Entre las actividades dentro de la agenda del Presidente electo, Guillermo Lasso es el arte que se expresa en todo el país.

Además, Lasso dijo que tendrán todo su apoyo integral al arte y la cultura que es fundamental para los niños y jóvenes, los profesionales y el talento ecuatoriano.

Tenemos que darle un giro verdadero e impulso para que pueda ser presenciado en todo el país y el mundo.

Guillermo Lasso dijo que están trabajando para fortalecer la economía naranja, innovar y crear oportunidades para todos.

Con siete votos a favor la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a las leyes de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la reforma busca garantizar la inembargabilidad e intangibilidad de las pensiones de jubilación ISSFA y el ISSPOL.

Además, el proyecto de Ley, plantea que quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro por parte del ISSFA y el ISSPOL, estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, continuarán recibiendo la totalidad de la pensión de retiro que les corresponde.

Una vez que su nueva relación laboral termine, podrán solicitar su reliquidación del último período de trabajo, que no podrá ser menor a la liquidación original.

Para el asambleísta Roberto Gómez, señaló que dentro de la socialización, los ministros de Defensa, Gobierno y representantes de distintos seguros expresaron la importancia de la activación de esta Ley, para que no se les descuente un valor, que es intocable, como es la pensión de jubilación. Además, Gómez aseguró que en este segundo informe se incorporan factores que hacen justicia, como es el de la jurisdicción coactiva.

De su lado, Diego Cedeño, asesor legislativo de la Comisión, explicó que el proyecto fue socializado con las autoridades, organismos y colectivos ciudadanos relacionados con el sistema de Seguridad Social.

Así mismo, el proyecto de Ley contiene siete artículos, una disposición interpretativa, una transitoria y una final.

En cambio, el coronel de Policía (sp) Hugo Carrillo, a nombre de los jubilados, tras agradecer por el apoyo brindado, dijo que con este proyecto se podrá derogar las disposiciones generales primera y segunda agregadas en las reformas a la Ley de Seguridad Social, con las cuales se conculcaban derechos y se les impidió ejercer sus actividades laborales.

Finalmente, Fernando Imbaquingo, sargento en servicio pasivo, aseguró que las reformas les permitirá seguir produciendo, sirviendo y activando la economía del país.

Esté viernes el Presidente electo, Guillermo Lasso visitó TC Televisión, para dialogar con los trabajadores a quienes les aseguró que garantizará su estabilidad laboral.

Además, Lasso indicó que venderá los medios incautados a través de un proceso transparente a la propiedad privada y no utilizará los medios de comunicación para perseguir a nadie.

Además, el Presidente electo reiteró su apoyo a los emprendedores. “En nuestro gobierno, impulsaremos el emprendimiento con un fondo semilla, capacitaciones y libertad.

Así mismo, Guillermo Lasso indicó que celebra el espíritu que ha llevado a los ecuatorianos iniciar sus propios negocios y crear empleo.

Por otro lado, Guillermo Lasso dijo hoy se cumple cinco años del terremoto del 16 de abril de 2016, no hay un proceso serio, transparente de reconstrucción y reparación con las familias afectadas. “Manabí y Esmeraldas serán prioridad en nuestra gestión, la solidaridad que nos unió como país en la tragedia, debe estar más presente que nunca”.

Mientras tanto, felicitó al cantón Azogues y sus familias por 196 años de cantonización, el compromiso por el desarrollo local, la reactivación económica y el progreso de Azogues y la provincia de Cañar.

Finalmente, Lasso señaló que continúan trabajando en el tema de vacunación contra el COVID-19, para replicar las mejores prácticas y estrategias en el plan de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno.

La luz del sol se aprestaba a caer en el horizonte cuándo de pronto todo se movió con una fuerza que a su paso dejaba lagrimas, dolor, desesperación y muerte, Era día de triste recordación para los ecuatorianos, el día que tembló la tierra y solo dejo desolación, interrumpido por un fuerte movimiento, un terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa ecuatoriana un sábado 16 de abril por la noche, más de 500 muertos, miles de heridos y varias ciudades devastadas, Manta, Portoviejo y Pedernales el epicentro del desastre.

Hoy se cumplen cinco años y aun los ofrecimientos del Gobierno Nacional del ex-Presidente Rafael Correa y de Lenín Moreno no se cumplen y las huellas del desastre están presente. Manta, Portoviejo y Pedernales siguen ciudades con vacíos.

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Recorrer las calles y los sitios más afectados da una sensación como que continúan allí, cercas de metal, lonas, madera o lo que se pueda muestran el abandono y falta de compromiso por quienes en su momento les ofrecieron ayudar para cambiar el dolor que dejo el terremoto del 16 de abril de2016 y la corrupción les arrebato.

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Mientras muchos esperaban y soñaban con un hogar desde el ministerio de Finanzas se utilizaba los fondos de la Ley de Solidaridad para otras actividades, porque, “no se pueden tener recursos ociosos”decían. Hay quienes hasta después de haber transcurrido cinco años, continúan esperando que llegue ese día y el gobierno cumpla con lo que les prometió.

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Si bien la realidad tiene un rostro diferente en estas ciudades de la costa ecuatoriana, las huellas siguen ahí presentes como que quieren decirnos algo y nos recuerda la magnitud de la tragedia, pero su población como buen ecuatoriano camina hacia delante buscando la recuperación, el desarrollo, un futuro mejor y más prospero.

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Finalmente, la esperanza es lo último que se pierde, esperan que el verdadero desarrollo de las ciudades afectas por el terremoto del 16 de abril de 2016, se concrete con el nuevo mandatario.

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El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez y la Comandante General de la Policía, Tannya Varela, presentaron a la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Progresivo y Racional de la Fuerza, compuesta por 50 artículos, el objetivo es darle los parámetros a la Policía Nacional la normativa que les ampare en el uso de la fuerza cuándo se amerite.

Además, en la propuesta de Ley constan las derogatorias.

Por su parte, el ministro Martínez señaló que el objetivo central de este proyecto de Ley, es regular de manera técnica y sustentada el uso progresivo y racional de la fuerza, las acciones que ejecute la Policía Nacional en el cumplimiento de su labor, basada siempre en los principios de valor, disciplina y lealtad.

Así mismo, Martínez, reitero que “nuestro objetivo es poder entregar a la Policía Nacional, una ley que genere certezas en momentos de incertidumbre, cuando se debe emplear el uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, certezas para el policía, para que tenga una norma que regule su actuación, certezas para los ciudadanos y también para los jueces, cuando tengan que analizar una actuación”, expresó el Secretario de Estado.

También, el ministro de Gobierno dijo que hasta ahora no hay una norma con rango de ley, solo existe un reglamento sobre este tema de gran importancia.

El proyecto de Ley presentado será un instrumento de más jerarquía con el que contará la Policía Nacional para defender su accionar, será un apoyo en los momentos más difíciles y de peligro de sus vidas y de la ciudadanía, al momento de protegen y defender, manifestó en la Asamblea Nacional.

Entre tanto, la general Tannya Varela, enfatizó que es necesaria y fundamental la creación de una Ley que regule las actuaciones de todos los servidores de las entidades de seguridad, ya sean estatales, municipales o metropolitanas, que no están incluidos en el reglamento actual, y rige exclusivamente para la Policía Nacional”.

Finalmente, el Presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a ser el ponente de está iniciativa de proyecto de ley desde el ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, porque es una herramienta que servirá a la Policía, para que actúe de manera decidida, dijo que dejarán el proyecto de Ley como prioritario y urgente.

El Presidente de la República electo, Guillermo Lasso, insistió que debemos tener un poco de paciencia para conocer los nombres de quiénes conformaran el gabinete de gobierno.

Sin embargo, Lasso dijo que lo único cierto es que estarán los mejores hombres y mujeres para alcanzar el objetivo de su proyecto de gobierno del cambio.

Además, aseguró que el Ecuador necesita que sigamos encontrándonos. Nuestro Plan de Gobierno tiene como objetivo lograr un verdadero cambio para el bienestar de las familias.

Por lo que, el Presidente electo compartió las 10 de las propuestas que serán prioridad durante gestión, libertad para estudiar, acuerdos y tratados de libre comercio, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno, subir el salario básico, fondo semilla para apoyar al emprendimiento, eliminar impuestos, agua potable y alcantarillado, combatir la desnutrición crónica infantil, defensoría de los derechos de la mujer, acceso a créditos baratos para el sector para el sector agropecuario.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, lideró la sesión de trabajo que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, cumplió en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad de la Zonal 8, uno de los lugares afectados por las acciones violentas ocurridas en febrero pasado.

Además, Martínez estuvo acompañado por la Comandante General de Policía, Tannya Varela, los ministros y representantes de Educación, Inclusión Económica y Social, Salud, Trabajo, Deportes, Cultura, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros, para observar las condiciones de las instalaciones, cómo viven las Personas Privadas de Libertad (PPL), y constatar esa realidad compleja que existe dentro de los centros de rehabilitación.

También, debemos diseñar una política que permita una verdadera rehabilitación de los PPL, y tener la colaboración de otros estamentos, como la justicia, por ejemplo, que lleve a quienes han cumplido determinado porcentaje de la sentencia acogerse a la prelibertad, con lo que se evitaría el hacinamiento, señaló.

El Secretario de Estado se refirió que, tras los sucesos violentos ocurridos en febrero pasado, en los centros de rehabilitación, se están ejecutando medidas inmediatas, como las requisas permanentes y el fortalecimiento de las seguridades, tanto en el área interna como en el perímetro externo, donde opera la Policía Nacional. “Presentaremos un plan claro, que podrá ser implementado por el nuevo Gobierno”, precisó.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó que se hizo público el compromiso del ministerio de Salud, para vacunar a todos los agentes de control penitenciario con el que cuenta el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ya que ellos entran y salen de los centros de rehabilitación social y están en constante riesgo de contagio del virus de la COVID_19.

La Comisión de Biodiversidad, en modalidad virtual, sesionó este miércoles 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanía.

Por su lado, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos, la diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).

En cambio Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.

Así mismo, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señaló que hay nueve comercializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 de dólares.

La Ley rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el director de la ARCH.

De igual forma, insistió que continuamente realizan controles en Sucumbíos, en relación al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.

El asambleísta Juan Cárdenas solicitó al ministro una respuesta concreta sobre los hechos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.

Mientras tanto, el presidente de la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Alberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares, por lo que, exigió se realice un control más rigurosos.

El asambleísta por la provincia de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, Fredy Alarcón aseguró que este problema que es a nivel nacional, es un secreto a voces y el Gobierno Nacional lo conoce pero se hace el ciego, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el parlamentario.

Para Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseveró que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.

Por su parte, Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, expresó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. A pesar que está escrito en la ley, se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple.

El presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, Jorge Elizalde, denunció que los distribuidores, sin razón elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.

Con relación a las denuncias el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. El incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores.

Sin embargo, hay que entender el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar el gas. Consideró dijo que no es fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.

Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que debido a las denuncias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, con el objeto de establecer las sanciones correspondientes y si es necesario, clausurarlas, precisó, se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando cumplan los requisitos.

Finalmente, el asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, se firme una acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo a la Ley. Como testigos de honor participaría en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas. Las partes estuvieron de acuerdo, por lo que se establecerían las coordinaciones necesarias, con el objeto se firme la acta de compromiso.

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La Asamblea Nacional con el juramento posesionó, a Xavier Muñoz y Narda Solanda Goyes, como vocal titular y suplente del Consejo de la Judicatura, respectivamente, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República.

Luego de su posesión, Alberto Muñoz indicó su compromiso con los ecuatorianos para mejorar y modernizar el sistema de justicia en beneficio de todos.

Por su parte, Solanda Goyes señaló que es respetuosa del orden constitucional y legal y en ese sentido tiene claro el rol de la suplencia.

Además, se comprometió en la dirección de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura a seguir trabajando y sirviendo a las organizaciones de mujeres, los movimientos indígenas y a todos quienes requieran los servicios de justicia.

En la resolución enviada a la Asamblea Nacional informó que el pasado 7 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a las autoridades, como parte de un concurso de méritos de la terna enviada por el Presidente de la República.

Para su designación fue necesario valorar la experiencia profesional y los planes de trabajo propuestos por los dos aspirantes.

Finalmente, Solanda Goyes es doctora en Jurisprudencia, actualmente se encuentra laborando en el Consejo de la Judicatura como directora de acceso a los servicios de Justicia.

La madrugada de éste miércoles 14 de abril, tras acoger la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., ex-secretario general de la Presidencia de la República y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Mientras tanto, la procesada Natalia C. dictaron medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y para Elsie C., se ordenó que se gire la boleta de libertad.

Además, el juez dispuso la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.

Más de seis horas duró la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en la que la Fiscal General del Estado formuló cargos contra las nueve personas, sobre la base de dieciséis elementos de convicción recabados durante un año y medio de investigación, los cuales hacen presumir su participación como autores directos en el mencionado delito.

Así mismo, entre estos constan versiones, oficios, informes periciales, decretos ejecutivos y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos (EUA).

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar indicó que en junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de EUA, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Por lo que, esta organización cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.

De está forma la Fiscalía General del Estado, procesó a los detenidos, según lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de delincuencia organizada.

Finalmente, la instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.