El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial al Artículo 5 de la Constitución de la República, propuesto por el Presidente de la República, con el propósito de eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Según, la asambleísta Gissela Garzón, la reforma planteada no es un tema menor, puesto que está relacionado con la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado y tiene distintas dimensiones, razón por la cual, en caso de ser aprobada, requiere de cambios en algunas leyes vigentes.

Por lo que, para Garzón hay que revisar el numeral 3 del artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a la persona que participe de actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado; permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares.

También, las conclusiones que constan dentro del informe son producto del análisis y sugerencias de los expertos que fueron escuchados por la comisión, desde diversos puntos de vista. De ahí que se desprende la soberanía sus fundamentos tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los mismos para combatir eficazmente problemas transnacionales como la inseguridad.

Mientras tanto, en el debate los asambleístas Fernando Jaramillo; Adriana García; Shirley Plaza y Andrés Briones, abordaron aspectos como la importancia de tramitar esta reforma que permite la asistencia internacional de fuerzas militares, a través de acuerdos sin que se comprometa la soberanía nacional; la necesidad de recuperar la seguridad pública frente a la delincuencia organizada; la posibilidad de que esos acuerdos estén sujetos a la ratificación de la Asamblea, para garantizar la transparencia de los mismos y la exigencia de un plan de combate al crimen organizado desde el Gobierno, para que no se tome como pretexto de la inacción la falta de apoyo de la Legislatura en esta materia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, una vez concluido el debate dispuso que el proyecto regrese a la comisión ocasional, para que se continúe con el trámite previo a la elaboración del informe para segundo debate.