GOBIERNO DE DANIEL NOBOA ENTREGÓ 1.100 MILLONES DE DÓLARES A LOS TRANSPORTISTAS

El Gobierno Nacional inició los pagos del programa de incentivos por 1.100 millones de dólares para los transportistas. Desde este 15 de septiembre de 2025, el Bono Raíces de 1.000 dólares se entregará a 100.000 agricultores según la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, con la acreditación a los primeros 70.000, los agricultores accederán a créditos “7×7” que se refiere a siete años al 7 % de interés, con montos entre 500 y los 30.000 dólares para capital de trabajo o compra de equipos. El gobierno distribuirá más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad del campo hasta octubre de este año otros 200 hasta diciembre y hasta llegar a los 800 en el 2026: “Se hace un esfuerzo para llegar a las manos de los productores, sin intermediarios”, dijo.

“No hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes”, el programa de redistribución de incentivos contempla que más de 23.000 transportistas reciban un monto mensual, entre 400 y 1.000 dólares, para evitar el alza de pasajes. El objetivo es claro: que la ciudadanía siga pagando lo justo en sus traslados diarios, más de 1.744 inscripciones registro el sistema que habilitó el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Además, el gobierno puso en marcha el crédito a tasa subsidiada y bono de chatarrización (taxis livianos, carga mixta, escolar institucional). Son 1.528 unidades de transporte con un monto de 150 millones de dólares. Los créditos tendrán una tasa anual del 9 %. Otro tema es el compromiso de pagar la deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros y habrá un incentivo para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por 30 millones de dólares, expresó.

También, la vocera señaló que se construirán 12 zonas de descanso en el tramo E-35 entre Tungurahua y Pichincha con un monto de 8 millones de dólares beneficiando a 3.14 millones de vehículos; en esa misma línea se construirán cinco estaciones de pesaje estático para 140.000 vehículos de carga pesada matriculados. El monto total será de 17 millones de dólares, para fortalecer la seguridad vial, 124 motos y patrulleros se distribuirán para las poblaciones de zonas periféricas con alta siniestralidad a nivel nacional. Esto con una inversión de 10 millones de dólares.

Mientras tanto, a los pescadores artesanales se les entregarán motores fuera de borda a comunidades de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, fortaleciendo la actividad pesquera y la seguridad económica de miles de familias.  80 millones se distribuirán para saldar obligaciones pendientes con 210 generadores de empleo en el sector inmobiliario y de la construcción, impulsando nuevos proyectos que reactivan la economía y abren más plazas de trabajo para los ecuatorianos. El sector arrocero recibirá 20.000 toneladas de arroz a 20.000 agricultores de las provincias de Guayas y Los Ríos para mantener el precio, desde abril del 2026 entregarán bioinsumos a 16.300 productores de 326 asociaciones por un monto de 13 millones de dólares.

Finalmente, Jaramillo aclaró que frente a las movilizaciones “no hay espacio para la extorsión o negociación entendida como suerte de presiones donde el gobierno tendría que terminar cediendo. La decisión está tomada: los recursos tienen que ir adonde más los necesitan”, puntualizó.

PRIMER DEBATE DE PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD CREDITICIA Y DESIGNACIÓN DE JUNTA DE POLÍTICA FINANCIERA EN AGENDA DEL PLENO

La Asamblea Nacional sesionará en tres jornadas esta semana. El martes realizará la designación y posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria y el primer debate del Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado por el Presidente de la República como urgente en materia económica.

Además, las comisiones y grupos parlamentarios avanzarán en el trámite de leyes, escucharán a varios actores sociales al igual que a autoridades, delegados de entidades privadas, gremios, docentes y expertos en los diferentes temas que tramita la Asamblea Nacional, como parte de los procesos de socialización de normativas, acciones de control político y evaluación de leyes vigentes.

Los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, sobre la base de los candidatos propuestos por el Presidente de la República, quienes durarán en funciones por cuatro años. La Junta es parte de la Función Ejecutiva, con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación monetaria, crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada y es el máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador.

También, el Pleno de la Asamblea Nacional realizará el primer debate del proyecto Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado por el Presidente de la República como urgente en materia económica, que otorga autonomía de gestión al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para liquidar fideicomisos paralizados y le devuelve su enfoque estratégico de invertir y rentabilizar, en lugar de subsidiar fondos privados, fortalece la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con un mecanismo de elección claro y financiado. El informe de la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa contempla tres artículos; dos Disposiciones Reformatorias a las leyes del BIESS y a la Ley de Seguridad Social; dos Disposiciones Transitorias y una Disposición Final.

Finalmente, se desarrollará la fase final del juicio político en contra de Gonzalo Albán, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), propuesto por el asambleísta Keevin Gallardo, por incumplimiento de funciones, resolución de la comisión de Fiscalización y Control Político, en su informe motivado, concluye que el consejero Albán incurrió en incumplimiento de funciones al haber accedido y ejercido el cargo sin cumplir el requisito legal de no haber sido adherente a organización política alguna en los últimos cinco años.