La comisión del Derecho a la Salud aprobó, con nueve votos a favor y una abstención, el informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Con el fin de optimizar el trabajo legislativo y evitar duplicidad normativa, la comisión recomiendo al Pleno de la Asamblea su archivo, al considerar que no aporta elementos sustantivos que justifiquen una modificación al texto vigente.

La propuesta de Ley, que pasará a la agenda del Pleno para el segundo debate, plantea la actualización del marco normativo con el objetivo de optimizar los procesos de donación, trasplante y seguimiento de pacientes.

Tras un análisis técnico-jurídico, y considerando tanto el marco constitucional como la Ley vigente, la comisión concluyó que el proyecto presenta inconsistencias jurídicas, contraviene principios de técnica legislativa y duplica disposiciones ya contempladas en la legislación actual.

Además, el informe señala que, si bien se reconoce la importancia de contar con un marco legal sólido para regular la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, se evidencia una superposición normativa y redundancia de contenido.

Así mismo, las instituciones que presentaron sus observaciones, podrían generar conflictos de interpretación y afectar la seguridad jurídica del país.

También, el proyecto carece de elementos sustantivos que justifiquen una reforma a la Ley vigente. La existencia de inconsistencias jurídicas, duplicidad normativa, falta de sostenibilidad fiscal y deficiencias técnicas en la articulación con otras normas.

Finalmente, el asambleísta Andrés Campos, tras mocionar la aprobación del informe, aseguró que la propuesta no es viable, establece obligaciones permanentes de gasto público sin fuentes de financiamiento ni dictamen del Ministerio de Finanzas. La condición de donante ya consta en la cédula de identidad y los datos de receptores están registrados en el sistema nacional de información de donación y trasplante.

“La delimitación de páramos debe considerar criterios climatológicos, ecológicos y socioculturales para su uso tradicional”, consideró Tarsicio Granizo, director de World Wildlife Fund (WWF), al presentar sus observaciones a la Ley Orgánica para la Conservación de Páramos que se analiza en la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.

Además, Granizo sostuvo que la propuesta de zonificar los páramos y elaborar planes para determinar qué actividades turísticas y económicas de bajo impacto podrían permitirse en estos, con base en estudios científicos.

“Es importante prohibir de manera terminante las actividades que causan daño a los páramos del Ecuador, como la ganadería, la agroindustria y apertura de vías que no cumplan con requisitos técnicos de sostenibilidad”, la Ley debe establecer sanciones para actos como la explotación botánica con fines comerciales, dijo.

Así mismo, solicitó evaluar la posibilidad de permitir intervenciones que garanticen el suministro de agua, siempre y cuando se realicen con los más altos estándares de control ambiental; las actividades que no afecten la recarga hídrica; la agricultura familiar; el turismo de baja intensidad; o los caminos vecinales, con el objetivo de comunicar a comunidades sin acceso a servicios esenciales.

Para el legislador Christian Hernández existen actividades que merezcan una prohibición tajante, a lo que el invitado respondió que «las actividades mineras deberían ser prohibidas se ha demostrado que la minería es una fuente de contaminación de los nacientes de agua que se encuentran en los páramos del Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Manuel Casanova sostuvo que los mecanismos adecuados para garantizar la sostenibilidad de los páramos. Granizo respondió que una gobernanza adecuada, con la participación de los habitantes de estos territorios y los gobiernos autónomos descentralizados, podrían ser útiles para este objetivo.

Finalmente, Camila León, asambleísta presidenta de la comisión destacó la participación de los expertos en materia ambiental, como una garantía para que la propuesta normativa responda a criterios de sostenibilidad ambiental.

El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, conoció la Proforma Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y la programación presupuestaria cuatrianual 2025-2028, remitida por el Presidente de la República, Daniel Noboa y la envió a la comisión de Régimen Económico.

Según, la legisladora Sade Fritschi de acuerdo al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión de Régimen Económico remitirá el informe de análisis de la Proforma Presupuestaria ingresada a la Asamblea Nacional el 22 de agosto del 2025, en 10 días.

Además, el informe será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional, que, en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros, deberá aprobarla u observarla en un plazo de treinta días desde su recepción.

Finalmente, el CAL resolvió la solicitud de unificar 7 proyectos de Ley reformatorios a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, remitida por la secretaria relatora de la comisión de Régimen Económico. La mesa, tramitará estos proyectos de forma unificada en consideración del principio de unidad de materia.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional conoció la denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno contra de la legisladora Nuria Butiñá, calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 23 de agosto del 2025.

Según, el reglamento de la Asamblea, en tres días será notificada la parte denunciante para que presente las pruebas de cargo y la legisladora investigada ejercerá su derecho a la defensa y presentará las pruebas de descargo, dentro de diez días a partir de la notificación.

Además, la denuncia es por una presunta infracción respecto a la remuneración mensual de un ex asesor legislativo y la modificación en la declaración juramentada con fecha retroactiva, entre otros.

Así mismo, los hechos presuntamente contrarios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a la prohibición de gestionar o recibir aportes económicos indebidos en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, el Comité de Ética elaborará un informe motivado que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento, el debate y resolución.

El Registro Civil abría emitido cerca de 3.593 pasaporte en la jornada extraordinaria de este sábado 23 de agosto del 2025, en las 25 agencias habilitadas de 22 provincias, superando el promedio de atención diario de lunes a viernes.

Con esta acción, el Registro Civil del Ecuador cumple lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa de ampliar y acercar los servicios registrales a los ciudadanos. La atención inició a las 08h00 y culminó a las 14h00, en un ambiente ordenado y con personal que acompañó a los usuarios en todo el proceso.

Lo más importante a destacar en esta jornada de fin de semana es que facilitó los trámites en un horario más cómodo para los usuarios. “Por mi trabajo se me dificulta entre semana acercarme a hacer alguna gestión, pero el día sábado me pareció perfecto, venir y sacar mi pasaporte; más rápido”, indicó Yinso Candelario.

Por su parte, el Director General, Ottón Rivadeneira, indicó que el trabajo coordinado desde el Gobierno. “Cumpliendo lo dispuesto por el señor presidente de la República, Daniel Noboa y el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, se realizó la décimo tercera jornada extraordinaria a nivel nacional, la tercera consecutiva de pasaportes. La ciudadanía está muy contenta, ya que para ellos es mucho más cómodo, no tienen que pedir permiso dentro de la semana en sus trabajos y a los estudiantes no se les complica con sus horarios de clases. Continuaremos estas jornadas de fines de semana el resto del año.

Finalmente, de enero a agosto del 2025, se han atendido 172.778 ciudadanos en las 13 jornadas extraordinarias ejecutadas a nivel nacional. Desde el Gobierno Nacional, a través del Registro Civil del Ecuador, impulsamos un servicio transparente, eficiente, ágil y cercano para los ciudadanos, puntualizaron.

La secretaria Nacional de Planificación, Diana Ramírez entregó a la Asamblea Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se Detiene 2025-2029”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 280 de la Constitución de la República, el documento aprobado por el Consejo Nacional de Planificación el 21 de agosto y es la guía que orienta las políticas públicas y acciones del Estado en los próximos cuatro años, priorizando el bienestar de la ciudadanía, la equidad social y el desarrollo sostenible.

Según, la funcionaria la visión del primer mandatario, Daniel Noboa, prioriza el crecimiento social, con ejes sostenibles. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 proporciona la base técnica que orienta la formulación e implementación de las políticas públicas destinadas a enfrentar de manera estructural problemáticas como la desigualdad, pobreza y la exclusión social, dijo.

Además, los cinco ejes en el área se enfocan en lo Social; Económico, Productivo y Empleo; Ambiente, Agua, Energía y Conectividad; Institucional y Riesgos, este último de gran trascendencia porqué el país tiene una condición de multiamenaza.

Esto forma parte de una Estrategia Territorial Nacional que presenta diagnósticos y propuestas a nivel provincial. Cuenta con un mapa ampliado y oficial del Ecuador, continental e insular, donde destacan los límites marítimos con Costa Rica. Por primera vez, la visión de largo plazo fue construida con expertos en prospectiva y anhelos ciudadanos. El Plan cuenta con una alineación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 96 de las 98 metas planteadas están relacionadas con las metas de la Agenda 2030, explicó la secretaría.

Mientras tanto, Diana Ramírez aseguró que la Secretaría de Planificación debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo 90 días después de la posesión del Presidente de la República. Este “no es un Plan de escritorio, fue construido con la participación de más de 1.800 actores (ciudadanos, gremios, empresas, multilaterales, artistas, adultos mayores, comerciantes, jóvenes, deportistas, instituciones públicas de todas las funciones del Estado, academia”, entre otros.

Finalmente, el Plan refuerza el compromiso institucional con una planificación inclusiva, que reconoce y valora la diversidad social, étnica, territorial, generacional y de capacidades en el país, lo que permite que las políticas públicas respondan de manera pertinente y equitativa a las necesidades de la población, precisa el documento.

El presidente de la República, Daniel Noboa visitó este 21 de agosto del 2025, al presidente de Argentina, Javier Milei. El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada, en Buenos Aires. Los mandatarios acordaron trabajar de manera conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales en seguridad, comercio, educación, cultura y otros rubros.

El mandatario argentino recibió al Jefe de Estado ecuatoriano en una ceremonia al ingreso de la casa presidencial.

Además, los mandatarios coincidieron en que los gobiernos deben proteger la democracia de las amenazas como el terrorismo y la delincuencia organizada.

Así mismo, dialogaron sobre la revisión de aranceles en productos de sus países y explorar nuevas oportunidades para el fortalecimiento de los intercambios comerciales.

También, analizaron la posibilidad de promover la inversión argentina en proyectos relacionados con la energía.

Mientras tanto, el equipo ministerial de cada gobierno mantuvo una reunión ampliada para revisar agendas en común y de cooperación técnica en otros sectores como seguridad.

Por lo que, Ecuador y Argentina firmaron acuerdos contra la corrupción.

Finalmente, los ministerios de Seguridad de los países John Reimberg y Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para la prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público para combatir las estructuras criminales.

La comisión del Derecho a la Salud recibió nuevos aportes al Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación y al Proyecto de Ley para la Prevención y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, Ley para el Juego Limpio, actualmente unificadas y en trámite para segundo debate. Las observaciones fueron presentadas por la Fundación Sportika y por el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano.

Para María Clara Albornoz y Santiago del Pino, representantes de Sportika, en el país no existe un control ni una medición adecuada de la educación física. Por ello, propusieron que se incluya en el glosario, así como entre las atribuciones y deberes del Ministerio del Deporte, la incorporación del índice de inactividad física, con el fin de generar políticas y realizar la medición correspondiente.

En relación con el Sistema Nacional de Información Deportiva, destacaron la importancia que este registro consolide datos de todas las organizaciones, deportistas, marcas, logros e historial estadístico, información sobre la evaluación de programas del Ministerio del Deporte.

También, sugirieron que se incluyan indicadores relevantes como el índice de inactividad física, el tiempo de comportamiento sedentario y el tiempo frente a pantallas, permitiendo una visualización comparativa de la información y su correspondiente reportería.

Mientras tanto, la asignación de recursos, plantearon que la matriz de evaluación se convierta en el mecanismo oficial de distribución presupuestaria para los organismos deportivos, sea de forma clara, de acuerdo a las variables y criterios de la evaluación, evitando la discrecionalidad política.

Finalmente, las atribuciones del Ministerio del Deporte se concentran en numerosas competencias que no cumple cabalmente y sumar nuevas responsabilidades relacionadas con la educación física, área que corresponde únicamente al Ministerio de Educación. Los procesos de elección de dirigentes deportivos, debe fomentar la participación ciudadana a través de observatorios y veedurías, La asignación obligatoria de administradores financieros en las organizaciones deportivas implicaría un gasto cercano a 1,6 millones de dólares en sueldos.

La Comisión de Régimen Económico continúa receptando las observaciones antes de la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Según, el experto en contratación pública, Mauricio Rodríguez, no se trata únicamente de actualizar los procedimientos, sino de adoptar nuevas normas acordes con los estándares internacionales, incorporar innovación tecnológica, fortalecer los mecanismos de control y sobre todo, garantizar que cada dólar del presupuesto público se invierta con eficacia, eficiencia, transparencia e integridad.

Además, los enfoques modernos de contratación, la importancia del manejo de datos públicos, la transparencia en la gestión estatal, así como el proceso de sustitución de medicamentos por caducidad, el cual protege a los usuarios del sistema público de salud, dijo.

Así mismo, destacó la necesidad de homogeneizar los plazos contractuales, en concordancia con las disposiciones del Código Administrativo, señaló.

Por su parte, la docente Pamela Saud recordó los principios que rigen las compras públicas, establecidos en el artículo 288 de la Constitución de la República, tales como la eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y responsabilidad social.

Con relación al marco normativo vigente, Saud indicó que existen más de 1.200 normas, 187 reformas, reglamentos pendientes de desarrollo, duplicidad de artículos, inconsistencias y parches normativos.

Mientras tanto, la experta se refirió al enfoque de valor por dinero, el gobierno abierto, las contrataciones interadministrativas, el porcentaje de subcontratación, la aprobación de planes y presupuestos institucionales, el régimen de medicamentos y la necesidad de incorporar disposiciones específicas para el arrendamiento de inmuebles.

Finalmente, las observaciones de los expertos serán analizadas junto al equipo asesor, manifestó la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango.

Con la presencia del Ingeniero Enrique Pita García, presidente subrogante del Consejo Nacional Electoral, y del consejero José Cabrera Zurita, este miércoles 13 de agosto se dio inicio al Taller de Capacitación sobre el Sistema Contable de Financiamiento a la Política y la Reingeniería del Sistema de Expedientes de Cuentas de Campaña, dirigido a funcionarios del área de organizaciones políticas de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

Durante su intervención, la autoridad electoral destacó la importancia de esta iniciativa para optimizar los procesos de fiscalización y control a escala nacional. “Es importante que los conocimientos que se impartan en este espacio sean replicados en sus respectivas provincias”, mencionó Pita.

El taller se realizará en dos jornadas y se extenderá hasta el sábado 16 de agosto, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las contrapartes provinciales, mediante la actualización de conocimientos y la optimización en la gestión electoral.

Con estas acciones, el CNE ratifica su compromiso con la transparencia y la eficiencia, garantizando que los procesos de control y fiscalización se desarrollen con rigor técnico y en estricto cumplimiento de la normativa electoral.