Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional recomendó este martes 16 de septiembre 2025 y continuar con las mesas de diálogo sectoriales organizadas por el Gobierno Nacional, con la participación representativa de los sectores sociales, económicos y productivos directamente involucrados en los decretos ejecutivos N.º 125 y 126.

Además, exhortó a los órganos judiciales a dar trámite y resolución urgente a los procesos relacionados con el comercio ilícito de combustibles. Esta decisión tras conocer el Programa de Redistribución de Recursos y la entrega de incentivos sociales, como respuesta al nuevo cálculo del precio de venta al público del diésel en 2,80 dólares el galón, establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 126, vigente desde el 13 de septiembre del 2025.

Según, el legislador Esteban Torres, los subsidios a los combustibles se aplican en el país desde hace 51 años. Esto ha representado para el Ecuador un gasto de 33.000 millones de dólares en los últimos 10 años, dijo.

Frente a esta situación, lo importante es la redistribución de los recursos dirigida a compensaciones para transportistas, el bono Raíces, el Bono de Desarrollo Humano, la construcción de zonas de descanso para transportistas, el crédito 7×7, entre otros mecanismos, sostuvo Torres.

Por su parte, la asambleísta Annie Muñoz advirtió que la medida constituye un “golpe duro a la producción ecuatoriana” y exhortó a reformar, a fin de evitar un aumento de la desigualdad.

Mientras tanto, el parlamentario Héctor Rodríguez explicó que la eliminación de los subsidios generará un impacto del 20 % en la estructura de costos del sector productivo.

Finalmente, con la participaron 14 asambleístas en el debate respecto a la eliminación del subsidio al diésel, impacto, importancia de los incentivos sociales y los sectores beneficiarios de la redistribución de recursos, resolvieron exhortar al gobierno y los actores sociales a continuar con el dialogo.

El Gobierno Nacional inició los pagos del programa de incentivos por 1.100 millones de dólares para los transportistas. Desde este 15 de septiembre de 2025, el Bono Raíces de 1.000 dólares se entregará a 100.000 agricultores según la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, con la acreditación a los primeros 70.000, los agricultores accederán a créditos “7×7” que se refiere a siete años al 7 % de interés, con montos entre 500 y los 30.000 dólares para capital de trabajo o compra de equipos. El gobierno distribuirá más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad del campo hasta octubre de este año otros 200 hasta diciembre y hasta llegar a los 800 en el 2026: “Se hace un esfuerzo para llegar a las manos de los productores, sin intermediarios”, dijo.

“No hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes”, el programa de redistribución de incentivos contempla que más de 23.000 transportistas reciban un monto mensual, entre 400 y 1.000 dólares, para evitar el alza de pasajes. El objetivo es claro: que la ciudadanía siga pagando lo justo en sus traslados diarios, más de 1.744 inscripciones registro el sistema que habilitó el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Además, el gobierno puso en marcha el crédito a tasa subsidiada y bono de chatarrización (taxis livianos, carga mixta, escolar institucional). Son 1.528 unidades de transporte con un monto de 150 millones de dólares. Los créditos tendrán una tasa anual del 9 %. Otro tema es el compromiso de pagar la deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros y habrá un incentivo para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por 30 millones de dólares, expresó.

También, la vocera señaló que se construirán 12 zonas de descanso en el tramo E-35 entre Tungurahua y Pichincha con un monto de 8 millones de dólares beneficiando a 3.14 millones de vehículos; en esa misma línea se construirán cinco estaciones de pesaje estático para 140.000 vehículos de carga pesada matriculados. El monto total será de 17 millones de dólares, para fortalecer la seguridad vial, 124 motos y patrulleros se distribuirán para las poblaciones de zonas periféricas con alta siniestralidad a nivel nacional. Esto con una inversión de 10 millones de dólares.

Mientras tanto, a los pescadores artesanales se les entregarán motores fuera de borda a comunidades de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, fortaleciendo la actividad pesquera y la seguridad económica de miles de familias.  80 millones se distribuirán para saldar obligaciones pendientes con 210 generadores de empleo en el sector inmobiliario y de la construcción, impulsando nuevos proyectos que reactivan la economía y abren más plazas de trabajo para los ecuatorianos. El sector arrocero recibirá 20.000 toneladas de arroz a 20.000 agricultores de las provincias de Guayas y Los Ríos para mantener el precio, desde abril del 2026 entregarán bioinsumos a 16.300 productores de 326 asociaciones por un monto de 13 millones de dólares.

Finalmente, Jaramillo aclaró que frente a las movilizaciones “no hay espacio para la extorsión o negociación entendida como suerte de presiones donde el gobierno tendría que terminar cediendo. La decisión está tomada: los recursos tienen que ir adonde más los necesitan”, puntualizó.

Una vez que se conocen los posibles acontecimientos para la próxima semana, el Presidente de la República mediante el Decreto Ejecutivo 127, dispuso trasladar temporalmente la sede de la Función Ejecutiva a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Por otro lado, dispuso a la Vicepresidenta de la República del Ecuador que ejerza temporalmente las actividades relacionadas a las funciones que le fueron asignadas, desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura.

La comisión de Desarrollo Económico, con ocho votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.

La propuesta se refiere a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los fideicomisos y a la necesidad de dotar de herramientas para generar liquidez.

Además, el informe señala que el BIESS atraviesa una crisis relacionada con la “administración deficitaria de los FCPC y la alarmante inmovilización de capital en negocios fiduciarios”. El banco administra alrededor de 310 millones de dólares pertenecientes a fondos privados, que agrupan a 46.248 partícipes.

Sin embargo, esta labor genera pérdidas sistemáticas. Solo en el 2024, los costos operativos de administración ascendieron a 221.715,22 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas 102.112,88 millones de dólares. Lo más preocupante resulta la inmovilización de capital en negocios fiduciarios. El BIESS tiene invertidos 310,6 millones de dólares en un portafolio de 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias. De este total, el 59,70 % corresponde a 31 fideicomisos inmobiliarios y el 39,44 % a 4 fideicomisos estratégicos. El problema central es que una parte sustancial de esta inversión permanece estancada.

Finalmente, el presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Diego Franco, explicó los puntos principales de la propuesta legal en torno a la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria; la gestión de fideicomisos; el plazo para la transición de los fondos previsionales; la remoción de altos cargos en el IESS, entre otros.

En la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo, el Pleno de la Asamblea Nacional conmemoró el “Día de la Fundación del Ecuador”, instituido mediante resolución adoptada por la Legislatura el 4 de octubre del 2022. La sesión solemne en homenaje a la suscripción de la Primera Constitución Política del Ecuador, el 11 de septiembre de 1830, al evento asistieron autoridades nacionales, locales, eclesiásticas, mandos militares, policiales, entre otros.

Según, el reconocido investigador Alfredo Muriel, la trascendencia histórica de la Primera Constituyente de Riobamba para la consolidación del Ecuador como República. “Esta fecha no solo marcó el nacimiento de Ecuador como República, sino que simboliza la decisión de un pueblo de dar forma a un sueño largamente esperado y crear una nación libre, soberana y en busca del bienestar para todos”, dijo.

Además, proyectaron un video conmemorativo del “Día de la Fundación del Ecuador”, que recoge importantes pasajes de la historia y la cultura de Riobamba, sede de la Primer Constituyente. Luego, la presidenta encargada de la Asamblea, Mishel Mancheno, junto a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, entregaron reconocimientos y condecoraciones a 18 personalidades e instituciones representativas de la ciudad de Riobamba y la provincia de Chimborazo.

Además, Mishel Mancheno, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, aseguró que en este suelo Andino se fundó el Ecuador, como respuesta a las luchas por la libertad y la independencia.

Finalmente, Ecuador vive un momento decisivo; hoy la misión es forjar un compromiso nacional para fortalecer la democracia, para generar una sociedad unida, para crear empleo digno para todos los ecuatorianos. “Riobamba nos enseña que ni un terremoto puede detener la fuerza que tenemos para salir adelante en medio de las adversidades”, precisaron.

La comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional recibió a las autoridades ministeriales de Energía y Minas, y Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para esclarecer los sucesos relacionados con la entrega de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, provincia del Azuay.  

Según, Xavier Subía, viceministro de Energía y Minas, el proyecto de minería subterránea Loma Larga no afecta el área donde se encuentra la laguna de Quimsacocha, dijo.

“De iniciarse las operaciones, el proyecto no afectará ni contaminará el agua de Cuenca”, explicó el viceministro.

Las parroquias de influencia del proyecto son Baños de Agua Santa, Victoria del Portete, Chumblin y San Fernando, las zonas de captación de agua para el proyecto minero están fuera de la zona de recarga hídrica por lo que no afectarían a las plantas de potabilización del cantón de Cuenca y las zonas referidas previamente, insistió.

Además, el proceso de creación de la mina, durante el 2025 y 2026, generaría aproximadamente 419.16 millones de dólares de inversión directa para el Ecuador y la provincia. Las proyecciones de las exportaciones serían de alrededor de 2,397 millones de dólares y beneficios para el Estado, por concepto de impuestos sectoriales, por 212 millones de dólares”.

También, la consulta previa, libre e informada necesaria previo al otorgamiento de la licencia ambiental a Loma Larga, todas las etapas que comprende este proceso fueron cumplidas hasta mayo del 2025 con la participación de 240 ciudadanos pertenecientes a comunidades ubicadas en las zonas de influencia, manifestó.

Mientras tanto, la presidenta de la comisión de Biodiversidad, Camila León cuestiono la existencia de un contrato firmado para la explotación minera en esta región, por lo que, Subía respondió que “no existe contrato firmado, ya que el siguiente paso a la aprobación de la licencia ambiental, es el inicio de las negociaciones donde el Estado exige el cumplimiento de requisitos de mitigación de posibles impactos ambientales y condiciones de total transparencia”.

Por su parte, el ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Daniela Limongi, viceministra del Ambiente, destacó la necesidad de legitimar el proceso de regularización ambiental que la cartera de Estado ha llevado a cabo respecto al proyecto minero Loma Larga. “El proceso es desde hace cinco años, tiempo en el que, con base en el cumplimiento de requisitos, fue entregada la licencia ambiental”. En el 2020 el proyecto ingresó en el Sistema Único de Regularización Ambiental y fue categorizado con impacto alto. Los requisitos previos fueron cumplidos el 30 de marzo de 2021, fecha en la que se emite la vialidad favorable del proyecto, expresó.

Finalmente, Guillermo Salgado, gerente general de la empresa encargada del proyecto minero, sostuvo que Dundee Precious Metals ha cuidado con rigor científico y respeto al medio ambiente, por más de 20 años, a Loma Larga. El representante de la transnacional minera, el proyecto generará desarrollo real para el Azuay y Cuenca, con más de 1500 empleos para jóvenes profesionales que, actualmente, no tienen opciones laborales. «Hablamos de futuro. Ecuador tiene un enorme potencial de mostrarle al mundo que es posible hacer minería con impacto positivo”.

El proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación recibió las observaciones de Santiago Zambrano, especialista en Derecho Deportivo y de Christian Guayasamín, representante de la Fundación Openlab Ecuador.

Según, Christian Guayasamín la industria de los videojuegos como un conjunto de personas naturales y jurídicas dedicadas a la creación, desarrollo, producción, distribución y comercialización de estos. Incluyó a desarrolladores, artistas, diseñadores, guionistas, músicos, locutores, productores, distribuidores y prestadores de servicios especializados deben estar dentro de la Ley.

Además, Guayasamín propuso la incorporación de un artículo sobre derechos digitales. Los deportistas electrónicos deben tener derecho a la privacidad de datos, a la protección contra el ciberacoso, al acceso equitativo a infraestructura tecnológica y a la neutralidad en competencias oficiales, dijo.

Por su parte, Santiago Zambrano aseguró que Ecuador ya participó en los Juegos Panamericanos de Santiago (2023) con su equipo de eSports. Sugirió incluir el concepto de Phygital, entendido como la combinación de lo digital con lo físico en las actividades deportivas y recreativas.

Es fundamental establecer regulaciones claras para la organización de torneos y competiciones, garantizando que sean justos y seguros para todos los participantes, así como proteger a los jugadores de prácticas desleales y promover el juego limpio. Para ello, planteó la inclusión de aspectos de carácter laboral y de resolución de conflictos que contribuyan a regular y profesionalizar los eSports.

En cambio, la regulación de torneos, es importante proteger los derechos sobre los juegos y prevenir abusos como el acoso o la explotación, sugirió la duda sobre quién es el dueño del activo intangible, del club, del nombre o del usuario en la plataforma o red social, por lo que se requiere un mecanismo de protección jurídica, manifestó Zambrano.

Finalmente, el especialista deportivo insistió en la necesidad de reconocer figuras laborales o de prestación de servicios, cláusulas de rescisión y fórmulas claras para la resolución de conflictos, consideró indispensable un reglamento de competencias que regule el “doping virtual”, la inscripción de contratos, los requisitos mínimos para la constitución de equipos de eSports, los contratos de los jugadores y la organización de eventos. Sugirió, además, determinar si la normativa se enfocará en las disciplinas más comunes o en todas las modalidades, así como en la clasificación de los eSports por consola.

Este martes 9 de septiembre del 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Consulta Popular, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales.

Para el legislador Héctor Valladarez, ponente del informe la consulta popular “es el corazón mismo del sistema democrático”, reconocida constitucionalmente como la expresión soberana de la voluntad ciudadana.

Además, el parlamentario destacó que la comisión se encuentra comprometida en fortalecer esta iniciativa, a fin de convertirla en una herramienta eficaz que permita canalizar de forma efectiva las demandas populares y garantizar una participación soberana y directa en asuntos de trascendencia nacional y local.

Por su parte, la asambleísta Paola Cabezas señaló que la propuesta en análisis establece límites para el uso de la consulta popular, así como para la aplicación de sus resultados; contempla diferencias precisas entre consultas presidenciales, de gobiernos autónomos descentralizados y consultas ciudadanas; y norma el control previo y vinculante de la Corte Constitucional sobre las preguntas.

Mientras tanto, Janina Rizzo, señaló que la Asamblea Nacional debe reafirmar la importancia de la consulta popular “como el motor legítimo de la participación democrática”.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la comisión para continuar con el trámite correspondiente y previo a la elaboración del informe para el segundo debate.