En un sector históricamente liderado por hombres, donde, “solo el 9% de los roles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Latinoamérica son ocupados por mujeres”, según datos de la Cámara de Comercio de Quito, en el 2025. Belén Martínez, fundadora de BEMART, se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes de la tecnología médica en Ecuador. Su trabajo, marcado por innovación, sensibilidad humana y excelencia técnica, representa una contribución necesaria en un campo donde la presencia femenina continúa siendo limitada, pero profundamente relevante.

La brecha de género en la ciencia y la tecnología, incluso, sigue siendo evidente a nivel global; de acuerdo con la UNESCO “las mujeres representan menos de un tercio de la comunidad investigadora en todo el mundo”. Cerrar este vacío no solo responde a principios de equidad, sino que es clave para elevar la calidad, relevancia científica y capacidad de innovación de los países.

Belén Martínez, magíster en gestión hospitalaria y nuevas tecnologías, aseguró que han alcanzado consolidarse como un referente nacional en biomedicina, esto a su visión estratégica, compromiso con la calidad y su capacidad para integrar ciencia, tecnología y trato al paciente.

Este 20 de marzo del 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a una nueva jueza que integrará el tribunal especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Este tribunal debe estar conformado por al menos nueve jueces.

Sin embargo, en las últimas semanas renunció Carlos Serrano y destituyó a otra juzgadora, lo que generó vacantes en su integración.

El Consejo de la Judicatura procedió a cubrir las plazas para garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Para la designación, el Pleno del Consejo de la Judicatura recurrió al banco de elegibles vigente y verificó que la jurista nombrada no registre impedimento legal para ejercer el cargo en el sector público.

El CJ ratificó su firme decisión de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, garantizando que el sistema judicial cuente con los recursos humanos necesarios para enfrentar este tipo de delitos con rigor, oportunidad y apego a la ley.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, este 19 de marzo aprobó reformas al reglamento que regula las compensaciones o indemnizaciones económicas por la desvinculación de servidores judiciales con nombramiento permanente.

La nueva normativa introduce un cambio de fondo: los servidores que enfrenten sumarios disciplinarios por faltas gravísimas que podrían derivar en destitución no recibirán compensación económica, a pesar que cumplan con los demás requisitos administrativos y legales.

La reforma establece que únicamente en caso de que el servidor sea declarado inocente, su caso será archivado o no concluya en destitución, podrá acceder al pago, pero en un plan de desvinculación posterior. Caso contrario, perderá definitivamente este beneficio.

Esta medida busca reforzar los mecanismos de control institucional y garantizar un uso más riguroso de los recursos públicos, evitando que se destinen a funcionarios cuya permanencia esté en entredicho por presuntas infracciones gravísimas.

El Pleno de la Asamblea Nacional, trató en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica por el Gobierno Nacional.

El objetivo de la propuesta es crea un incentivo tributario aplicable a quienes donen viviendas de interés social a favor del ente rector de hábitat y vivienda, el propósito de fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a la reducción del déficit, que actualmente supera las 700 mil viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los contribuyentes que realicen estas donaciones tendrán derecho a una rebaja del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal en el que se efectúe la donación, equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado y sin derecho a devolución.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte deberá transferir las viviendas recibidas en donación a favor de beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y la normativa vigente. Esta rebaja tributaria tendrá carácter temporal y será aplicable al impuesto a la renta correspondiente a los periodos fiscales comprendidos entre 2026 y 2029.

Según, el legislador Alex Morán, el Ecuador enfrenta una realidad clara y preocupante: más de 700 mil familias viven sin acceso a una vivienda adecuada y el déficit habitacional supera el 57 %. Por ello, la reforma constituye una propuesta moderna y necesaria para convertir la política tributaria en una herramienta social, dijo.

Además, Morán aseguró que el país ya cuenta con mecanismos para identificar con precisión a los beneficiarios, incluso en condiciones de pobreza extrema, mediante información territorial y social detallada. La ley se presenta como un complemento a programas como Casa para Todos, los créditos preferenciales y los subsidios.

El Gobierno Nacional busca enfrentar la brecha estructural entre la oferta de vivienda adecuada y la demanda efectiva de los hogares, atendiendo una problemática de más de dos décadas. En el 2001, se registró un déficit de 677.808 viviendas; en 2010, de 707.801 y en el 2022, de 727.689.

Finalmente, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, dispuso el proyecto de Ley regrese a la comisión de Desarrollo Económico, para que analice y recoja las observaciones y, en un plazo de cuatro días, presente el informe para el segundo debate.

El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, este 17 de marzo del 2026, dos resoluciones orientadas a mejorar la distribución de causas y optimizar el funcionamiento de dependencias judiciales en las provincias de Pichincha y Manabí, el objetivo fortalecer la eficiencia del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Además, dispuso la unificación de los sistemas oral y escrito en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en Quito. Esta medida elimina la distinción administrativa que existía entre tribunales que tramitaban procesos bajo el sistema oral y aquellos que lo hacían bajo el sistema escrito, permitiendo que todos los tribunales fijos conozcan nuevas causas.

Así mismo, la implementación del sistema procesal denominado “Pool de jueces” en el Tribunal de Garantías Penales de Manta, en la provincia de Manabí. Este mecanismo permitirá que las nuevas causas ya no sean conocidas por tribunales fijos, como ocurría desde 2022, sino por tribunales conformados mediante sorteo entre los jueces que integran esta dependencia judicial.

También, designará por sorteo al juez ponente que presidirá el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión se sustenta en los informes técnicos que recomiendan la implementación de este sistema para mejorar la organización del trabajo jurisdiccional y asegurar una distribución más equilibrada de los procesos.

Mientras tanto, la resolución aclara que las causas que actualmente se encuentran en trámite en el sistema del tribunal fijo continuarán bajo esa modalidad hasta su finalización, el objetivo evitar afectaciones al desarrollo de los procesos judiciales.

Finalmente, estas medidas forman parte de las acciones impulsadas por el Consejo de la Judicatura para modernizar los mecanismos de asignación de causas y mejorar la atención a los usuarios.

Con 147 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que da cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional 1732-25-EP/26 del 5 de marzo del 2026 que dispone: ⁠DECLARAR el 8 de diciembre de cada año como el Día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Qué a los integrantes de la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el plazo de 30 días elaboren y presenten, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador, un proyecto de Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas en la que se incluya: la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada del relato fáctico se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado; así como los deberes de investigación urgente y oficiosa; la prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información; y mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos, en los términos contemplados en la sección 9.5. de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional.

Además, DEROGAR la Resolución No. RL-2023-2025-162, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 4 de enero de 2025.

Así mismo, a la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el inicio de un proceso de fiscalización relacionado con todos los hechos relacionados con el caso “Las Malvinas”. En consecuencia, cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos.

Esta resolución, reafirma que la Asamblea Nacional respeta las decisiones de la Corte Constitucional, la memoria de las víctimas y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el fortalecimiento del marco normativo que permita prevenir y atender de manera efectiva casos de desaparición en el país.

Este 11 de marzo del 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura removió a cuatro directores nacionales en áreas como innovación, planificación, estudios Jurimétricos y la Escuela de la Función Judicial.

La decisión es parte de la renovación institucional impulsada por la actual administración y se basa en los artículos 120.6 y 264.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que facultan al Pleno la remoción de directores nacionales.  

El cese de funciones de los servidores de libre nombramiento y remoción no implica la imposición de una sanción disciplinaria.

La salida de los directores fue aprobada con los votos de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y el presidente Damián Larco.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, presentó “Camino Violeta, el primer paso a la formalización”, una iniciativa que incluye la creación del Registro de Mujeres Emprendedoras No Formalizadas (MENF), un instrumento que reconoce y visibiliza el esfuerzo de miles de ecuatorianas que sostienen la economía desde sus hogares, barrios y comunidades.

Este registro es una herramienta práctica y transformadora que facilita el acceso de más mujeres a oportunidades reales de consolidación y transición hacia la formalidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional de reducir las brechas históricas en crédito, capacitación y redes de apoyo.

Además, la iniciativa “Camino Violeta” se enmarca en la política pública de la Economía Violeta y cuenta con el respaldo de BanEcuador, que a través de los productos financieros “Crédito Violeta” y “Crédito Emprende Violeta”, brindará acompañamiento y financiamiento especializado para fortalecer el liderazgo femenino y su participación en la producción nacional.

El MENF se integra al Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 190 y constituye una acción concreta para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, moderno y competitivo.
Así mismo, permitirá que las emprendedoras accedan a capacitaciones técnicas y empresariales, incentivos tributarios, cursos orientados a exportación y productos financieros especializados, fortaleciendo sus iniciativas y acompañándolas en el proceso de formalización y crecimiento.

El instrumento estará habilitado en la plataforma del Sistema Integrado RUM, contará con una vigencia inicial de tres meses y podrá renovarse, por una sola ocasión, conforme a los lineamientos establecidos.

Mientras tanto, la inscripción será completamente gratuita y permitirá a las emprendedoras acceder a los beneficios previstos en la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo.

El Gobierno Nacional, invitó a las mujeres emprendedoras del país a registrarse y aprovechar “Camino Violeta”, una iniciativa que busca fortalecer sus emprendimientos, acompañarlas en su transición hacia la formalidad y consolidar su papel en la construcción de un Ecuador más justo, inclusivo y productivo.

La comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, recibiendo los aportes para la elaboración de los informes para el segundo debate de las iniciativas al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.

El proyecto respecto de los uniformes de seguridad pública, la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales busca sancionar el uso indebido de uniformes e insignias de instituciones públicas.

Según. Pablo Vizcaíno, el proyecto de Ley debe aclarar qué institución será la encargada de autorizar y acreditar a los fabricantes y comerciantes de uniformes, el objetivo que los artesanos y confeccionistas que han trabajado por años con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan continuar desarrollando su actividad de manera legal, dijo.

Además, Vizcaíno planteó que se regule los procesos de contratación de uniformes a través del sistema de contratación pública.

Para Flora Erazo, el sector forma parte de la economía popular y solidaria, apoya frecuentemente a las empresas públicas como FAME, cuando estas no logran cubrir la demanda de producción.

Así mismo, Santiago Ruiz, director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizó un análisis técnico sobre el proyecto de reformas al sistema penitenciario y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las observaciones relacionadas con la institucionalidad del sistema y la necesidad de preservar principios como el uso excepcional de la fuerza, la seguridad dinámica y los mecanismos de control dentro de los centros de rehabilitación social. Por lo que las reformas propuestas podrían debilitar la institucionalidad del sistema penitenciario, modificar la estructura del ente rector y reducir los requisitos técnicos para la designación de su máxima autoridad. Esto podría dejar que la dirección del sistema penitenciario no cuente con un perfil técnico y experiencia en ámbitos como criminología, gestión de crisis, rehabilitación social y derechos humanos, dijo.

Mientras tanto, que tener un directorio con carácter estratégico y con la participación efectiva de instituciones del sistema de justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, fortalecerá los mecanismos de coordinación y control de este sector, explicó.

Finalmente, la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, debe ser con reformas estructurales que permitan fortalecer la gestión penitenciaria, mejorar la rehabilitación social y modernizar la infraestructura y los sistemas de seguridad en los centros de privación de libertad del país.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 5 de marzo del 2026 el presupuesto para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, por un valor que asciende a 102´365.407,35 millones de dólares conforme al siguiente detalle:

El monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas.