“Con este proyecto van a tener agua de calidad y una mejor vida”, sostuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, este lunes 29 de diciembre 2025, durante la entrega de la primera obra del proyecto “MegaFiltros” y maquinaria. El acto se desarrolló en el Recinto San Vicente de Loja, una de las siete juntas que se beneficiarán de esta infraestructura, en la primera fase.

El MegaFiltros es una iniciativa del Gobierno Nacional a través de la Empresa Pública del Agua, que busca mejorar la calidad del agua que reciben miles de familias rurales. En el país, más de 2 millones de personas que viven en el campo, en comunidades que han permanecido invisibilizados durante años y no cuentan con un acceso al agua potable, por lo que esta infraestructura representa dignidad para los ciudadanos.

La obra, llegará a siete comunidades rurales del país: San Vicente de Loja (Santa Elena), Salinas de Guaranda (Bolívar), Facundo Vela (Bolívar), Cochapamba (Chimborazo), Fumisa (Los Ríos), Majua (Esmeraldas) y Atahualpa (Napo), con una inversión de 787.000, dólares beneficiando a cerca de 11.000 personas. La infraestructura entregada en Santa Elena, tiene una inversión de 135.000 dólares.

“Lucharemos por Santa Elena, las comunidades y juntas que tanto necesitan la atención del Estado. Siempre lucharemos por las personas que más lo necesitan”, dijo el Presidente Noboa.

Para Carlos Cedeño, presidente de la Junta de Agua de San Vicente de Loja, la cristalización de este proyecto brindará agua de calidad a los hogares de la zona poniendo fin a décadas de injusticia donde los ciudadanos extraían agua cruda del subsuelo, muchas veces contaminada y a la dependencia de tanqueros para abastecerse de agua apta para el consumo y uso humano, expresó.

Según, Nicolina Orellana, delegada del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Pública del Agua, EPA EP, afirmó que “este gobierno es de obras, no de palabras”. Este proyecto se traduce en dignidad para las familias y se extenderá en la Sierra y el Oriente a partir del 1 de febrero del 2026.

Mientras tanto, el Presidente Noboa indicó que “Ecuador está en una situación mucho más estable, que nos permite atender mejor a cada uno de los ciudadanos.

Finalmente, el proyecto MegaFiltros es un símbolo tangible del compromiso del Gobierno Nacional con las familias rurales históricamente olvidadas, demostrando con hechos la voluntad política de garantizar la calidad del agua y de cumplir con las promesas de cambio.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos a favor, aceptó la solicitud de licencia del presidente de la República, Daniel Noboa, está regirá desde el jueves 1 al domingo 18 de enero del 2026, de acuerdo al art.146 de la Constitución de la República, en concordancia con lo previsto en el art. 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Durante los 18 días de licencia, el Jefe de Estado atenderá asuntos de carácter personal, según consta en el oficio remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, al titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

Para el asambleísta Johnny Lavayén, aceptar la licencia solicitada por el Presidente de la República, este procedimiento es un mecanismo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para dar un orden y continuidad institucional a la gestión del Estado, en caso de ausencia temporal del Primer Mandatario.

El art. 42 de la LOFL establece: “La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la Presidencia, por un período máximo de un mes. La Asamblea Nacional evaluará la solicitud y podrá aceptarla o negar con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes”.

La resolución será notificada al Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República y al Consejo Nacional Electoral para los fines constitucionales y legales correspondientes.

El Doctor Rodrigo Borja Cevallos, nació en Quito el 19 de junio de 1935, fue un político y jurista ecuatoriano. Presidente del Ecuador del 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992. Desde temprana edad se dedicó a la política. Fundador ideológico, y figura máxima del partido socialdemócrata Izquierda Democrática, fue candidato presidencial en 1978, 1984, 1988 y 1998, ganando las elecciones presidenciales en 1988.

Además, fue diputado del Congreso Nacional en 1962, 1970 y 1979, falleció a los 90 años. El presidente de la República, Daniel Noboa decreto luto nacional

“PAZ EN SU TUMBA”

El Registro Civil del Ecuador, en cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, llevará a cabo este sábado 20 de diciembre una nueva jornada extraordinaria para el servicio de cédulas y pasaportes, sin turno, como parte del compromiso del Gobierno Nacional de escuchar las necesidades de la ciudadanía y acercar los servicios. La atención se desarrollará de 08h00 a 14h00.

Para el servicio de cedulación, estarán habilitadas 38 agencias a escala nacional, mientras que, para pasaportes se atenderá en las 3 agencias principales: Quito – Matriz, Guayaquil – Gobierno Zonal y Cuenca – San Blas. Los ciudadanos recibirán sus documentos de identidad y viaje el mismo día.

Las jornadas extraordinarias de fin de semana se han consolidado como un sello institucional del gobierno de El Nuevo Ecuador, a través del Registro Civil, orientado a atender a las personas que, por motivos de trabajo, familiares o personales, no pueden acudir durante los días laborables. Si bien, la institución mantiene la atención sin turno de lunes a viernes, estas jornadas reflejan el compromiso de escuchar y responder a las necesidades reales de la ciudadanía, ampliando las opciones de acceso a los servicios de identidad.

Para la cédula de identidad, las personas deberán acudir con el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación y si el documento fue extraviado o robado, la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura. El costo de la cédula por primera vez es de $5,00 y por renovación de $16,00. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas de pago.

Mientras tanto, quienes requieran obtener su pasaporte deberán presentar el comprobante de pago impreso emitido por la entidad bancaria correspondiente, la cédula de identidad vigente y el pasaporte anterior en caso de renovación, siempre que este se encuentre vigente. En situaciones de pérdida o robo, será obligatorio presentar el Formulario de Documentos Extraviados, disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

Finalmente, todas las agencias están habilitadas en el país para la jornada extraordinaria del fin de semana. En 20 jornadas extraordinarias se han beneficiado a 285.594 ciudadanos.

El Pleno de la Asamblea Nacional realizó el segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación. La propuesta unifica 25 iniciativas legislativas, busca corregir problemas estructurales para transformar de manera efectiva la calidad de la gestión y responder a la realidad actual del sistema deportivo nacional.

El proyecto de ley representa una reforma estructural e integral del marco normativo deportivo del Ecuador, alineada con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Según, Reyes es deber del Estado garantizar, desarrollar y proteger la práctica del deporte, la educación física y la recreación como derechos fundamentales y como herramientas clave para el desarrollo de la ciudadanía, así como para quienes se dedican de manera profesional a estas actividades, entre ellos atletas, entrenadores y organizaciones deportivas.

Además, el Estado debe fomentar el acceso al deporte y a la recreación bajo los principios de interculturalidad, igualdad, inclusión, transparencia, solidaridad y participación.

Así mismo, el proyecto de Ley define las distintas áreas del sistema deportivo nacional, formativo, profesional, de alto rendimiento, universitario, entre otros.

Esto permitirá evitar duplicidades y ambigüedades normativas. “Dejaría atrás la normativa del año 2010; por una moderna, integral y construida de forma participativa”.

Para el asambleísta Luis Molina, el alto rendimiento y la competencia internacional no deben estar supeditados a los recursos económicos, sino al desarrollo competitivo. La necesidad de comprender que el deporte profesional está vinculado con las ligas barriales y cantonales.

Mientras tanto, la importancia de fortalecer los controles antidopaje, que tanto daño causan a los atletas; velar por los principios de transparencia y recuperar los escenarios deportivos que se encuentran deteriorados, así como impulsar la construcción de nueva infraestructura deportiva.

Finalmente, el asambleísta, Juan José Reyes indicó que solicitó la suspensión del punto con la finalidad de analizar la incorporación de los cambios sugeridos para que el texto final de votación sea remitido en un plazo de ocho días.

El Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación ya cuenta con el informe para el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional, la comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó, con seis votos a favor y tres en contra. El documento concluye que la propuesta de Ley fortalece de manera sustancial el marco normativo del sistema deportivo nacional, actualizando sus disposiciones a los estándares constitucionales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La reforma refuerza el vínculo existente entre deporte, educación y salud, impulsando el desarrollo integral de la sociedad y asegurando que el acceso al deporte se consolide como un derecho efectivo y no como un privilegio.

Además, incorpora principios éticos y sociales en la formulación de políticas públicas, promoviendo un modelo de gobernanza deportiva sostenible.

Así mismo, el proyecto de Ley consolida un Sistema Nacional del Deporte más articulado, eficiente y transparente, definiendo con mayor claridad las competencias del ente rector y de los organismos deportivos, e incorporando mecanismos de control y rendición de cuentas plenamente desarrollados.

Mientras tanto, promueve la inclusión social, la equidad de género, accesibilidad y la interculturalidad como principios rectores del desarrollo deportivo, reconociendo que el deporte, la educación física y la recreación son derechos fundamentales y herramientas esenciales para el bienestar y la cohesión social. Con ello, se amplía el alcance de la Ley vigente al integrar enfoques de salud pública, educación integral y desarrollo comunitario, otorgando al Estado un papel central como garante del derecho al deporte.

También, el proyecto introduce innovaciones relevantes, como la regulación de los deportes electrónicos o esports, aspecto que moderniza el sistema jurídico y responde a nuevas realidades deportivas y tecnológicas no contempladas en la normativa anterior. Optimiza los procesos de intervención estatal, el régimen disciplinario y la transparencia financiera, garantizando una gestión más técnica y controlada de los recursos públicos.

La comisión recogió las observaciones de los principales entes y autoridades relacionadas con el deporte, así como de la academia, sociedad civil y organizaciones deportivas cantonales, provinciales y nacionales, cumpliendo así con el principio de deliberación democrática.

Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, indicó que el documento será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El país inicia una intervención estructural en los sistemas de control portuario, uno de los puntos más vulnerables frente al crimen organizado, mediante la implementación de la MEGERIC, una herramienta oficial del Gobierno Nacional para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción. Esta acción reunió a Responsables Institucionales de Cumplimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, consolidando una respuesta coordinada del Estado frente a las redes criminales que operan en puertos y aduanas.

La Declaratoria de Intención conjunta entre las Naciones Unidas y la Presidencia de la República del Ecuador, considerando que el Gobierno de Canadá y la UNODC en el país se encuentran implementando el proyecto “DISRUPT”, tiene como objetivo y componentes la prevención y combate a la corrupción asociada al crimen organizado y en este caso, priorizando acciones enfocadas al sistema portuario.

Según, la Secretaría General de Integridad Pública la importancia de la prevención como parte del sistema de control interno de las instituciones. la MEGERIC busca definir pautas técnicas que permitan llevar a cabo la gestión de los riesgos institucionales de corrupción mediante la creación de estrategias, acciones e indicadores concretos.

Además, la metodología es una herramienta de aplicación obligatoria para las entidades de la Función Ejecutiva, dijo la funcionaria.

Para Carla Suarez, oficial de Programa de la UNODC, la relevancia de este taller se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción. “Creemos firmemente que una de las maneras más eficientes y sostenibles para el combate a la corrupción es la integridad”, señaló.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos eficaces para enfrentar al crimen organizado, impulsando prácticas responsables y procesos de capacitación que doten a los funcionarios los conocimientos e insumos necesarios para desempeñar sus funciones como RIC.

El Presidente de la República, Daniel Noboa mantuvo un encuentro con Su Alteza Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, uno de los centros neurálgicos del comercio, la logística, la innovación y la conectividad global.

El diálogo de las autoridades se concentró en el deseo de Ecuador de abrir una oficina comercial para el 2026 en Dubái con el objetivo de desarrollar más los vínculos entre los dos países e integrar a la nación en las cadenas globales de suministro que Dubái lidera.

El Presidente Noboa hizo hincapié en el Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador y Dubái Chambers para ampliará la cooperación en materia de inteligencia artificial, ciencia y tecnología de última generación.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos a favor, la resolución que dispone a la comisión de Fiscalización iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.

Así mismo, exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a realizar el control y seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022, Nro. 070-DE-ANT-2022 y sus respectivos anexos, e informe sobre su cumplimiento al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización.

Además, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar el contenido de la presente resolución a la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Según, el asambleísta José Luis Nango, esto no es un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental sobre si la Asamblea se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito. Denunció que en varias ciudades existen indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas para legitimar vehículos robados, prácticas que terminan facilitando asaltos, secuestros y asesinatos, dijo.

La Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar si pertenecen al nivel central o a los gobiernos locales y advirtió que la delincuencia organizada busca capturar estas entidades porque controlar el sistema de matrículas significa controlar la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos.

También, abrir un proceso de fiscalización serio, técnico y transparente que permita identificar responsabilidades, detectar patrones inusuales, articularse con organismos de control, si es necesario, promover reformas que blinden a las instituciones frente a la captura criminal. No se trata de perseguir a municipios ni funcionarios honestos, sino de defender al Estado, proteger a la ciudadanía y evitar que cada matrícula ilegal se convierta en un arma más del crimen organizado.

En cambio, el legislador Adrián Castro indicó que dichas resoluciones evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon más de 115 mil vehículos sin pago alguno, con un perjuicio superior a 50 millones de dólares, la creación de alrededor de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.

Para Sergio Peña los artículos 120, 129 y 425 de la Constitución sustenta la competencia de la Asamblea Nacional en la fiscalización de todas las funciones del Estado y de los servidores públicos, incluidos quienes laboran en los GAD. La normativa constitucional prevalece sobre cualquier otra disposición, expresó.

Por su parte, el asambleísta. Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito, originalmente concebida para generar eficiencia, ha sido distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas sobre servidores municipales. La Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar con firmeza y empatía: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”, señaló.

Mientras tanto, el legislador Juan Gonzaga aseguró que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional, por lo que hizo un llamado a ordenar la agenda parlamentaria para atender temas prioritarios de manera responsable.

Finalmente, el parlamentario, Diego Franco advirtió que las mafias han alcanzado penetrar estructuras estatales, y que la captura del sistema de tránsito no es un problema administrativo, sino un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico. La ANT ha confirmado estas irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia de la situación, puntualizó.