El derecho al empleo preferente; las sanciones por incumplimiento en la contratación de residentes permanentes; la implementación de proyectos de seguridad ciudadana y la priorización de los proyectos y asignación de recursos del Fondo Común, son parte de la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, cuyo informe para primer debate fue aprobado en la Comisión de Biodiversidad y Recurso Naturales de la Asamblea Nacional.

Además, el proyecto aborda la dimensión ambiental, social y económica, promoviendo una visión integral para el desarrollo de la región amazónica. Esto incluye empleo, educación y equidad de género.

Así mismo, la iniciativa destaca que, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos de la Amazonía sean gestionados de manera sostenible, sin comprometer las futuras generaciones, asegurando la participación activa de los pueblos amazónicos en las decisiones que les afectan.

También, la reforma considera como residentes de esta región a los que pertenecen a los pueblos y nacionalidades amazónicas, aquellas personas que han nacido en la circunscripción, aquellos que han residido por al menos los últimos seis años o por lo menos hayan estado empadronados y sufraguen los tres últimos procesos electorales en la circunscripción.

Por lo que, todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos que tengan su sociedad matriz o establecimiento permanente en la Amazonía. Al menos el 80 % de los servicios, mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícitamente y obligatoria en los términos de referencia.

Mientras tanto, la prioridad del Fondo Común, el 60 % de los recursos, se invertirán en las áreas de influencia de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferos, mineras y eléctricas.

La Secretaria Técnica controlará que las inversiones no se dupliquen entre áreas de influencia que corresponde al 60 % y los proyectos de incidencia regional que corresponda al 40 %.

Finalmente, la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico de la Función Judicial, permitirá la aplicación de la Ley.