La comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, recibió los aportes de Maxwell Rodríguez, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, así como de los representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, para abordar la grave crisis que atraviesa la red pública de salud, especialmente en las áreas de atención neonatal.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, indicó que “la muerte de recién nacidos en los hospitales Universitario y Monte Sinaí no es una estadística, sino una herida que exige conciencia y acción inmediata”.

Así mismo, Veloz denunció la reutilización indebida de insumos, el déficit crítico de medicamentos, el impago al personal de salud, las condiciones insalubres y la carencia de equipos médicos, atribuyendo esta situación a recortes presupuestarios que afirmó “no pueden maquillarse”.

Por su parte, Maxwell Rodríguez manifestó la necesidad de que la Asamblea visibilice y atienda las deficiencias estructurales del sistema de salud, recordando que la Constitución establece un financiamiento mínimo del 4% del PIB para este sector. Cuestionó la inestabilidad en el Ministerio de Salud, la rotación constante de gerentes hospitalarios, la falta de políticas preventivas y el incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria.

Además, Rodríguez señaló la ausencia de oportunidades para la especialización médica en el país, por lo que instó a los legisladores a impulsar reformas profundas que garanticen un sistema de salud digno y sostenible.

Durante el debate, los legisladores rechazaron la ausencia de las autoridades convocadas, interpretándolo como una muestra de desinterés hacia la salud pública y los pacientes. Denunciaron que los retrasos en la derivación de pacientes, por falta de insumos y presupuesto, están costando vidas, en especial de niñas, niños y adolescentes que esperan meses por un traslado.

Mientras tanto, el representante del Comité de Usuarios de la Maternidad Matilde Hidalgo de Prócel, Jenny Velasteguí destacó el trabajo de esta organización que, desde hace dos años, vela por el bienestar de madres y pacientes. Su preocupación por la falta de insumos e infraestructura, pero el esfuerzo conjunto con la actual administración para buscar soluciones, insistiendo en la urgencia de ampliar y fortalecer la maternidad para garantizar atención oportuna y digna.

Finalmente, la presidenta Viviana Veloz recordó que la Ley de Carrera Sanitaria fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre del 2022, pero aún carece de reglamento, lo que impide su implementación. La comisión solicitará al Presidente de la República que agilite su expedición y anunció tres compromisos: inspecciones quincenales a áreas de neonatología y pediatría de hospitales públicos y del IESS para evitar desabastecimientos; fiscalización e informe sobre el fallecimiento de neonatos en los Hospitales Universitario de Guayaquil y en Monte Sinaí; y una solicitud a la Fiscalía para ampliar la investigación sobre este último caso, a fin de establecer responsabilidades y adoptar correctivos.

La asambleísta Lucía Jaramillo es la presidenta y María Besibell Mendoza es la secretaria del Grupo Interparlamentario de Amistad entre la Asamblea Nacional del Ecuador y la República de Corea, para el período 2025–2029.

Además, los legisladores conocieron la Resolución Nro. PAN-NAOP-017-2025, suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, mediante la cual se aprueba la creación y conformación del Grupo Interparlamentario de Amistad entre ambas naciones, de conformidad con el reglamento vigente.

Así mismo, dentro de la agenda del Grupo Parlamentario, recibió el saludo protocolar del embajador de Corea en Ecuador, Jae Hyun Shim, quien resaltó la conformación del grupo y espera contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales que ambas naciones mantienen desde 1963, dijo.

Por su parte, la presidenta de Grupo Parlamentario, Lucía Jaramillo expresó que este grupo será un mecanismo para fortalecer las relaciones bilaterales en diversas áreas. “Esta conformación refleja la voluntad de la nueva Asamblea Nacional de reimpulsar la diplomacia parlamentaria, un instrumento que en el pasado perdió protagonismo y que hoy resulta esencial para abrir puertas y posicionar a nuestro país en el escenario mundial”.

También, Jaramillo indicó que el grupo nace como una herramienta diplomática y legislativa clave para construir una relación aún más amistosa y constructiva, siempre en beneficio de los pueblos hermanos, mediante el fortalecimiento del diálogo político e institucional entre parlamentos, el impulso a la cooperación económica, comercial, tecnológica y la promoción del intercambio cultural, entre otras.

Finalmente, el 4 de septiembre del 2025, en Seúl, se firmará el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA), el cual favorecerá sustancialmente las exportaciones ecuatorianas.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó este jueves 7 de agosto, la actualización del Registro Electoral con el objetivo de garantizar los derechos de participación ciudadana. Para este fin se habilitaron 13´966.443 electores, tanto en territorio nacional como en el exterior.

En la actualización del Registro Electoral se reflejan los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025. Sin embargo, este servicio electoral permanecerá disponible de forma continua, y las solicitudes de cambio realizadas después de la fecha señalada se harán efectivas para las elecciones seccionales previstas en 2027.

El Registro Electoral actualizado estará disponible para consulta ciudadana en la página institucional http://www.cne.gob.ec, entre el 10 y 24 de agosto de 2025, y de ser el caso, se podrá presentar los respectivos reclamos administrativos.

“Hoy el Ecuador del miedo ya quedó en el pasado porque el tiempo nos enseñó que nunca más daremos un paso atrás”, expresó el presidente de la República, Daniel Noboa, en la ceremonia militar por los 216 años del Primer Grito de Independencia y ascenso de generales.

“Hoy nuestros patriotas son quienes protegen nuestra soberanía, defienden a las familias y siempre están ahí, ofreciendo su mano solidaria ante desastres naturales y otras emergencias. Esos patriotas son ustedes, valientes militares que se forman y preparan para servir a la patria; ustedes son el verdadero ejemplo de que la valentía viene con ser ecuatoriano”, dijo el presidente Noboa.

Además, el Jefe de Estado auguró éxitos a los nuevos generales de división y de brigada de la Fuerza Terrestre y a los oficiales que se gradúan de tenientes especialistas y subtenientes de arma y servicio.

Así mismo, el Mandatario expresó que la lucha de las fuerzas del orden y con las demandas ciudadanas, el Gobierno Nacional impulsa una nueva consulta popular que le apuesta a un cambio real.

Finalmente, el Presidente de la República, Daniel Noboa manifestó que “no vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Este es su mandato, y nosotros lo vamos a cumplir”, puntualizó.

Con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República y elimina el financiamiento estatal para las organizaciones políticas y la publicidad electoral, tomando como base el informe de la comisión Ocasional integrada para el tema.

Según, Esteban Torres, presidente de la comisión desde el 2008 a la actualidad se han asignado 263 millones de dólares por el fondo partidario y financiamiento de la publicidad electoral, se preguntó: «¿Cuánto ha servido ese dinero para mejorar la calidad de la democracia y de los partidos políticos?».

Además, la Asamblea Nacional revisó exhaustivamente todos los datos históricos desde la Constitución de 1945, donde se instituyó el Tribunal Supremo Electoral como ente rector de los procesos eleccionarios, hasta la Constitución del 2008 y la expedición del Código de la Democracia. Lamentablemente los fondos destinados a los partidos y movimientos políticos no han contribuido a mejorar la democracia, por lo cual es necesario eliminar este supuesto beneficio que no ha ido a los partidos, sino a determinados políticos, dijo Torres.

Así mismo, la reforma sustituye el artículo 110 de la Constitución por el siguiente:
«Art. 110. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos».

En cambio, el artículo 115, propone el siguiente texto: “Art. 115. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate.

También, “se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral.
La Ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral».

Mientras tanto, 18 asambleístas intervinieron en el debate, voces de apoyo a la propuesta como mecanismo para evitar el uso y abuso de recursos públicos para financiar a políticos aventureros que no llegan ni al uno por ciento del total de los votos válidos de una elección. Igualmente, entre quienes defendieron la vigencia de los actuales artículos 110 y 115 de la Constitución, ya que garantizarían una participación igualitaria de todas y todos los ciudadanos en las elecciones.

Finalmente, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, aprobada la reforma, corresponderá convocar a referéndum para que sea el pueblo quien se pronuncie en las urnas.

El presidente de la República, Daniel Noboa y el titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz se reunieron en Guayaquil. En el marco de este encuentro, suscribieron un crédito por 250 millones de dólares con el Ministerio de Economía y Finanzas para el programa de transformación productiva y sostenible del agro ecuatoriano.

Este crédito fortalecerá el Gobierno Nacional el desarrollo del sector agrícola, para que sea más productivo, equitativo y sostenible, enfocado en la mejora de la seguridad alimentaria, la generación de empleo rural y la promoción de prácticas agrícolas libres de deforestación y bajas en emisiones de carbono.

La CAF reiteró su respaldo al Ecuador y su disposición para seguir aportando con cooperación técnica, conocimiento y redes especializadas en los temas estratégicos que impulsen el desarrollo sostenible del país.

En cambio, 350. 000 dólares en cooperaciones técnicas no reembolsables para el fomento productivo.

También, la CAF comprometió 80.000 dólares para fortalecer institucionalmente a PRO-ECUADOR, con un sistema de cobro por servicios sostenible y mecanismos de gobernanza alineados con estándares internacionales. El proyecto busca asegurar sostenibilidad financiera, transparencia y un posicionamiento estratégico del país en el comercio internacional, frente a los desafíos postpandemia y la competencia regional.

Mientras tanto, 270.000 dólares para ejecutar un proyecto con el Ministerio de Energía y Minas, dedicado a modernizar y consolidar el sistema eléctrico ecuatoriano. Contempla diagnósticos normativos, técnicos y financieros, planificación de infraestructura prioritaria, fortalecimiento de sistemas operativos (incluyendo SCADA) y el desarrollo de perfiles de inversión sostenibles.

Finalmente, esta iniciativa busca diversificar la matriz energética, reducir la vulnerabilidad climática e incentivar la inversión privada a través de mejores mecanismos de articulación interinstitucional.

La comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, recibió al contralor general del Estado, Mauricio Torres, quien presentó los hallazgos de los informes emitidos el 14 y 21 de julio del 2025, respecto a los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP y las empresas Austral Technical Management – ATM y Progen Industries LLC. En el primer examen especial, los indicios de responsabilidad penal que involucran a 19 personas; en el segundo, en cambio a 24 personas.

En el caso Austral, la Contraloría General del Estado, tras concluir el examen especial sobre la zona La Propicia, en Esmeraldas, determinó indicios de responsabilidad penal, recomendó establecer responsabilidad administrativa por 123.280 dólares y señaló responsabilidades civiles por 53 millones 958 mil dólares.

Mientras tanto, en el caso Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría recomendó responsabilidades administrativas por 130.750 dólares y responsabilidades civiles por 69 millones 58 mil dólares.

Por lo que, el Contralor general del Estado indicó que se encuentra en curso un examen especial relacionado con la central termoeléctrica de Catamayo.

Por su parte, los legisladores realizaron varias inquietudes sobre varios temas: la conformación del equipo técnico que realizó los exámenes, los cambios introducidos en las cláusulas contractuales, la renuncia del proveedor al anticipo sin presentar garantías, el perjuicio al Estado superior a los 100 millones de dólares, la responsabilidad de la máxima autoridad delegante, la ineficiencia de los equipos, el pago de viáticos para la verificación, la aplicación del artículo 151 de la Constitución sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, los mecanismos para la recuperación de los recursos públicos y las diferencias entre delegación, designación y disposición.

Finalmente, el Contralor defendió el carácter técnico de los informes, elaborados por profesionales especializados y expertos en contrataciones emergentes. Tanto los informes como sus anexos fueron entregados a la Comisión de Transparencia.

La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, receptó los criterios de los delegados del Ministerio de Trabajo respecto al Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Acoso Laboral, en el marco de la elaboración de su informe para primer debate.

Para María Gabriela Pico y David Padilla, subsecretaria de Normativa y subsecretario de Empleo y Salario del Ministerio de Trabajo, señalaron que ya existe un marco normativo vigente que recoge muchos de los principios contemplados en el proyecto de Ley del 2023.

Los funcionarios insistieron en que dicho marco legal es suficiente en cuanto a reformas normativas y cumplimiento de exigencias internacionales, ya que actualmente ampara diversas modalidades de acoso laboral.

Según, María Gabriela Pico el artículo primero, que se refiere al objeto de la Ley, ya se encuentra regulado en la reforma realizada al Código del Trabajo y a la LOSEP, en concordancia con la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto en el sector público como en el privado. Este convenio busca prevenir, erradicar y sancionar diversas formas de agresión y maltrato en el entorno laboral.

Además, la definición de acoso laboral propuesta en el proyecto es contraria a la establecida en el Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por el Ecuador. La Ley Reformatoria para Prevenir el Acoso Laboral en todas sus modalidades ya contempla una definición vigente desde el 2024.

Por otro lado, la rectoría ya existe en un cuerpo colegiado encargado de los temas de violencia de género en todos los entornos, como es el Comité Interinstitucional, que actualmente se encuentra en funciones. No obstante, consideran que podrían asignarse atribuciones específicas sobre acoso laboral a dicho comité.

Por su parte, David Padilla indicó que la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo es la   norma que actualmente rige en esta materia y que recoge principios más alineados con las disposiciones de la OIT.

También, dijo que existe el Acuerdo Ministerial 2020-2024, que establece el protocolo para reglamentar y hacer efectivos los derechos contemplados en dicha Ley. Este protocolo se encuentra próximo a ser reformado para incorporar los avances requeridos por las instituciones pertinentes.

Mientras tanto, el asambleísta Roberto Cuero manifestó que no existe mejor momento para debatir una norma de esta naturaleza, especialmente tras la expedición del Decreto Ejecutivo 57 que motivó la salida abrupta de 5.000 servidores públicos.

Finalmente, el presidente de la comisión del Derecho al Trabajo, Ecknner Recalde sostuvo que en la próxima sesión recibirán los argumentos del ponente del proyecto de Ley.