La comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, avanzó en la elaboración del informe para el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, con la participación de autoridades gubernamentales y docentes amazónicos.

Según, el presidente de la comisión, Guido Vargas, el objetivo de estas comparecencias permitió abordar la estabilidad laboral de los docentes amazónicos, quienes han enfrentado dificultades para obtener un nombramiento fijo. Propuso incluir disposiciones en la normativa para que los docentes con más de cinco años de experiencia accedan a la estabilidad laboral.

Para Lilibeth Romo, docente amazónica con más de 6 años, contó desde su experiencia como algunos compañeros amazónicos han sido afectados porque llegan docentes de otras provincias con nombramientos y son removimos de sus cargos sin la posibilidad de ser reubicados.

En cambio, Xavier Coloma, solicitó poder continuar con sus labores y que los concursos sean para los amazónicos y no como en el último concurso, que han sido de las regiones de la Sierra o Costa.

También, Coloma destacó la importancia de contar con estabilidad laboral para los docentes amazónicos.

Mientras tanto, Narcisa Sigcha, explicó el problema que viven los docentes que trabajan en el campo y las dificultades de acceso vial y a pesar de ello continúan su labor por el cariño a su profesión, aunque tienen 18 años de experiencia no cuenta con estabilidad laboral, continúa con contratos ocasionales.

Por su parte, Jorge Villarroel, delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que, estas propuestas reforman la normativa vigente y no reforma el presupuesto de los GAD, por lo que no tienen observaciones, de tener un impacto fiscal se emitirá un informe presupuestario.

Finalmente, la delegada del Ministerio de Trabajo, María Gabriela Pico, realizó observaciones a varios artículos de la Ley de Juventudes para que sean acogidas y poder realizar políticas públicas desde esta cartera de Estado en referencia al empleo.

La comisión del Derecho al Trabajo aprobó, con 9 votos a favor, el informe no vinculante sobre el estado de trámite de los proyectos de ley relacionados con los sistemas de seguridad social ISSPOL e ISSFA, así como las acciones realizadas para cumplir con la sentencia 3-16-IN-21.

El informe en respuesta a la solicitud de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, tras un auto de seguimiento emitido por la Corte Constitucional sobre el trámite de los proyectos de Ley señalados. La Corte, en su sentencia, había establecido un plazo de un año para el trámite de los proyectos,

Sin embargo, el plazo fue interrumpido por la situación de la muerte cruzada y por los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pese a estas interrupciones, la Corte solicitó, mediante un auto de seguimiento, revisar los avances en el trámite de los proyectos.

Además, uno de los puntos destacados fue que la información disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional solo incluía los informes de la Unidad Técnica Legislativa, sin reflejar los avances realizados por la comisión. Esta falta de actualización generó la percepción de una posible negligencia por parte de la comisión, lo que motivó a la Corte a solicitar una audiencia para que la comisión presente los justificativos correspondientes.

Así mismo, el informe aprobado detalla las sesiones realizadas, las comisiones generales y los pedidos de información, especialmente los informes actuariales solicitados a las dos instituciones involucradas en los proyectos de Ley.

Finalmente, el no haber brindado las facilidades necesarias para que los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comparezcan ante la comisión, situación que ha sido registrada en las actas y observada por los asambleístas Luzmila Abad y Jaime Guevara. Esta situación ha sido documentada y será enviada a la Corte Constitucional.

La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, tomó el juramento y posesionó al economista Roberto José Romero Von Buchwald como superintendente de Bancos, de conformidad con la designación efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 4 de diciembre del 2024.

Según, el CPCCS, Roberto José Romero Von Buchwald cumplió con los criterios de especialidad y méritos, por su formación académica como Economista, de la misma forma su formación de cuarto nivel como Máster en Dirección Comercial y Marketing; Máster en Administración de Empresas y Diplomado Internacional en Gobernanza y Liderazgo Cooperativo, complementó sus méritos, experiencia en el ámbito profesional como autoridad y representante de varios directorios de entidades financieras y no financieras en el sector privado.

Dentro del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, la comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional recibió a Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Mónica Luzárraga, experta en Derechos Humanos y Lorena Jalón Garcés, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo.

Según, Billy Navarrete la seguridad ciudadana y las violaciones a los derechos humanos son algunas de las principales preocupaciones que su organización ha documentado, especialmente en la provincia del Guayas. Las desapariciones forzadas cometidas tanto por agentes de la fuerza pública como por civiles, bajo la tolerancia de las autoridades.

Además, respecto a los niños de Las Malvinas relató que, el 8 de diciembre del 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana los detuvo arbitrariamente a los niños, sin justificación legal y los trasladó fuera de su jurisdicción, dejándolos en la carretera de Taura en condiciones deplorables. “Estos chicos fueron detenidos ilegalmente y finalmente, encontrados muertos tras ser sometidos a torturas”. Este caso no debe ser considerado un hecho aislado, sino parte de un fenómeno creciente de desapariciones forzadas en el Ecuador, agudizado por la militarización de la seguridad en varias zonas del país, dijo.

En cambio, Mónica Luzárraga sostuvo que el inadecuado procedimiento legal en este caso de detención de menores de edad. Los derechos de los niños no fueron respetados en el proceso y la detención fue ilegal y arbitraria. No fueron observados por los agentes del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Finalmente, Lorena Jalón presentó una cronología de los hechos y destacó que la Defensoría recibió una alerta sobre la desaparición entre el 14 y 15 de diciembre, la denuncia no fue clasificada como desaparición forzada, sino como secuestro, lo que impidió una respuesta más eficaz por parte de las autoridades. Las estadísticas de desapariciones a nivel nacional en el 2023 se registraron 3 680 alertas, el 80 % aún no se han resuelto. El 2024 las alertas ascendieron a 3 426, y en enero del 2025 ya se han registrado 250 casos. Las provincias con mayor número de desapariciones forzadas son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, puntualizó.

Este domingo 26 de enero 2025, con 72 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual calificó el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, urgente en materia económica, presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, el legislador Andrés Briones, es importante destacar el emprendimiento femenino y requiere el respaldo del Estado, dijo.

El Asamblea resolvió que esta iniciativa sea tratada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.

Además, autorizó la unificación del proyecto con otros de la misma materia que se encuentren en la comisión.

La propuesta de Ley tiene por objeto impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras formalizadas en el Ecuador, mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando la igualdad de oportunidades en el ámbito económico.

Este proyecto de Ley presentado por el Presidente de la República, Daniel Noboa no contó con el apoyo de la bancada del Gobierno (ADN), quienes al momento de votar decidieron abstenerse.  

La Corte Constitucional, por unanimidad, mediante sentencia aceptó la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional, para detener la vigencia de la Ley que generaba más impuestos para los ecuatorianos, enviada al Registro Oficial por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Además, la Corte en su interpretación constitucional precisa que, “la Asamblea Nacional, bajo el trámite ordinario, está facultada para negar y archivar un proyecto de Ley en el primer debate, sin que exista la obligación de agotar un segundo debate para dicho fin en todos los casos”.

La Asamblea Nacional, como primera función del Estado, representante de los ciudadanos, ratifica su compromiso para seguir defendiendo sus derechos y no permitir que a través de leyes se le incrementen impuestos, le sigan metiendo la mano a los bolsillos de las familias ecuatorianas.

Integrantes del programa Jóvenes en Acción de Manabí dialogaron con el presidente de la República, Daniel Noboa, entre los temas que abordaron fueron liderazgo juvenil para la preservación ambiental y recuperación económica del país que se gestiona, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Según, el presidente Noboa el gobierno representa la rebeldía de la juventud frente a la vieja política. “Vimos esta opción legal y rápida para darle a 80.000 jóvenes la oportunidad de trabajar por tres meses temporalmente y ganar experiencia”, dijo.

El Gobierno Nacional en noviembre del 2024 decretó la creación del programa Jóvenes en Acción para fortalecer las capacidades y potencialidades de las juventudes. La iniciativa entrega una transferencia económica mensual de 400 dólares, por tres meses, a los ecuatorianos de 18 a 29 años que, en 11 meses emprendieron proyectos o acciones que mitiguen la crisis ambiental, energética y reactive la economía del país.

Además, más de 80.000 jóvenes están vinculados en estas actividades que motivan un cambio generacional en este sector de la población. Y solo en Manabí, 1.630 personas son parte del cambio, aseguró Noboa.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, indicó que el programa institucional es un éxito por las experiencias obtenidas con los participantes: “Hoy tenemos personas jóvenes que están procesando datos que recolectaron en campo, que aprenden el conteo de tráfico, a dimensionar las vías, a generar inventarios de puentes, lo que ayuda al cambio climático”.

También, el Jefe de Estado ratificó que es prioridad del Gobierno atender al 40 % de la población joven del país. Crear programas para responder al grupo etario es un eje de trabajo que se cumple con la entrega de 110.000 becas, de las cuales 84.000 se destinaron a las mujeres.

Finalmente, para este programa se destinó cerca de 100 millones de dólares, expresó el Mandatario. Quienes hayan accedido al programa no solo aportan económicamente en sus hogares, de ser el caso, sino que adquieren conocimientos en el campo laboral y se preparan para el futuro.

El Gobierno Nacional, entregó al sector agropecuario para garantizan la seguridad alimentaria del país, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la ciudad de Riobamba, maquinaria agrícola, insumos y otros beneficios a pequeños y medianos productores de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. En el evento participó el presidente de la República, Daniel Noboa junto a las autoridades locales.

El MAG asignó 86 kits de silvopasturas, 37 kits de semilla de pasto, 42 paquetes tecnológicos agrícolas y 30 kits de paquetes sostenibles agroecológicos, enfocados en mejorar la productividad y promover prácticas sostenibles.

También, recibieron 618 títulos de propiedad, cinco sellos de la Agricultura Familiar Campesina, 22 certificados a productores de Comunidades de Aprendizaje de la AFC, tres personalidades jurídicas a las asociaciones productivas y diez nombramientos de cabildo, fortaleciendo la organización local.

En cambio, 42 Unidades Móviles Agroproductivas, distribuidas entre las provincias beneficiadas: 8 para Chimborazo, 16 para Cotopaxi, 6 para Tungurahua y 12 para Bolívar. Estas unidades tienen como objetivo mejorar las actividades productivas de los agricultores.

Mientras tanto, el Presidente Noboa llamó a la ciudadanía a ser “resiliente y adaptarse al cambio para juntos consolidar un mejor futuro para las nuevas generaciones. La gestión no se ve cuando hay abundancia de recursos, la gestión real se ve cuando hay escasez”, dijo.

Finalmente, estas acciones se suman a otras, como la condonación de deudas de las juntas de agua de riego, como parte del compromiso del Gobierno Nacional con el agro ecuatoriano, su desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los agricultores y sus familias.