La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social tiene previsto recibir a los ministros de Economía, Educación y Trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, respecto al pago de los docentes jubilados del país, la reunión se realizó el pasado 8 de febrero y condujo a varios compromisos.

El titular de la mesa, Raúl Tello, solicitó mediante oficio al ministro de Economía, Mauricio Pozo, informe ¿cuándo se inician los pagos a los maestros jubilados, considerando que debía comenzar la tercera semana de enero del presente año?, si existe cronograma de pagos, si con el presupuesto asignado se cumplirá con el pago a los maestros jubilados hasta el año 2020, conforme la disposición del Presidente de la República y si se cumplirá con la cancelación en efectivo, hasta el mes mayo de 2021, a los maestros priorizados rezagados de 2015, 2016 y 2017.

Mientras que, a la ministra de Educación, Monserrat Creamer, le pidió información respecto a la validación de las carpetas de maestros jubilados, conforme al compromiso adquirido ante la Comisión, el pasado 11 de enero de 2021.

Según, lo señalado por la Ministra, el presupuesto asignado para el pago del incentivo a maestros jubilados era de 550 millones de dólares.

Es así, que el presidente de la Comisión solicitó contestar ¿cómo está distribuido ese presupuesto? ¿a quiénes se está pagando en efectivo, considerando que existen rezagados de 2015, 2016 y 2017 con más de 70 años?.

Finalmente, al ministro de Trabajo, Andrés Isch, tendrá que responder el avance respecto del compromiso de solucionar la situación de los maestros que se jubilaron antes de mayo de 2017 y a partir del 1 de septiembre de 2018, quienes hasta el momento se encuentran en indefensión, sin poder presentar sus carpetas, no se estaría cumpliendo el compromiso de trabajar en la elaboración de un Acuerdo Ministerial que permita dar solución a sus casos.

La Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico.

El presidente de la Comisión Esteban Albornoz, señaló a través de la Ley de Emprendimiento que que está en vigencia desde hace un año, permitió la conformado de 4.833 Sociedades de Acción Simplificada, con esto recuperar al sector productivo y generar empleo.

Así mismo, dijo que la normativa da facilidades a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios y a los actores de la economía popular y solidaria.

Sin embargo, indicó que está pendiente el funcionamiento del Consejo Nacional de Emprendimiento, se nombre al Secretario Técnico, la implementación del crowdfunding, ventanilla única, entre otros aspectos.

El proyecto de Ley prevé la presentación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento como alternativa a los trabajos de titulación.

Además, como medida efectiva para incentivar y fomentar el emprendimiento juvenil está previsto la implementación de una bolsa de emprendimiento a cargo del Ministerio rector de la Producción.

Se propone reformar lo relativo al registro y control de las plataformas de fondos colaborativos para que estas sean gestionadas y supervisadas por la Superintendencia de Compañías.

El proyecto de Ley incluye siete disposiciones reformatorias para el fomento de la innovación y emprendimiento orientadas a Gobiernos Autónomos Descentralizados y entidades educativas.

Dentro de las disposiciones generales propone que sean las entidades de educación general y superior, las que establezcan las condiciones generales y particulares para que los estudiantes accedan a proyectos de innovación o planes de negocio como trabajos de titulación; y que los recursos para estos objetivos sean financiados dentro de sus presupuestos correspondientes.

Mientras tanto, el asambleísta Mariano Zambrano, quien propuso la reforma, aseguró que la Ley de Emprendimiento vigente genera grandes beneficios para la dinamización de la economía, pero aún hace falta fortalecer el emprendimiento juvenil.

Por otro lado, pidieron que los emprendedores juveniles puedan acceder a préstamos a largo plazo, que el Ministerio de la Producción busque mercados extranjeros para que los emprendimientos juveniles puedan ser exportados y que la banca pública dé un año de gracia en la concesión de préstamos con un interés del 1 % y 2 %.

Finalmente, en la disposición transitoria única, se determina que en el plazo de seis meses la Autoridad Educativa Nacional incorpore asignaturas sobre emprendimiento e innovación.

El secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A. Freddy Caisa, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y personas despedidas de otras compañías, pidieron sancionar al ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el juicio político, presentada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, por incumplimientos de funciones.

El Ministerio del Trabajo no cumplió con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, permitió el despedido de compañeros que tenían entre cinco, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias, así como cuatro intentos de desalojo de las instalaciones de la empresa, contraviniendo el derecho a la huelga, insistió Freddy Caisa.

Por su parte, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut y presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, aseguró que el juicio político dejará un mensaje a todos los funcionarios públicos que deben cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.

Además, Bedoya indicó que en este último período del gobierno se ha violentado sistemáticamente el derecho a la organización sindical, a la contratación colectiva, es el caso de Explocen existe una confabulación entre la empresa, policía, instituciones relacionadas con la justicia y el propio ministerio del Trabajo, en contra de los trabajadores.

Por su parte, Juan Mosquera, Sonia Vicuña y David Leiva, quienes fueron despedidos de sus puestos de trabajo, en diferentes empresas, mediante la aplicación de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, señalaron que su desvinculación no cumplió con los justificativos que corresponden a la referida figura jurídica y se les consignaron liquidaciones que llegaron a 300, 400 y hasta 1000 dólares.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, inició un recorrido por los centros de rehabilitación social del país, donde, desde el pasado martes por la noche, se generaron una serie de actos violentos durante los cuales perdieron la vida decenas de personas privadas de Libertad (PPL).

Además, el secretario de estado informó que se han destruido la infraestructura que afectó la parte tecnológica de las cuatro cárceles del país.

En horas de la tarde, recibió, en Guayaquil, la evaluación realizada por el Comité de Seguridad que se había reunido, después de su disposición, y que estuvo liderado por el gobernador de Guayas, Luis Chonillo.

Según, el informe indicaba que centro de rehabilitación estaba controlado.

Sin embargo, había unos pocos focos, en algunos lugares, donde si bien no hay violencia, existen problemas que se deben solucionar”, expresó el Ministro de Gobierno.

Así mismo, indicó que durante los días de violencia, sobre todo el 23 de febrero, hubo mucha destrucción de la infraestructura en al Centro de Rehabilitación, lo que implica que la Policía Nacional esté haciendo un trabajo especial, con entradas sistemáticas controladas, para protección del personal del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

El Ministerio de Salud Pública en coordinación con las brigadas Las Manuelas, repotenció la atención a personas con discapacidad en el país.

En la pandemia por la COVID-19, se entregaron 958 ayudas técnicas a 777 beneficiarios, como parte del proyecto de Atención Integral e Integradora a Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud, informaron.

La Dirección Nacional de Discapacidades, en los últimos meses, fortaleció las acciones en territorio, mediante equipos conjuntos y la respectiva logística para movilizar los insumos, con base a una redistribución a escala nacional, para dar respuesta efectiva sobre todo en los sectores de difícil acceso.

Uno de los beneficiarios fue Cristopher V. de 8 años, de la parroquia Tarqui, provincia de Pastaza, tiene un 90% de discapacidad física, una parálisis cerebral que le causó paraplejía, “ahora podré movilizar a mi hijo, antes era complicado”, señaló su madre, Martha, con lágrimas de alegría al recibir una silla de ruedas postural, colchón anti escaras y silla de baño para su hijo.

Así mismo, las brigadas Las Manuelas, llegaron a la comunidad de Ebenezer, en el cantón Morona Santiago, con una silla de ruedas para Dylan de 4 años, quien tiene discapacidad intelectual del 84%, “esta ayuda servirá de apoyo en la movilidad dentro y fuera del hogar”, aseguró Raisa Unupi.

Por otro lado, el caso de Adolfo Tutiven, de 97 años, quien vive en el barrio Padre Aguirre del cantón Daule, tras la valoración realizada por el equipo del MSP, recibió una silla de ruedas que le permitirá mejorar la movilidad debido a su edad y condición de vulnerabilidad.

Para Francisco Contreras, director de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, indicó que han cumplido con la Ley Nacional de Discapacidades, frente a las necesidades de la ciudadanía en la entrega del stock de ayudas técnicas, a través de las coordinaciones zonales y de acuerdo a la demanda en territorio, en el 2020 sumaron 13.807 ayudas técnica a más de 12 mil personas.

Finalmente, la redistribución y optimización de las ayudas técnicas se dio por varias razones, como la migración de personas con discapacidad, a sus provincias de origen para ser cuidadas por sus familiares, se actualizaron los listados en función de la ubicación en parroquias, cantones, provincias con el apoyo de los equipos del Plan Toda una Vida y las Fuerzas Armadas, se desplazaron las ayudas técnicas, se registraron cambios de condición de la discapacidad, entre otros. “La discapacidad es un proceso continuo que valida las secuelas irreversibles”, subrayó Contreras.

27 de Febrero el Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y Día del Héroe Nacional, cuatro momentos de contenido histórico que son parte de nuestra nacionalidad al conmemorar la Batalla de Tarqui de 1829 que cubrió de Gloria a la Patria

La Asamblea Nacional tramitó esté jueves 25 de febrero en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, establece el régimen jurídico para el desarrollo del sector, a través de la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.

El objetivo de la ley es incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario y promoverá el acceso equitativo a los factores de la producción.

También, impulsará y aprobará el desarrollo y difusión de conocimientos, tecnologías e innovación, orientados a la producción nacional y productividad.

Por su parte, Mauricio Proaño, ponente del informe subrayó que más allá de posibles discrepancias que puedan surgir respecto de esta normativa, el objetivo es que exista una ley que garantice el desarrollo sustentable del sector agropecuario.

Además, Proaño indicó que en el debate del proyecto la comisión recibió a representantes de diferentes organizaciones, colectivos y productores, de todo el país, por consiguiente, no se puede argumentar falta de participación, dado que se pronunciaron organismos internacionales, instituciones públicas, privadas y, sobre todo, la academia.

Así mismo, se refirió a la consulta prelegislativa, Proaño señaló que de ninguna manera la ley atenta contra los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puesto que el texto respeta todas las normas que fueron aprobadas mediante consulta en las leyes de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como de Semillas, entre otras.

La ley impulsa y fortalece la agricultura familiar campesina, incluye la capacidad de resiliencia del sector agropecuario, al igual que medidas frente a la pandemia del COVID-19 y cómo actuar en la etapa pospandemia.

Esto responde a las tendencias de desarrollo para el 2050, a través del fortalecimiento de tecnología avanzada, incremento de valor agregado a la producción rural, canales distribución y comercialización de productos desde los campos hacia la ciudad, como también para la exportación.

La conjugación del conocimiento ancestral y tecnología es un factor que permite modernizar la producción, con el establecimiento de políticas públicas estatales, no gubernamentales, no solo en el ámbito productivo, respecto a seguros, créditos y demás mecanismos de financiamiento al productor, apoyo a la investigación, transferencia tecnológica, la ley potencia la vinculación de la juventud y la creación de empleo rural para este segmento de la población.

El Plan Nacional Agropecuario, contempla las normas como un factor importante para alcanzar los objetivos de la ley, esté será construido con la participación de todos los sectores vinculados con el sector agropecuario y tendrá 10 años de duración.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Lenin Plaza, expresó que la Ley de Fomento Agropecuario en vigencia, creada hace cerca de cinco décadas, no responde a las actuales condiciones de este sector productivo, de allí la necesidad de modernizar la normativa, incluyendo aspectos de carácter científico, técnico, tecnológico acordes con el presente y el futuro, el aspecto más destacado fue el financiamiento del agro, con créditos e intereses preferenciales, con segmentos que se ajusten a la dinámica de la producción y el acceso a mercados nacionales e internacionales, el contrabando desde el Perú y Colombia, en perjuicio de los agricultores requiere que la Ley establezca medidas efectivas de control.

Luego de varias semanas de negociaciones, y previa la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el ministerio de Salud Pública suscribió un acuerdo con el laboratorio Sinovac Life Sciences para la provisión de 2 millones de dosis de vacunas COVID-19, que serán entregadas a Ecuador en marzo y abril de esté año, según cronograma presentado por la farmacéutica.

Además, el Ecuador se encuentra en negociaciones con Rusia y la India para la provisión de vacunas que cumplan con todos los requisitos de seguridad sanitaria y evidencia científica, en los próximos días anunciarán los acuerdos a los que se llegue con estos países, indicaron.

Por otro lado, las 2 millones de dosis de vacunas del laboratorio Sinovac se suman a las 18 millones de dosis contratadas por el Ecuador, de acuerdo se detalla en la tabla:

VACUNA	CANTIDAD DOSIS NEGOCIADAS CON ECUADOR
PFIZER	6 MILLONES
ASTRAZENECA OXFORD	5 MILLONES
INICIATIVA COVAX FACILITY- OMS	7 MILLONES
SINOVAC	2 MILLONES
TOTAL VACUNAS ECUADOR	20 MILLONES

Así mismo, 20 millones de dosis de vacunas negociadas permitirán inmunizar al 60% de la población mayor de 18 años con ello se alcanzará el objetivo de un Ecuador vacunado en el 2021.

Mientras tanto, el ministerio de Salud Pública continuará trabajando con cada uno de los laboratorios farmacéuticos para asegurar los cronogramas de suministro de estas dosis, de acuerdo a la disponibilidad internacional.

Dentro del Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, la capacidad logística desarrollada por el país es para vacunar hasta 160.000 personas por día. Esta capacidad permite estar preparados para recibir grandes lotes de vacunas.

Las vacunas aprobadas para importación del Ministerio de Salud Pública hasta el momento son:

PFIZER

ASTRAZENECA – OXFORD

SINOVAC

Uno de los requisitos para que una vacuna sea aprobada en el país, es contar con la aprobación de agencias regulatorias de alta vigilancia, según normativa internacional, como FDA, EMA OMS, así como estrictas condiciones de los Centros de Alta Vigilancia Sanitaria Internacional, de tal manera que se garantice la seguridad sanitaria de los ecuatorianos.

Finalmente, el cronograma de entregas que han presentado las farmacéuticas actualmente, sujeto a cambios, según procesos de producción y logística de los laboratorios, es el siguiente:

Según, la ministra de Turismo, Rosi Prado, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dijo estamos “buscado convertir al Ferrocarril en un producto atractivo que pueda promocionarse en el exterior para operar a través de una alianza público-privada que optimice los 507 kilómetros de línea férrea”.

Sobre el proceso de liquidación de la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, la ministra Rossi Prado, aseguró que no puede entregar información específica antes que concluya la liquidación, al momento cualquier informe deberá ser requerido a la liquidadora.

Además, Prado lamentó que desde la creación de la empresa no se haya optimizado su rol, puesto que se privilegió un producto turístico poco rentable y se dejaron de lado las actividades relacionadas con transporte de pasajeros y de carga.

Así mismo, el traspaso de los bienes de la Empresa de Ferrocarriles al Ministerio de Turismo, la funcionaria aseguró que dicho traspaso se cumplirá una vez concluya el proceso de liquidación, solo ahí se podrá conocer cuáles son sus activos y pasivos actualmente, la liquidadora es la custodia de dichos bienes, insistió.

Por otro lado, la ministra de Turismo, Rosi Prado expresó que para la nueva entidad que asuma las competencias relacionadas con el ferrocarril se esta trabajando con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para que estas instancias de gobierno propongan proyectos de desarrollo turístico acordes con la realidad y requerimientos de cada localidad, son más de 120 proyectos que ha recibido está cartera de Estado, precisó.

Finalmente, la ministra asevero que cuando concluya el proceso, cuyo plazo se amplió hasta el 10 de mayo de este año, los legisladores y el país contarán con toda la información acerca de los activos y pasivos de la empresa, las ofertas que se puedan recibir, con total transparencia.

El candidato de la alianza CREO – PSC, Guillermo Lasso visitó esté martes 23 de febrero Quito y se refirió que en su gobierno del cambio no subirá el precio del gas, se mantendrá fijo, en respeto a la economía de los ecuatoriano.

Además, Lasso indicó que oportunamente adoptaran las medidas adecuadas para combatir el contrabando del gas en las zonas fronterizas.

Finalmente, la política de salud en el gobierno del cambio de todos, será prioritario por lo que junto al doctor Alfredo Borrero trabajaremos en un plan más allá de la curación en un programa o sistema de prevención de enfermedades, precisó.