El Presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta iniciativa del Gobierno Nacional, lo realizó en las instalaciones de Agrocalidad, en la ciudad de Quito, la mañana de este lunes, 08 de marzo, como un homenaje al Día Internacional de la Mujer.

La propuesta de ley será enviada a la Asamblea Nacional, en las próximas horas, tiene como objetivo contribuir a disminuir la brecha que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, dentro del proyecto Ley plantea, temas como la paridad de género en la conformación de directorios, es decir, que las empresas públicas y privadas deberán contar con cuerpos directivos que, por cada tres miembros, conste una mujer.

El Jefe de Estado, resaltó ámbitos como la licencia por maternidad y lactancia compartida tanto como para el padre y la madre.

Sin embargo, el ministro del Trabajo, Andrés Isch, dijo que con está propuesta los sueños de las mujeres no se verán aplazados o truncados por el hecho de ser madres.

Además, el proyecto de ley contempla, oportunidades para el acceso a créditos, capacitación, asistencia técnica y material genético, dentro de una política integral que se compromete con las mujeres, establece incentivos tributarios para empresas que contraten, en mayor porcentaje, a mujeres dentro de sus nóminas y podrán deducir hasta el 150 % adicional de impuestos por tres años.

Finalmente, se conoció que el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta reformaría cuerpos legales como la Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Pasantías del Sector Empresarial y Ley de Compañías.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, aseguró que a pesar de la crisis sanitaria, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su gestión permitió la recuperación del empleo adecuado en el país, esto lo dijo en el marco de su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentó las pruebas de descargo, dentro del juicio político planteado en su contra por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana.

Además, el ministro de Trabajo explicó que en todo momento su gestión se ha orientado a preservar el empleo y crear nuevas plazas de trabajo, a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.

Así mismo, se refirió a las causales del juicio político propuesta por las asambleístas, sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro dijo que lo que hizo fue proteger la información personal y personalísima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley, sí se entregaron la información que es pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.

Sobre la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores.

Sin embargo, uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar sus derechos fue el de las personas con discapacidad y se emitió un Acuerdo Ministerial que garantizó los derechos de este segmento laboral para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración, lo cual permitió que la curva de pérdida de empleo en este sector se estabilice y no haya más desvinculaciones.

En torno a una presunta arrogación de funciones al interpretar el artículo 20 de la Ley Humanitaria, el ministro Isch aseveró que no se ha regulado ni interpretado la norma relacionada con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.

Se reguló la contratación con reducción emergente de la jornada laboral, lo cual permitió que, a partir de junio de 2020, disminuya la terminación de contratos por la causal de fuerza mayor.

Sobre la fijación del salario básico unificado para el 2021, Andrés Isch, dijo que tomó la decisión de mantenerlo en 400 dólares sobre la base de la proyección de la inflación para el 2020, fue negativa y es más, mediante Acuerdo Ministerial, se dispuso la prohibición de disminuir el salario básico, aún en el caso de que existe inflación negativa para el 2021 determinó la entrega de un bono de 60 dólares para quienes menos ganan, valor que supera a un posible incremento del salario básico, en beneficio directo de los trabajadores.

Con respecto al conflicto colectivo de EXPLOCEN C.A., el ministro de Trabajo, Andrés Isch, indicó que se trata de un caso que inició en 2018 y que fue tramitado por los órganos competentes, que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de primera y segunda instancia, a pesar que al ministro no le corresponde actuar, se propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdos, se exhortó a las autoridades de Explocen para que se reintegre a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y los cinco trabajadores regresaron a sus funciones, añadió.

Finalmente, Isch destacó varios logros de su gestión, entre ellos, el empleo adecuado en el 30,8 % a diciembre de 2020, cuando en junio, la época más dura de la pandemia, se ubicó en el 16.7 %, el subempleo bajó del 34.5 % a junio de 2020 al 22,7 % para diciembre, el desempleo se redujo del 13,3 % en junio, al 5 % para finales de 2020, el teletrabajo actualmente es de 286. 401 funcionarios públicos que laboran en esta modalidad, 162. 500 ciudadanos en el sector privado, para solucionar los problemas relacionado con la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, con un promedio de 15 % menos de la remuneración respecto de los hombres, el Ministro de Trabajo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Economía Violeta, que propone una serie de incentivos tributarios y de otra índole para los empleadores que contraten mujeres en sus empresas.

Como un homenaje al Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Justicia, en la sesión 151, intensificó el análisis del proyecto de reformas en materia penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y sancionar la violencia sexual digital, por lo escuchó las observaciones desde la Cancillería, ARCOTEL y una experta Italiana.

De su lado, Verónica Aguilar, de la Cancillería, explicó la posibilidad de que Ecuador se adhiera al Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia o delitos informáticos pasa por la invitación del Consejo de Europa y de los países que forman parte del mismo, cuyos procedimientos son distintos a los que se manejan con los tratados de Naciones Unidas, para lo cual se han establecido varios contactos y existe información específica sobre los cambios a la reglamentación interna y la legislación que tendría que implementar nuestro país para lograr este objetivo, precisó.

En cambio el legislador Héctor Muñoz indicó que la Cancillería debería designar un funcionario permanente para trabajar de manera conjunta en las reformas legales indispensables para que el país se incorpore a dicho instrumento internacional.

Mientras tanto, Paulina Murillo, Ana Jácome y Paulina Zhunio, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, describieron que el 23 % de la mujeres han sufrido abusos o acoso en línea al menos una vez su vida, el mayor impacto de las prácticas de violencia digital cuando están dirigidas a niñas y adolescentes, 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad, el 25 % de las mujeres que fueron objeto de violencia en el internet han reducido su presencia en línea, generando una causa de depresión, suicidios, aislamiento, plantearon que en las reformas al COIP se fijen las normas sobre hostigamiento y acoso de forma sistemática, insistente y reiterada, tras invocar a sumar voluntades para garantizar un internet seguro.

Por su lado, Silvia Semezin, experta Italiana, investigadora universitaria en temas de violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid, manifestó que la difusión sin consentimiento de material íntimo debe ser sancionado, la proliferación de tecnologías digitales y el uso de las redes sociales otorga nuevos medios para reforzar formas de violencia ya existentes, en Europa 9 millones de mujeres han sufrido de algún tipo de abuso en linea desde los 15 años; en el mundo, las mujeres están expuestas 27 veces más que los hombres en la red.

Finalmente, la violencia digital en contra de las mujeres tiene distintos tipos, no solo la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, sino también el lenguaje de odio sexista, insultos, ofensas, amenazas, ciberacoso, robo de datos personales y la extorsión, la clave es asegurar que las leyes estén orientadas a tutelar y proteger a las víctimas, esto viola la privacidad y destruye la vida de personas, por lo que tiene que ser considerado como delito de género.

Una vez que la Comisión de Educación entregue el informe final del articulado de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el pleno de la Asamblea Nacional procederá con la votación, luego de tres jornadas extensas de debate.

Mientras tanto, por el Día Internacional de la Mujer la función legislativa realizará una actividad presencial en el Parlamento.

Sin embargo, otras actividades están programadas en la semana del 8 al 12 de marzo.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, tiene previsto convocar a la continuación de la sesión 692 del pleno, con la finalidad de proceder a la votación del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, una vez que la Comisión de Educación entregue el informe para su votación.

Finalmente, la continuación de la sesión 695 del pleno, iniciará el primer debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, cuyo informe lo preparó la Comisión de Biodiversidad y el segundo debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social, referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

Una semana de intensa actividad en las comisiones de la Asamblea Nacional, esté miércoles 10 de marzo, a las 15h00, la Comisión de Participación Ciudadana sesionará con el objeto de revisar las objeciones parciales realizadas por el Presidente de la República, Lenín Moreno al proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

También, el viernes 12 de marzo, a la 15h00, convocarán en cambio a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, para que responda sobre la supuesta estafa a varios clientes de la empresa PROINCO.

Mientras tanto, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el lunes 8 de marzo, a las 09h00, continuará con el tratamiento del proyecto de Ley para prevenir la violencia, el acoso digital y la violencia a la intimidad, está prevista la comparecencia de la Cancillería y ARCOTEL.

Por otro lado, los legisladores continuaran con la revisión de las observaciones al proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio, para absolver las inquietudes del tema, tiene previsto convocar a policías aduaneros para que presenten sus observaciones.

De su lado, la Comisión del Derecho a la Salud, sesionará el lunes, miércoles y viernes, a las 09h00. el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, recibirá, de forma virtual a varias profesionales mujeres del área de Salud.

El 10 de marzo, comparecerá el Presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), Juan Manuel García, para que informe sobre el examen previo al ejercicio profesional y el 12 de marzo, están convocados diferentes actores para que den observaciones al proyecto de Ley de Carrera Sanitaria.

El viernes 12 de marzo, a las 10h00, la Comisión de Derechos Colectivos convocará por segunda ocasión al ministro de Gobierno, Comandante de la Policía Nacional y al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para que informen sobre el estado de los centros de privación de libertad del Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional.

La Comisión de Desarrollo Económico revisará el informe sobre la ejecución presupuestaria 2020 y 2021 y continuará con el tratamiento del proyecto de ley para otorgar facilidades de pago a todas las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación y que producto de la pandemia COVID-19 necesiten ser reestructuradas.

También, iniciarán el análisis de las observaciones entregadas en el Pleno de la Asamblea Nacional, al proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, estas actividades se realizarán el miércoles 10 de marzo, a las 09h00.

Varias sesiones realizará la Comisión de Relaciones Internacionales durante esta semana. El lunes 8 de marzo, a las 15h00, la mesa legislativa avanzará con el tratamiento del articulado del proyecto de Ley de Datos Personales.

El martes 9 de marzo, a las 09h00, proseguirá con el tratamiento del proyecto de Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, tema que continuará el miércoles 10 de marzo, a las 09h00, a las 15h00, la Comisión realizará una sesión reservada para escuchar la rendición de cuentas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

El jueves 11 de marzo, los parlamentarios continuarán el tratamiento de los proyectos de Ley de Datos Personales y de Personal de las Fuerzas Armadas.

El viernes 12 de marzo, revisarán dos instrumentos internacionales, de Belarús y Pasos Fronterizos, con la comparecencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Ministerio de Gobierno y de la SENESCYT.

La Comisión de Fiscalización analizará las pruebas entregadas por el ministro de Trabajo, Andrés Isch, dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra, por un supuesto incumplimiento de funciones, planteado por las asambleístas Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín de la Revolución Ciudadana.

El el lunes,8 de marzo, a las 11h00, la Comisión de Soberanía Alimentaria citará al ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para que explique las medidas adoptadas y el control realizado para precautelar las actividades de captura y extracción de los recursos hidrobiológicos se realicen en cumplimiento de la normativa legal.

El miércoles 10 de marzo, a las 09h30, la comisión convocará al Ministro del Ambiente y Agua con el fin de que informe el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados.

Finalmente, el lunes, 8 de marzo, a las 09h00, la Comisión de Biodiversidad fiscalizará con respecto a la aplicación de la Ley Amazónica en la construcción de su Reglamento, así como la defensa de los derechos de los pobladores de Santa Martha 2 y Agromache y de la naturaleza, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la contaminación del bosque del Chocó por minería ilegal y legal; el retraso en la entrega de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía y las reformas a la Ley de Minería, tiene prevista la comparecencia de varias autoridades de Gobierno y de la CTEA.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social tiene previsto recibir a los ministros de Economía, Educación y Trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, respecto al pago de los docentes jubilados del país, la reunión se realizó el pasado 8 de febrero y condujo a varios compromisos.

El titular de la mesa, Raúl Tello, solicitó mediante oficio al ministro de Economía, Mauricio Pozo, informe ¿cuándo se inician los pagos a los maestros jubilados, considerando que debía comenzar la tercera semana de enero del presente año?, si existe cronograma de pagos, si con el presupuesto asignado se cumplirá con el pago a los maestros jubilados hasta el año 2020, conforme la disposición del Presidente de la República y si se cumplirá con la cancelación en efectivo, hasta el mes mayo de 2021, a los maestros priorizados rezagados de 2015, 2016 y 2017.

Mientras que, a la ministra de Educación, Monserrat Creamer, le pidió información respecto a la validación de las carpetas de maestros jubilados, conforme al compromiso adquirido ante la Comisión, el pasado 11 de enero de 2021.

Según, lo señalado por la Ministra, el presupuesto asignado para el pago del incentivo a maestros jubilados era de 550 millones de dólares.

Es así, que el presidente de la Comisión solicitó contestar ¿cómo está distribuido ese presupuesto? ¿a quiénes se está pagando en efectivo, considerando que existen rezagados de 2015, 2016 y 2017 con más de 70 años?.

Finalmente, al ministro de Trabajo, Andrés Isch, tendrá que responder el avance respecto del compromiso de solucionar la situación de los maestros que se jubilaron antes de mayo de 2017 y a partir del 1 de septiembre de 2018, quienes hasta el momento se encuentran en indefensión, sin poder presentar sus carpetas, no se estaría cumpliendo el compromiso de trabajar en la elaboración de un Acuerdo Ministerial que permita dar solución a sus casos.

La Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico.

El presidente de la Comisión Esteban Albornoz, señaló a través de la Ley de Emprendimiento que que está en vigencia desde hace un año, permitió la conformado de 4.833 Sociedades de Acción Simplificada, con esto recuperar al sector productivo y generar empleo.

Así mismo, dijo que la normativa da facilidades a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios y a los actores de la economía popular y solidaria.

Sin embargo, indicó que está pendiente el funcionamiento del Consejo Nacional de Emprendimiento, se nombre al Secretario Técnico, la implementación del crowdfunding, ventanilla única, entre otros aspectos.

El proyecto de Ley prevé la presentación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento como alternativa a los trabajos de titulación.

Además, como medida efectiva para incentivar y fomentar el emprendimiento juvenil está previsto la implementación de una bolsa de emprendimiento a cargo del Ministerio rector de la Producción.

Se propone reformar lo relativo al registro y control de las plataformas de fondos colaborativos para que estas sean gestionadas y supervisadas por la Superintendencia de Compañías.

El proyecto de Ley incluye siete disposiciones reformatorias para el fomento de la innovación y emprendimiento orientadas a Gobiernos Autónomos Descentralizados y entidades educativas.

Dentro de las disposiciones generales propone que sean las entidades de educación general y superior, las que establezcan las condiciones generales y particulares para que los estudiantes accedan a proyectos de innovación o planes de negocio como trabajos de titulación; y que los recursos para estos objetivos sean financiados dentro de sus presupuestos correspondientes.

Mientras tanto, el asambleísta Mariano Zambrano, quien propuso la reforma, aseguró que la Ley de Emprendimiento vigente genera grandes beneficios para la dinamización de la economía, pero aún hace falta fortalecer el emprendimiento juvenil.

Por otro lado, pidieron que los emprendedores juveniles puedan acceder a préstamos a largo plazo, que el Ministerio de la Producción busque mercados extranjeros para que los emprendimientos juveniles puedan ser exportados y que la banca pública dé un año de gracia en la concesión de préstamos con un interés del 1 % y 2 %.

Finalmente, en la disposición transitoria única, se determina que en el plazo de seis meses la Autoridad Educativa Nacional incorpore asignaturas sobre emprendimiento e innovación.

El secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A. Freddy Caisa, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y personas despedidas de otras compañías, pidieron sancionar al ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el juicio político, presentada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, por incumplimientos de funciones.

El Ministerio del Trabajo no cumplió con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, permitió el despedido de compañeros que tenían entre cinco, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias, así como cuatro intentos de desalojo de las instalaciones de la empresa, contraviniendo el derecho a la huelga, insistió Freddy Caisa.

Por su parte, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut y presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, aseguró que el juicio político dejará un mensaje a todos los funcionarios públicos que deben cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.

Además, Bedoya indicó que en este último período del gobierno se ha violentado sistemáticamente el derecho a la organización sindical, a la contratación colectiva, es el caso de Explocen existe una confabulación entre la empresa, policía, instituciones relacionadas con la justicia y el propio ministerio del Trabajo, en contra de los trabajadores.

Por su parte, Juan Mosquera, Sonia Vicuña y David Leiva, quienes fueron despedidos de sus puestos de trabajo, en diferentes empresas, mediante la aplicación de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, señalaron que su desvinculación no cumplió con los justificativos que corresponden a la referida figura jurídica y se les consignaron liquidaciones que llegaron a 300, 400 y hasta 1000 dólares.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, inició un recorrido por los centros de rehabilitación social del país, donde, desde el pasado martes por la noche, se generaron una serie de actos violentos durante los cuales perdieron la vida decenas de personas privadas de Libertad (PPL).

Además, el secretario de estado informó que se han destruido la infraestructura que afectó la parte tecnológica de las cuatro cárceles del país.

En horas de la tarde, recibió, en Guayaquil, la evaluación realizada por el Comité de Seguridad que se había reunido, después de su disposición, y que estuvo liderado por el gobernador de Guayas, Luis Chonillo.

Según, el informe indicaba que centro de rehabilitación estaba controlado.

Sin embargo, había unos pocos focos, en algunos lugares, donde si bien no hay violencia, existen problemas que se deben solucionar”, expresó el Ministro de Gobierno.

Así mismo, indicó que durante los días de violencia, sobre todo el 23 de febrero, hubo mucha destrucción de la infraestructura en al Centro de Rehabilitación, lo que implica que la Policía Nacional esté haciendo un trabajo especial, con entradas sistemáticas controladas, para protección del personal del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

El Ministerio de Salud Pública en coordinación con las brigadas Las Manuelas, repotenció la atención a personas con discapacidad en el país.

En la pandemia por la COVID-19, se entregaron 958 ayudas técnicas a 777 beneficiarios, como parte del proyecto de Atención Integral e Integradora a Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud, informaron.

La Dirección Nacional de Discapacidades, en los últimos meses, fortaleció las acciones en territorio, mediante equipos conjuntos y la respectiva logística para movilizar los insumos, con base a una redistribución a escala nacional, para dar respuesta efectiva sobre todo en los sectores de difícil acceso.

Uno de los beneficiarios fue Cristopher V. de 8 años, de la parroquia Tarqui, provincia de Pastaza, tiene un 90% de discapacidad física, una parálisis cerebral que le causó paraplejía, “ahora podré movilizar a mi hijo, antes era complicado”, señaló su madre, Martha, con lágrimas de alegría al recibir una silla de ruedas postural, colchón anti escaras y silla de baño para su hijo.

Así mismo, las brigadas Las Manuelas, llegaron a la comunidad de Ebenezer, en el cantón Morona Santiago, con una silla de ruedas para Dylan de 4 años, quien tiene discapacidad intelectual del 84%, “esta ayuda servirá de apoyo en la movilidad dentro y fuera del hogar”, aseguró Raisa Unupi.

Por otro lado, el caso de Adolfo Tutiven, de 97 años, quien vive en el barrio Padre Aguirre del cantón Daule, tras la valoración realizada por el equipo del MSP, recibió una silla de ruedas que le permitirá mejorar la movilidad debido a su edad y condición de vulnerabilidad.

Para Francisco Contreras, director de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, indicó que han cumplido con la Ley Nacional de Discapacidades, frente a las necesidades de la ciudadanía en la entrega del stock de ayudas técnicas, a través de las coordinaciones zonales y de acuerdo a la demanda en territorio, en el 2020 sumaron 13.807 ayudas técnica a más de 12 mil personas.

Finalmente, la redistribución y optimización de las ayudas técnicas se dio por varias razones, como la migración de personas con discapacidad, a sus provincias de origen para ser cuidadas por sus familiares, se actualizaron los listados en función de la ubicación en parroquias, cantones, provincias con el apoyo de los equipos del Plan Toda una Vida y las Fuerzas Armadas, se desplazaron las ayudas técnicas, se registraron cambios de condición de la discapacidad, entre otros. “La discapacidad es un proceso continuo que valida las secuelas irreversibles”, subrayó Contreras.