Se amplía la cobertura del Bono 1000 Días, 32.000 mujeres gestantes y madres de niñas y niños hasta los dos años serán incluidas en este año como beneficiarias de esta ayuda económica, superando la meta gubernamental. El anuncio lo realizó este 3 de septiembre del 2025, el Presidente de la República, Daniel Noboa, en el sur de Quito, en el coliseo de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha.

El 9 de junio, el gobierno informó del incremento de 20.000 nuevas beneficiarias para este bono hasta diciembre del 2025, con lo que se pasaría de 140.000 a 160.000 beneficiarios. No obstante, el trabajo técnico y humano del Ministerio de Desarrollo Humano y otras entidades permitió que se supere la meta: ahora se alcanzará a 172.000 beneficiarios hasta fines de este año.

“Esta es una inversión de 90 millones de dólares que demuestra nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las madres gestantes y de las niñas y niños menores de dos años. Invertir en nuestros infantes no es solo una promesa, es la mejor inversión para el futuro del país”, dijo el Mandatario.

El Bono de 1000 Días es un incentivo económico que promueve el cuidado de niñas y niños hasta los dos años de edad, priorizando a quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Las mujeres en gestación y madres de infantes de hasta dos años reciben un pago mensual fijo de 50 dólares y tres pagos más sujetos a condicionalidades de corresponsabilidad: un pago de 90 dólares, al nacimiento de la niña o niño y dos pagos de 120 dólares, al año y a los dos años, respectivamente. el gobierno garantiza su acceso a servicios de salud, vacunación, inscripción temprana y desarrollo infantil.

Finalmente, la ampliación de cobertura del bono contribuye a la reducción de la desnutrición crónica infantil que pasó del 20,1 % en el 2023 al 19,3 % en el 2024, lo que significa que cerca de cinco mil niñas y niños están protegidos de esta condición: “Estamos reescribiendo la historia, devolviendo a cada ecuatoriana y ecuatoriano lo que por derecho le corresponde: oportunidades para su desarrollo y bienestar”, precisó el Jefe de Estado.

La utilización del profundímetro para verificar el estado de las llantas, el incremento de las sanciones, las fotomultas y los radares preventivos fueron los principales temas abordados en el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta busca recategorizar las contravenciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial preventiva.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en su análisis, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y coherencia normativa en las reformas al COIP, a fin de evitar disposiciones que generen discrecionalidad en su aplicación.

Para la asambleísta Lucía Pozo, tras recibir a líderes, expertos, representantes de la Asociación de Municipalidades, gremios de transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo de la Judicatura y otros sectores sus observaciones. La reforma corrige arbitrariedades históricas en la determinación de las llantas lisas, eleva la categoría de las contravenciones que ponen en riesgo la vida, como la no utilización del casco y el exceso de pasajeros, dijo.

También, establece sanciones por exceder el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre, que es de 0,1 g/l; dispone el pago y la devolución del vehículo retenido, sanciona al conductor que utilice el teléfono celular mientras el vehículo está en movimiento, conduzca con una licencia de diferente tipo, entre otras, explicó Pozo.

En cambio, la legisladora Jhajaira Urresta destacó el número de siniestros de tránsito que cobran la vida de las personas y solicitó que se incorpore el contenido de su proyecto trabajado junto con la Coalición de Movilidad Segura Ecuador, respecto al exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el asambleísta Steven Ordóñez señaló que las fotomultas y radares deben ser preventivos y no recaudatorio y establecido claramente dentro de la Ley, para evitar su abuso.

Mientras tanto, temas como: la alta tasa de siniestros de tránsito en el Ecuador, la reincidencia, la posibilidad de establecer el trabajo comunitario como sanción, la prohibición del uso del celular, la actuación de los agentes de tránsito, la importancia del transporte por cuenta propia y la necesidad de fortalecer la fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito, serán analizados por la comisión para el segundo debate.

Finalmente, las observaciones respecto a retomar el contenido del proyecto original sobre la reducción de la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados, será materia de análisis.