La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, inició un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de los operadores de justicia en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador.

Según, ciertas decisiones judiciales estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, lo que ha generado preocupación en relación con la eficacia del sistema de justicia y su impacto en la seguridad pública. Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.

El Ministro del Interior reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.

Además, John Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia. La actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, expresó.

Por su parte, el Comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Pero lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.

Mientras tanto, el 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador. Esta realidad hace necesario revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones básicas para dictar medidas sustitutivas, con el propósito de sancionar oportunamente esas prácticas y evitar la impunidad, aseguró el ministro.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, sostuvo que continuará con el proceso de investigación hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia para salvaguardar los intereses de los 18 millones de ecuatorianos.

El Consejo de Administración Legislativa, resolvió sancionar por 60 días sin remuneración al asambleísta Ronal González de la Revolución Ciudadana, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 6 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas.

“Estoy seguro que, con responsabilidad y apego a la Ley, sabremos abordar este tema de suma importancia para la ética y el respeto en el ejercicio de nuestras funciones”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

La acción administrativa constituye la primera sanción frente a comportamientos que afectan la institucionalidad del Parlamento, u obstaculizan el normal desarrollo de las sesiones plenarias, en lo que va del período legislativo.

Entre tanto, la sanción tiene relación con el hecho ocurrido el pasado lunes 26 de mayo 2025, en el que, según la proponente de la queja, “González protagonizó un acto de alteración del orden institucional al recorrer las instalaciones de la Asamblea Nacional utilizando un megáfono para proferir gritos ofensivos contra sus colegas legisladores”.

La subcontralora de auditoría, Gabriela Sulca delegada de la Contraloría General del Estado, anunció que, en el presente ejercicio fiscal, se han planificado 12 exámenes especiales y una auditoría específica en relación con las asignaciones presupuestarias a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Esto, en el marco del proyecto de reforma a la Ley 047, que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías provenientes de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Además, la subcontralora recordó que, con anterioridad, se han ejecutado varios exámenes relacionados con la aplicación de esta normativa: en la provincia del Azuay, 27 exámenes a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 7 a los parroquiales; en Cañar, 14 a los municipios y 7 a las parroquias; en Morona Santiago, 16 a los municipios y 19 a las parroquias; en Tungurahua, 2 exámenes al GAD provincial y 19 a los GAD municipales.

La Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica en relación al (Decreto Ley N.º 047), que busca incorporar a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Este análisis se realizará previo a la elaboración del informe para primer debate.

Así mismo, la comisión conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con enfoque preferente para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

En cambio, el asambleísta por Sucumbíos, Comps Córdova manifestó que el proyecto de Ley se sustenta en el artículo 250 de la Constitución de la República que reconoce a dicha circunscripción especial, así como en la necesidad de viabilizar la aplicación del artículo 41.3 de la denominada “Ley Amazónica”, en lo relativo a la contratación pública preferente.

Mientras tanto, la propuesta legal tiene como objetivo que, en todos los procesos de contratación pública, se otorgue preferencia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos de origen local o de residentes permanentes en la región.

Finalmente, este proyecto de Ley será unificado con otras iniciativas legislativas que aborden la misma materia y que se encuentran en trámite en la comisión.

El director de la Agencia Nacional de Tránsito, el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y un experto en tránsito y seguridad vial presentaron en la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, sus observaciones a las reformas del Código Integral Penal en materia de tránsito. Esta iniciativa busca recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados especializados en esta materia.

Según, el director ejecutivo de la ANT, Alejandro Lascano expresó su conformidad con las modificaciones planteadas en la comisión de Gobiernos Autónomos con relación a las reformas propuestas a las penas no privativas de la libertad; contravenciones de tránsito de primera, segunda y cuarta clase; los mecanismos de impugnación de contravenciones; entre otros.

En cambio, para Esteban Orellana, director ejecutivo de AME, el ajuste del marco normativo conforme a las sentencias de la Corte Constitucional.

También, Orellana reiteró la importancia de considerar las diferentes modalidades de transporte, así como la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados. Y exhortó a la aplicación de sanciones por etapas de prevención e información.

Para, el asambleísta Adrián Castro, manifestó la importancia de recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y disminuir los procesos judiciales relacionados. Entre las medidas alternativas sería el trabajo comunitario, establecer agravantes por exceso de pasajeros, aplicar sanciones con reducción de puntos en la licencia y multas, incorporar un rango de tolerancia y endurecer las sanciones por el uso de llantas lisas.

Sin embargo, el experto en tránsito y seguridad vial, Pablo Cerón es partidario en la necesidad de sancionar con mayor rigor al exceso de velocidad, una de las principales causas de muertes en el país.

Mientras tanto, la rectora del ITESUT, la Máster Cecilia Flores, aseguró que “más allá de las sanciones y multas de cualquier tipo, la educación es principal, solo así podremos cambiar, por más Ley dura que sea, los siniestros de tránsito seguirán como la primera causa de las estadísticas de muerte en el Ecuador”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucía Pozo indicó la conformación de mesas técnicas para el análisis del proyecto de Ley en trámite.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió este martes 10 de junio de 2025 en Guayaquil con el gabinete de seguridad. El gobierno evaluó las acciones realizadas por el Bloque de Seguridad y las estrategias que continuaran implementando para combatir la violencia y a los grupos delincuenciales.

Según, el ministro del Interior, John Reimberg, la renovación del estado de excepción por 30 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito, es fundamental “en las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen en estas provincias focalizadas”, dijo.

Además, el Jefe de Estado suscribió el Decreto Ejecutivo N° 23 que recoge esta decisión para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos y mantener operativos para capturar a integrantes de los grupos delictivos transnacionales.

Así mismo, Reimberg insistió que el Ministerio del Interior sí participará en las mesas técnicas con el Consejo de la Judicatura, para dar resultados ante la impunidad de que personas aprehendidas salgan libres de manera inmediata: “Los ecuatorianos están cansados de que la Policía Nacional y FF.AA. cumplan su trabajo de dar seguridad al país, llevar a los delincuentes ante la justicia y que salgan inmediatamente. Hemos llegado a un punto donde no hay más tolerancia”, expresó.

Por lo que, el trabajo junto al sistema de justicia permitirá que las personas que cometen delitos como secuestros, asesinatos, tráfico ilegal de droga, sicariatos, entre otros permanezcan en los centros de rehabilitación y no salgan en libertad con medidas sustitutivas que les facilite seguir delinquiendo.

En cambio, respecto a la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional por la Asamblea Nacional, calificó de positiva ya que endurecerá las penas a los delincuentes y el apoyo a las fuerzas del orden, la Ley permitirá que se combatan las economías ilegales de los grupos terroristas, como se hizo hace días con el grupo “Los Choneros”, puntualizó.

Mientras tanto, durante el gabinete de seguridad el Presidente de la República, Daniel Noboa conoció que más de 200 servidores policiales tendrán una mejor habitabilidad en el sector Nueva Prosperina, en Guayaquil, sitio donde también se instaló una nueva Unidad de Policía Comunitaria. Y se prevé la construcción de otro proyecto en la misma zona para para fortalecer la seguridad.

Finalmente, en el gabinete de seguridad participaron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Gobierno; José de la Gasca; el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira; el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michele Sensi Contugi; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela; el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila; la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira; la secretaria General de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gelibert y la secretaria General de Comunicación, Irene Vélez.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no alcanzó los votos necesarios para calificar la solicitud de juicio político contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, por incumplimiento de funciones, por la desaparición forzada de cuatro niños en la ciudad de Guayaquil, el 2 de diciembre del 2024.

La asambleísta Ana Herrera mocionó que se califique la solicitud de juicio político, cuatro votos a favor y seis en contra. Por lo que, el expediente será archivado.

Según, los legisladores no se puede desarrollar un juicio político por un caso que es investigado en el ámbito penal, instancia en la cual se determinará quiénes fueron los responsables de la desaparición y muerte de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil.

También, los asambleístas que respaldaron la moción para calificar el juicio político señalaron la necesidad que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, acuda a la Asamblea para esclarecer este hecho que enlutó al país.