El alcalde de Quito, Pabel Muñoz marcho a la Corte Constitucional junto a miles de ciudadanos para entregar la demanda de inconstitucionalidad a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Programas que se verían afectados por esta reforma como: habitantes de las parroquias rurales, miembros de los Quito Wawas, mercados, unidades educativas municipales se juntaron en defensa de los derechos.

Según, el alcalde la Asamblea Nacional no habría recibió a los alcaldes y prefectos para presentar sus criterios de las reformas. “Los servicios sociales, que son inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública. El Quito milenario, histórico vive hoy con más fuerza”, dijo.

La demanda de inconstitucional solicita a la Corte Constitucional que las reformas al COOTAD se dejen sin efecto hasta que este organismo resuelva el pedido. El 24 de febrero del 2026, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución para respaldar las medidas legales necesarias y recalcar las consecuencias que tendrían estos cambios para la seguridad jurídica, financiera y la autonomía de la capital.

Además, el concejal Héctor Cueva sostuvo que la infraestructura es importante, pero la inversión social lo es aún más. “La gente vino hoy a exigir a la Corte Constitucional qué se derogue esta Ley, por ser inconstitucional, restringe derechos a la ciudadanía. La gente vino a defender la política social del Municipio de Quito, esta Ley elimina los derechos sociales de los gobiernos locales, atención a niños, a adultos mayores”, entre otras.

Para Rodrigo Pilatuña, presidente del gobierno autónomo descentralizado en la parroquia rural de Llano Chico, expresó que no se puede perder la inversión y los programas sociales porque vulneran los derechos y la protección de grupos prioritarios en la capital.

Mientras tanto, Muñoz aseguró que, en el caso de Quito, el municipio tiene varias competencias particulares como la educación. La administración tiene a su cargo 20 Unidades Educativas Municipales con más de 27.000 alumnos, 1.000 docentes y los servicios de salud escolar (médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos). A ello se suman tres centros de salud, casi 100 Quito Wawas, que atienden a cerca de 5.000 niños y 14 Centros Municipales de Educación Inicial.

Finalmente, la reforma, aprobada por la Asamblea el 20 de febrero del 2026, tiene 7 procesos de demanda por inconstitucionalidad de diferentes instituciones y organizaciones sociales, entre ellos, la Prefectura de Pichincha.