El Consejo Nacional Electoral, este martes 24 de diciembre, habilitó el micrositio “Conoce a tu candidato”, con el objetivo de promover el voto informado de la ciudadanía, en el marco de las Elecciones Generales 2025.

La plataforma permitirá consultar los planes de trabajo de las y los candidatos calificados en firme, de las siguientes dignidades: binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas por circunscripción, asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos.

El micrositio cuenta con una interfaz amigable y está disponible ingresando a la página web institucional www.cne.gob.ec.

Los informes para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Neuroprotección y Aplicación Ética de las Neurotecnologías y Salud Renal y Nefroprevención, están listos para ser debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La primera propuesta, es innovadora y fortalecerá la protección de la dignidad, privacidad y autonomía de las personas frente a los avances en neurotecnologías. Establece y garantiza la neuroprotección en el ámbito medicinal, aplicando los principios éticos de la investigación en el avance terapéutico de las neurotecnologías.

Además, protege los derechos respecto del mal uso o uso abusivo de las neurotecnologías, con el propósito de preservar la dignidad humana frente al desarrollo de nuevas tecnologías terapéuticas invasivas o no invasivas.

En cambio, el segundo proyecto tiene por objeto garantizar el cuidado integral y la prevención de la enfermedad renal crónica (ERC), estableciendo estrategias para su detección temprana, tratamiento, rehabilitación y promoción de la salud renal, con respeto a los derechos humanos.

Según, el informe la ley es una respuesta integral y necesaria, que no solo garantiza el acceso a tratamientos para quienes padecen de enfermedades renales crónicas, sino que también refuerza el compromiso del Estado con el derecho a la salud, equidad y sostenibilidad.

La enfermedad renal crónica (ERC), constituye un problema de salud pública a nivel global, caracterizado por una alta morbilidad y mortalidad, costos elevados y una carga significativa sobre los sistemas de salud.

En el Ecuador la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado de manera preocupante, con una tasa de incidencia y prevalencia que exceden las recomendaciones internacionales. La implementación de esta ley será un paso crucial para mejorar la calidad de vida de miles de ecuatorianos y construir un sistema de salud más inclusivo y eficiente.

Finalmente, ambos proyectos de Ley fueron socializados y recibieron observaciones de especialistas, instituciones públicas y privadas, actores relacionadas con la problemática.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz revisó el proyecto de ordenanza del dispositivo electrónico de identificación vehicular (DEIV) o ‘Tercera Placa’ que permitirá registrar y gestionar de mejor forma la información del vehículo. El objetivo del dispositivo es facilitar la movilidad segura, eficiente y organizada en el Distrito Metropolitano de Quito; la identificación precisa de los vehículos matriculados en el Distrito y la optimización de la planificación del tránsito.

Además, el dispositivo incluye tecnología RFID (dispositivo diseñado para identificar y rastrear objetos a distancia de hasta 12 metros utilizando ondas de radio en puntos específicos y únicamente a través de antenas lectoras), con norma ISO 18000, especificaciones técnicas y un código QR.

La protección de datos estaría alineada con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en el país y de uso exclusivo para mejorar la gestión del tránsito, la revisión técnica vehicular y garantizar la seguridad vial.

El Proyecto de Ordenanza Metropolitana deberá seguir el trámite correspondiente en el Pleno del Concejo Metropolitano para su aprobación.

La Comisión de Protección Integral a Niñas Niños y Adolescentes, avanza en el análisis de la situación de las niñas, niños y adolescentes en las Islas Galápagos, esto respecto del informe de la Defensoría del Pueblo, que reveló algunas preocupaciones en cuanto a la atención en materia de salud. Por lo que, el delegado del Ministerio de Salud, explicó las estrategias para atender a la población en la región Insular.

Por su parte, el viceministro de Gobernanza de la Salud, Carlos Palomino, ante el pedido de que se pueda contar con especialistas en determinadas ramas de la medicina, por ejemplo, en obstetricia y ginecología. para atender oportunamente las demandas de esta zona, que es complicado atender este requerimiento, debido a las limitaciones de recursos, habría que sacar médicos de una plaza y pasarlas a otra.

En cambio, Andrea Prado, viceministra de Atención Integral, aseguró que para el 2025 se ha incrementado el presupuesto para alcanzar una atención adecuada, a través de una Red Integral del Sistema de Salud, que permite el traslado aéreo de pacientes de las islas al continente o entre islas, con el apoyo de la Fuerza Naval y Terrestre acantonadas en esta provincia. Se han realizado más de 35 operaciones de transporte a través de este mecanismo, dijo.

También, se ha entregado una ambulancia nueva para el Hospital Básico de la región.

Otra es la aplicación de un programa de telemedicina. Igualmente, a través del área de inmunización, se informó que han adoptado todas las medidas para garantizar la provisión, mantenimiento, a través de una cadena de frío y la cobertura de vacunas de diversos tipos, especialmente las que se relacionan con enfermedades más recurrentes, en particular, las vacunas contra el virus del papiloma humano que, por primera vez, se aplicó a la población masculina, es decir, se inmunizó a las niñas y niños desde los 9 años de edad.

La comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Este documento será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que incluya su tratamiento en el Pleno.

La reforma responde a la transición demográfica que atraviesa Ecuador, caracterizada por una reducción en la tasa de fecundidad y un aumento en la esperanza de vida. Esta realidad exige un marco normativo que garantice un envejecimiento activo, digno y saludable, alejando a las personas adultas mayores de procesos de institucionalización y promoviendo entornos que favorezcan su autonomía y desarrollo.

El informe recoge aportes de los asambleístas miembros de la comisión, instituciones del Estado y la ciudadanía, con un capítulo especial dedicado al cumplimiento de estándares internacionales en derechos de las personas adultas mayores. Este enfoque busca asegurar su pleno disfrute y ejercicio de los derechos.

El constitucionalista Xavier Palacios, presentó su criterio respecto a la propuesta de reforma parcial a la Constitución de la República, relacionada con la eliminación de la prohibición de instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano.

Según, Palacios la prohibición real de la instalación de bases militares extranjeras, aquello no implica regresión de derechos, la soberanía se mantiene intacta y la necesidad de un instrumento internacional que podría tener dos controles, de la Corte Constitucional y de ser necesario por la Asamblea Nacional, explicó.

Además, el constitucionalista aseguró que la sola reforma al artículo 5 de la Constitución no habilita automáticamente la instalación de una base militar extranjera; por lo que la Asamblea Nacional podría precisar el contenido del artículo 5 de la Constitución, a fin de delimitar en qué circunstancias se daría la instalación de tales bases en el Ecuador, por ejemplo, para combatir el crimen transnacional.

Para la presidenta de la comisión ocasional, Gissela Garzón las observaciones de los legisladores al proyecto de reforma parcial a la Constitución es importante, por lo que solicitó oportunamente que los asambleístas presenten sus observaciones, expresó.

Finalmente, la legisladora espera que, de acuerdo al cronograma, asistirán representantes de los colectivos de la sociedad civil, respetando el plazo establecido en el artículo 73, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 104 votos, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, respecto al Régimen Especial de Galápagos que se enfoca en agilizar y mejorar las disposiciones relacionadas con la jubilación, el acceso a servicios de salud y otras prestaciones para los residentes de esta región.

Además, el propósito de la Ley es asegurar condiciones laborales y sociales justas para los habitantes de Galápagos, cumpliendo con los principios de inclusión, equidad, suficiencia y solidaridad del Sistema de Seguridad Social.

Según, el asambleísta Jaime Guevara los fines y objetivos son cinco fundamentales: garantizar equidad en la jubilación; facilitar el acceso a los servicios de salud; adaptar el texto normativo a la legislación actual; fortalecer mecanismos de auditoría y control en materia laboral y ajustar las prestaciones que otorga la Ley de seguridad social que beneficiaría a más 9 mil afiliados activos, pensionistas y jubilados.

Por lo que, el Ministerio de Trabajo y el IESS realizaran controles constantes de fiscalización a fin de evitar la elusión de la norma por parte de los empleadores en incumplimiento de los pagos.

También, las pensiones y demás prestaciones de los afiliados de Galápagos estarán de acuerdo con IPC que contempla la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos del 2015. Estos ajustes deben estar presentes en los salarios de aportación, por tanto, en el salario promedio que luego da lugar a las prestaciones, en particular a las pensiones por vejez.

La nueva Ley modifica el segundo párrafo de la Disposición Especial Única de la Ley de Seguridad Social para que los beneficios de todas las prestaciones de la seguridad social se calculen sobre la totalidad de la remuneración imponible, incluidos los incrementos, cuando estos hayan formado parte de la materia gravada sobre sean los aportes.

El IESS cubrirá́ los gastos de traslado, retorno y de subsistencia, por el tiempo que demande la atención médica.

Para Lenin Rogel el costo de la vida en Galápagos es el doble que el de Ecuador Continental, la Ley busca terminar con las asimetrías entre los aportes, dijo.

Por su parte, el legislador Milton Aguas, destacó que las reformas hacen justicia social en el pago de las prestaciones y que no tiene impacto.

Finalmente, los ciudadanos de Galápagos merecen atención medica de salud adecuada y en todas las ramas; no hay centros de salud ni hospital de especialidades y con sus propios recursos salen al Ecuador Continente, expresó.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de diciembre del 2024, el proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, que reforma de manera integral a la Ley vigente. El objetivo principal es garantizar derechos fundamentales y promover la inclusión plena de este grupo prioritario en la sociedad.

Según, la Asambleísta Jhajaira Urresta esta propuesta plantea un cambio de enfoque hacia un modelo social de la discapacidad. «Es una Ley justa y respetuosa, que elimina barreras estructurales», dijo.

Para la legisladora Paola Cabezas el respaldo unánime del parlamento a esta Ley significa un enfoque de verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el país.

En cambio, la asambleísta Pierina Correa sostuvo que la importancia de eliminar los prejuicios sociales que dificultan la integración. «No son las personas con discapacidad las que no pueden integrarse, sino nosotros por miedo y desconocimiento».

Por su parte, el asambleísta Adrián Castro señaló que los elementos innovadores de la Ley, como el incentivo a centros de empleo, el diseño universal de aprendizaje y su impresión en braille permitirán una mayor integración de las personas con capacidades especiales.

De esta forma las coincidencias giraron en torno a que Ley marca un hito para garantizar igualdad e inclusión, enfrentando desafíos históricos para este grupo prioritario.

Mientras tanto, Andy Díaz, especialista en Derechos Humanos y activista social con discapacidad, destacó que abordar la discapacidad es «hablar de humanidad». Y garantizar los derechos fundamentales en áreas como trabajo, salud y educación.

Sin embargo, Jhoana Haro, viceministra de Gestión Educativa, aseguró que las instituciones educativas deben ser inclusivas y accesibles, con personal capacitado en metodologías inclusivas que permitan el aprendizaje sin límites ni excepciones.

También, Edison Martínez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, manifestó que esta nueva Ley promueve la autonomía de las personas con discapacidad, abarcando educación, salud y empleo. “Por primera vez, se tiene un enfoque integral para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma”.

Finalmente, Johana Aimacaña, de la subsecretaría de Discapacidades, expresó que los modelos de atención están evolucionando hacia enfoques más actuales e integrales, considerando a los cuidadores dentro de las políticas de inclusión.

La Comisión de Seguridad Integral recibió observaciones de Alberto Jara y Juan Pablo González, expertos en seguridad digital de Chile, respecto a legislación comparada, para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital.

Los expertos expusieron puntos de contraste entre la naturaleza marco de la legislación chilena y el proyecto de Ley tramitado en la Asamblea Nacional. “El primero cumple la función de orientar las acciones de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad digital y el segundo regula las garantías fundamentales que el Estado brinda en esta materia”, coincidieron en sus exposiciones.

Además, “el perímetro regulador de la Ley, en el caso ecuatoriano, abarca a todos los organismos del sector público o personas que realicen actividades en el ciberespacio, mientras que, en Chile el foco es únicamente los prestadores de servicios esenciales que realizan actividades relevantes para el ciberespacio nacional”, sostuvo Jara.

Así mismo, destacó la robustez del sistema punitivo administrativo en las dos normativas. Para los expertos, el proyecto de Ley debatido por la comisión debe observar la gravedad de poner en riesgo la seguridad digital.

Por lo que, propusieron crear, técnicamente, un esquema de sanciones leves, graves y gravísimas que, “en la Ley chilena va desde los 36 mil dólares, hasta los 2 millones 600 mil dólares, mientras que en el proyecto ecuatoriano alcanza apenas los 9 mil”.

Finalmente, González resaltó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la neutralidad tecnológica. “Así el Ecuador tendrá la libertad de elegir cualquier tipo de tecnología para su seguridad en el entorno digital. Este principio tiene vital importancia en el contexto geopolítico actual y el enfrentamiento entre potencias que podrían ejercer presión para excluir o elegir tecnología”, precisó.