La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad el plan de trabajo 2025-2027, consta la sustanciación de tres juicios políticos. Se trata de las solicitudes de enjuiciamiento en contra de los jueces electorales Gonzalo Muñoz y Ángel Torres, proceso suspendidos por el período electoral del 2025; contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

Además, la comisión respetara el debido proceso y las garantías constitucionales en todos los procesos de fiscalización, particularmente en cada una de las etapas del trámite de los juicios políticos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, promoverá la participación activa de la ciudadanía, a través de comisiones generales.

La agenda será actualizada en función de las nuevas propuestas de juicio político y acciones de investigación que se propongan.

Como parte de los mecanismos de gestión, la comisión de Fiscalización desarrollara periódica, mesas técnicas y de trabajo con el equipo asesor de sus integrantes; difundirá información a través de los canales oficiales de la Asamblea y de la comisión; garantizando el acceso a la información a todos los ciudadanos mediante una comunicación clara, institucional, oportuna y transparente, en cumplimiento de la normativa vigente, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y hacer visible el trabajo legislativo.

Para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos a favor en segundo debate, el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República. Esta permite un camino al establecimiento de bases militares extranjeras y la recuperación de la seguridad nacional mediante la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica y fortalecerá las capacidades operativas del Estado ecuatoriano.

Según, la legisladora Nataly Morillo la aprobación de esta reforma, “el Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional, narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta la vida cotidiana de nuestras familias”, dijo.

Además, la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales, el 90 % de los homicidios están vinculados al narcotráfico, durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 %, señaló.

Sin embargo, la asambleísta Nuria Butiñá advirtió que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.

Así mismo, el análisis de la modificación constitucional fue sobre la base del proyecto presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 17 de octubre del 2024, el dictamen de la Corte Constitucional y el informe remitido por la comisión conformada para el tratamiento de dicha iniciativa.

Finalmente, el artículo 442 de la Constitución establece que una vez aprobada la reforma, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para su aprobación se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Dentro de los siete días posteriores, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.

En la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura presentaron sus observaciones respecto del proyecto económico urgente de Solidaridad Nacional, del Presidente de la República, Daniel Noboa como parte del análisis de esta normativa para la elaboración del informe para segundo debate. Esta propuesta está orientada a desarticular la economía de los grupos de delincuencia organizada.

Para el delegado de la Corte Nacional de Justicia, José Gabriel Terán, las observaciones permitirán una mayor precisión en los textos del proyecto de Ley, el objetivo es garantizar el derecho a la libertad de las personas, posibilitar que la empresa privada realice donaciones a las entidades de seguridad para combatir a los grupos de delincuencia organizada, expresó.

Además, consideró la necesidad de especificar qué tipo de bienes son susceptibles de donación.

Así mismo, destacó la importancia de incluir el término “motivado” respecto a la facultad otorgada al Ejecutivo para emitir un decreto que permita iniciar acciones contra el crimen organizado, ya que la motivación es esencial para que se cumplan los fines de esta Ley.

Según, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la estructura judicial del país y los catálogos de delitos que manejan los jueces especializados en delitos anticorrupción, se debería ampliar el ámbito de gestión de estas judicaturas para que conozcan causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, explicó.

Mientras tanto, Godoy sugirió que se mantenga en manos del CJ la facultad de establecer, mediante resolución motivada, la creación de nuevas unidades distritales, de acuerdo con los análisis técnicos respectivos, a fin de evitar el represamiento de causas relacionadas con el conflicto interno, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, indicó que las observaciones planteadas serán consideradas en el informe del proyecto de Ley.