Más oportunidades de capacitación y vinculación laboral se abren para los jóvenes ecuatorianos con el programa “Compromiso por el Empleo”. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa, este 31 de marzo en Cuenca, durante la presentación de esta iniciativa orientada a fortalecer habilidades, mejorar perfiles y facilitar el acceso a plazas de trabajo.

El presidente Noboa explicó que “en total vamos a lanzar 90.000 capacitaciones gratuitas para que mejoren su perfil laboral”. Para ello, el Gobierno Nacional articula esfuerzos con el sector privado y la cooperación internacional.

El programa brindará capacitaciones gratuitas a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, con una duración de 60 a 90 horas en temas como ⁠emprendimiento y pequeños negocios, ⁠fuerza de ventas y competitividad empresarial, marketing digital y programación web.

Además, ofrecerá procesos de certificación por competencias laborales, con una duración de dos días, en áreas como confecciones textiles, comercio minorista, agricultura, electricidad, gastronomía, prevención de riesgos, carpintería, marketing y ventas.

Durante la primera etapa el programa “formará a más de 28.000 jóvenes para que atraviesen el proceso de colocación en empresas aliadas. El progreso es imposible sin educación”, agregó el Primer Mandatario.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, indicó que “esta es una opción de titulación profesional, va a estar inscrita en la SENESCYT. Es decir, ustedes van a tener una certificación que les compromete a ser responsables con su trabajo”.

Quienes deseen participar de los procesos de capacitación o certificación deben registrarse en la plataforma Encuentra Empleo (encuentraempleo.trabajo.gob.ec) e inscribirse en el curso a su elección en el SECAP. A su correo llegará la confirmación del día de inicio del curso seleccionado.

“Si nosotros sembramos y damos oportunidades a los jóvenes, estamos asegurando un país que se desarrolle económica y socialmente en los próximos 20 años”, aseguró el Jefe de Estado.

También, Noboa señaló que para este año la meta de su administración es generar 160.000 empleos a nivel nacional.

Finalmente, este tipo de iniciativas, el Gobierno del presidente Noboa apunta a generar oportunidades concretas para la juventud, fortalecer sus capacidades y conectar su talento con el sector productivo, como parte de una política orientada a impulsar el desarrollo económico y social del país.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 80 votos a favor, la resolución que respalda el accionar del Presidente de la República en relación con la declaratoria de prioridad nacional en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, el objetivo realizar operaciones conjuntas con los aliados estratégicos regionales, relativas a la justicia y dignidad nacional de los ecuatorianos.

La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita el documento a la Presidencia de la República, Cancillería, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para su conocimiento y difusión.

La lucha contra la delincuencia organizada, el narcoterrorismo y la minería ilegal constituye una prioridad nacional, respaldada por el Ejecutivo como por la ciudadanía, que enfrenta diariamente escenarios de inseguridad, extorsión y violencia.

La Primera Dama, Lavinia Valbonesi, inauguró en Guayaquil un nuevo Centro Integral ANA, un espacio creado para brindar atención, acompañamiento y oportunidades a mujeres que buscan reconstruir sus vidas y fortalecer su autonomía. Este nuevo centro forma parte del crecimiento de Fundación ANA, una iniciativa que trabaja para generar oportunidades reales para mujeres en situación de vulnerabilidad, a través de programas de capacitación, apoyo emocional, desarrollo personal y herramientas para la independencia económica.

La apertura del Centro Integral ANA en Guayaquil representa un paso importante en la consolidación de una red de apoyo que busca llegar a más mujeres y sus familias en distintas ciudades del país, a través de espacios seguros donde puedan acceder a acompañamiento y nuevas oportunidades.

Según, la Primera Dama la importancia de fortalecer este tipo de iniciativas: “Cuando una mujer recibe apoyo, capacitación y herramientas para construir su independencia, no solo cambia su vida, también cambia el futuro de su familia”.

El centro ofrecerá programas orientados al fortalecimiento personal y económico, así como espacios de formación y acompañamiento para mujeres que atraviesan situaciones complejas.

Con esta apertura, Fundación ANA continúa ampliando su impacto social, consolidando una iniciativa que busca transformar realidades y generar oportunidades para miles de mujeres ecuatorianas.

El uso de la firma electrónica en Pichincha se consolida como una herramienta clave para la gestión de trámites. Entre enero y diciembre del 2025 se acreditaron 2.013 certificaciones, mientras que de enero a febrero del 2026 se emitieron 267, lo que evidencia el creciente interés ciudadano en esta tecnología con plena validez jurídica y admisible como prueba en procesos judiciales.

La firma electrónica permite suscribir documentos desde cualquier lugar con acceso a internet, sin necesidad de imprimirlos ni acudir físicamente a oficinas. Facilita la presentación de escritos judiciales y notariales, trámites de compras públicas, facturación electrónica, operaciones bancarias y firma de contratos.

Este mecanismo identifica al autor del documento digital con la misma eficacia que la firma manuscrita y cuenta con tecnología de validación segura. Entre sus principales beneficios se destacan la seguridad, transparencia y el ahorro de tiempo y costos de traslado.

Para obtener el certificado, la ciudadanía puede ingresar a https://www.icert.fje.gob.ec y completar tres pasos: pago, solicitud y activación. La validez jurídica se mantiene únicamente en formato digital; al imprimirse, pierde las garantías de seguridad y autenticidad del sistema criptográfico.

La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones del General en servicio pasivo, Paco Moncayo previó al informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

Según, Moncayo la Constitución del 2008 presenta ambigüedades en conceptos clave, como seguridad integral, seguridad humana y las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que ha generado confusión en la aplicación de políticas públicas, dijo.

Además, Paco Moncayo sostuvo que Ecuador enfrenta actualmente un contexto de amenazas híbridas vinculadas al crimen organizado transnacional, que operan en múltiples dimensiones, incluido el ciberespacio, configurando un conflicto de alta intensidad que requiere respuestas integrales del Estado. El proyecto de Ley mantiene enfoques tradicionales y advirtió que, de no actualizarse, se corre el riesgo de aprobar normas propias del siglo pasado frente a realidades actuales.

En cambio, el rol de las Fuerzas Armadas es de apoyo complementario a la Policía Nacional, señaló.

También, identificó inconsistencias en el articulado del proyecto, entre ellas, el uso inadecuado de términos jurídicos, problemas en la definición de principios, limitaciones operativas poco realistas y errores en la cadena de mando, destacando que la conducción debe mantenerse en el ámbito civil.

Paco Moncayo consideró importante fortalecer la coordinación entre militares y policías y garantizar seguridad jurídica para los uniformados, sin descuidar el respeto a los derechos humanos. El país requiere leyes coherentes, aplicables y alineadas con los desafíos actuales para enfrentar la crisis de seguridad, indicó.

El Consejo de Administración Legislativa, calificó diez proyectos de Ley que pasaron a las comisiones para su tratamiento, de acuerdo con su ámbito de especialidad. Tras los informes favorables de la Unidad Técnica Legislativa.

La comisión de Salud tramitará tres iniciativas: el proyecto de Reformas a la Ley de Ejercicio Profesional de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador; el Proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia Obstétrica y el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral durante la Menopausia y el Climaterio.

Por su parte, la comisión de Educación tendrá a su cargo dos proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a la Ley Orgánica de Educación Superior.

Así mismo, la comisión de Relaciones Internacionales tramitará dos proyectos de Reforma a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

En cambio, la comisión de Régimen Económico tramitará el proyecto de reforma a la Ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica, con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos.

Además, la comisión de Justicia abordará una reforma al Código Orgánico Integral Penal, relativa a la valoración del riesgo procesal en la prisión preventiva y la comisión de Gobiernos Autónomos tramitará la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, orientada a fortalecer la gobernanza, transparencia del fondo común y la protección de derechos, así como a garantizar el carácter vinculante de los planes de vida.

Finalmente, en materia de fiscalización y control político, el CAL conoció y resolvió sobre los informes remitidos por el coordinador general de Relaciones Interinstitucionales, relacionados con requerimientos de información solicitados por los legisladores Victoria Desintonio, Eustaquio Tuala y Gabriela Molina, los cuales serán remitidos a las comisiones especializadas para su respectivo seguimiento.

Garantizar la conectividad vial en todo el país es una de las prioridades del Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Por lo que recorrió la rehabilitación de la vía Chigüe-Casa de Mono en Esmeraldas, dentro de las actividades de la jornada de trabajo que cumplió en la provincia verde.

Está obra vial es financiada por Petroecuador con una inversión de más de 2,3 millones de dólares y es parte de las acciones de compensación social por el Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo-Quito. La ejecución de la obra está a cargo del GAD provincial de Esmeraldas, contempla la intervención de 6,04 kilómetros e incluye la construcción de alcantarillas, colocación de material de mejoramiento, construcción de cunetas, entre otras.

El sector productivo y campesino podrá transportar con inmediatez sus productos y esto impactará positivamente en la economía local. “La comunidad y todos los recintos del área son los beneficiados.

Petroecuador mantiene otros dos convenios suscritos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, destinados al financiamiento y ejecución de obras viales estratégicas. Uno de ellos es la rehabilitación de la vía Viche – El Albe – Cascada La Chorrera, con una inversión de 3,2 millones de dólares y la rehabilitación de la vía E20 – Herrera con 2,7 millones de dólares destinados. Que beneficia a 77.000 habitantes en las parroquias de Chinca, Viche y Rosa Zárate, contribuyendo a la conectividad, desarrollo productivo y acceso a servicios básicos.

En un sector históricamente liderado por hombres, donde, “solo el 9% de los roles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Latinoamérica son ocupados por mujeres”, según datos de la Cámara de Comercio de Quito, en el 2025. Belén Martínez, fundadora de BEMART, se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes de la tecnología médica en Ecuador. Su trabajo, marcado por innovación, sensibilidad humana y excelencia técnica, representa una contribución necesaria en un campo donde la presencia femenina continúa siendo limitada, pero profundamente relevante.

La brecha de género en la ciencia y la tecnología, incluso, sigue siendo evidente a nivel global; de acuerdo con la UNESCO “las mujeres representan menos de un tercio de la comunidad investigadora en todo el mundo”. Cerrar este vacío no solo responde a principios de equidad, sino que es clave para elevar la calidad, relevancia científica y capacidad de innovación de los países.

Belén Martínez, magíster en gestión hospitalaria y nuevas tecnologías, aseguró que han alcanzado consolidarse como un referente nacional en biomedicina, esto a su visión estratégica, compromiso con la calidad y su capacidad para integrar ciencia, tecnología y trato al paciente.

Este 20 de marzo del 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a una nueva jueza que integrará el tribunal especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Este tribunal debe estar conformado por al menos nueve jueces.

Sin embargo, en las últimas semanas renunció Carlos Serrano y destituyó a otra juzgadora, lo que generó vacantes en su integración.

El Consejo de la Judicatura procedió a cubrir las plazas para garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Para la designación, el Pleno del Consejo de la Judicatura recurrió al banco de elegibles vigente y verificó que la jurista nombrada no registre impedimento legal para ejercer el cargo en el sector público.

El CJ ratificó su firme decisión de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, garantizando que el sistema judicial cuente con los recursos humanos necesarios para enfrentar este tipo de delitos con rigor, oportunidad y apego a la ley.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, este 19 de marzo aprobó reformas al reglamento que regula las compensaciones o indemnizaciones económicas por la desvinculación de servidores judiciales con nombramiento permanente.

La nueva normativa introduce un cambio de fondo: los servidores que enfrenten sumarios disciplinarios por faltas gravísimas que podrían derivar en destitución no recibirán compensación económica, a pesar que cumplan con los demás requisitos administrativos y legales.

La reforma establece que únicamente en caso de que el servidor sea declarado inocente, su caso será archivado o no concluya en destitución, podrá acceder al pago, pero en un plan de desvinculación posterior. Caso contrario, perderá definitivamente este beneficio.

Esta medida busca reforzar los mecanismos de control institucional y garantizar un uso más riguroso de los recursos públicos, evitando que se destinen a funcionarios cuya permanencia esté en entredicho por presuntas infracciones gravísimas.