwald cumplió con los criterios de especialidad y méritos, por su formación académica como Economista, de la misma forma su formación de cuarto nivel como Máster en Dirección Comercial y Marketing; Máster en Administración de Empresas y Diplomado Internacional en Gobernanza y Liderazgo Cooperativo, complementó sus méritos, experiencia en el ámbito profesional como autoridad y representante de varios directorios de entidades financieras y no financieras en el sector privado.

Dentro del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, la comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional recibió a Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Mónica Luzárraga, experta en Derechos Humanos y Lorena Jalón Garcés, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo.

Según, Billy Navarrete la seguridad ciudadana y las violaciones a los derechos humanos son algunas de las principales preocupaciones que su organización ha documentado, especialmente en la provincia del Guayas. Las desapariciones forzadas cometidas tanto por agentes de la fuerza pública como por civiles, bajo la tolerancia de las autoridades.

Además, respecto a los niños de Las Malvinas relató que, el 8 de diciembre del 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana los detuvo arbitrariamente a los niños, sin justificación legal y los trasladó fuera de su jurisdicción, dejándolos en la carretera de Taura en condiciones deplorables. “Estos chicos fueron detenidos ilegalmente y finalmente, encontrados muertos tras ser sometidos a torturas”. Este caso no debe ser considerado un hecho aislado, sino parte de un fenómeno creciente de desapariciones forzadas en el Ecuador, agudizado por la militarización de la seguridad en varias zonas del país, dijo.

En cambio, Mónica Luzárraga sostuvo que el inadecuado procedimiento legal en este caso de detención de menores de edad. Los derechos de los niños no fueron respetados en el proceso y la detención fue ilegal y arbitraria. No fueron observados por los agentes del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Finalmente, Lorena Jalón presentó una cronología de los hechos y destacó que la Defensoría recibió una alerta sobre la desaparición entre el 14 y 15 de diciembre, la denuncia no fue clasificada como desaparición forzada, sino como secuestro, lo que impidió una respuesta más eficaz por parte de las autoridades. Las estadísticas de desapariciones a nivel nacional en el 2023 se registraron 3 680 alertas, el 80 % aún no se han resuelto. El 2024 las alertas ascendieron a 3 426, y en enero del 2025 ya se han registrado 250 casos. Las provincias con mayor número de desapariciones forzadas son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, puntualizó.