La comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, recibiendo los aportes para la elaboración de los informes para el segundo debate de las iniciativas al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.

El proyecto respecto de los uniformes de seguridad pública, la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales busca sancionar el uso indebido de uniformes e insignias de instituciones públicas.

Según. Pablo Vizcaíno, el proyecto de Ley debe aclarar qué institución será la encargada de autorizar y acreditar a los fabricantes y comerciantes de uniformes, el objetivo que los artesanos y confeccionistas que han trabajado por años con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan continuar desarrollando su actividad de manera legal, dijo.

Además, Vizcaíno planteó que se regule los procesos de contratación de uniformes a través del sistema de contratación pública.

Para Flora Erazo, el sector forma parte de la economía popular y solidaria, apoya frecuentemente a las empresas públicas como FAME, cuando estas no logran cubrir la demanda de producción.

Así mismo, Santiago Ruiz, director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizó un análisis técnico sobre el proyecto de reformas al sistema penitenciario y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las observaciones relacionadas con la institucionalidad del sistema y la necesidad de preservar principios como el uso excepcional de la fuerza, la seguridad dinámica y los mecanismos de control dentro de los centros de rehabilitación social. Por lo que las reformas propuestas podrían debilitar la institucionalidad del sistema penitenciario, modificar la estructura del ente rector y reducir los requisitos técnicos para la designación de su máxima autoridad. Esto podría dejar que la dirección del sistema penitenciario no cuente con un perfil técnico y experiencia en ámbitos como criminología, gestión de crisis, rehabilitación social y derechos humanos, dijo.

Mientras tanto, que tener un directorio con carácter estratégico y con la participación efectiva de instituciones del sistema de justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, fortalecerá los mecanismos de coordinación y control de este sector, explicó.

Finalmente, la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, debe ser con reformas estructurales que permitan fortalecer la gestión penitenciaria, mejorar la rehabilitación social y modernizar la infraestructura y los sistemas de seguridad en los centros de privación de libertad del país.