La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, continuó con la investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que afronta el país. Por lo que, recibió al fiscal general (subrogante), Wilson Toainga, quien defendió el trabajo de la entidad, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley.

Para del Fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga la actuación de los fiscales, en los casos de flagrancia, depende de los partes de aprehensión o novedades elaborados por la Policía y Fuerzas Armadas, no todas las partes ni todos los expedientes cuentan con la debida fundamentación para formular cargos; tampoco encajan en los presuntos delitos que se mencionan en ellos, dijo.

Los fiscales en determinados casos, cuando los elementos probatorios lo permiten, solicitan medidas cautelares personales o reales, no todos los casos ameritan prisión preventiva y en muchas ocasiones, el juez, sobre la base de las normativas nacionales e internacionales, decide otorgar medidas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial, explicó.

Además, el problema va más allá de las medidas que adoptan los jueces. En el Ecuador, los fiscales y jueces no tienen garantías para desarrollar su trabajo, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con esta materia, señaló Toainga.

También, el fiscal general (subrogante) aseguró que existe normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es un problema regional y mundial que data de la década de los noventa. Frente a esto, nuestra legislación debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales, insistió.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, solicitó a los integrantes de la mesa legislativa que remitan sus observaciones, para efectuar un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, documentación que será debidamente analizada y evaluada para la construcción del informe respecto de la investigación.

El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este martes 24 de junio 2025, el segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente, de violencia y corrupción. La sesión será a las 15h00.

Según, la comisión de Desarrollo Económico, establece que la integridad pública es una condición necesaria para responder a la corrupción, mantener la confianza en las instituciones públicas. Respecto a la contratación pública. Fortalecer el servicio público.

Además, tratar la gestión pública en su generalidad, para no estancarse en lo superficial del problema, sino empezar a hacerle frente desde un ámbito más profundo.

Así mismo, busca erradicar la red de delincuencia que amenaza a la niñez del país.

Finalmente, para la elaboración del informe para al segundo debate, la comisión recogió las observaciones del primer debate y recibió criterios de varias autoridades, organismos públicos y privados.

El Gobierno Nacional recibió a una delegación oficial de Emiratos árabes Unidos, encabezada por Su Excelencia Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Teletrabajo, en el Primer Foro Económico y de Inversiones Ecuador.

Además, parte de su visita al país, el ministro Emiratí fue recibido por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, el saludo protocolar y encuentro reafirma el compromiso de las dos naciones.

Según, la canciller Gabriela Sommerfeld esta visita tiene como objetivo dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos durante la visita oficial del presidente Noboa a Emiratos Árabes Unidos en mayo del 2025. El foro constituye una plataforma para mostrar la oferta ecuatoriana, principalmente de productos agrícolas, dijo.

Así mismo, durante el foro que se desarrolló en Quito, los ministros de Estado y representantes del sector empresarial de ambos países mantuvieron diálogos bilaterales centrados en producción, innovación, comercio y cooperación estratégica, sentando las bases para una alianza sólida y de largo alcance.

La delegación Emiratí la integraron altos ejecutivos de destacadas empresas internacionales como Emirates Airline, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), el Centro Multicomercial de Dubái (DMCC), Al Dahra, Al Bakrawe, Mirak, G42 Presight y representantes de las Cámaras de Dubái.

Mientras tanto, el foro es el primer paso para la ejecución de los 28 compromisos suscritos durante la visita presidencial Noboa en mayo, en temas como energía, hidrocarburos, minería responsable, desarrollo agrícola, tecnología, salud y educación.

Finalmente, el Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa activamente una política exterior enfocada en la cooperación internacional para el desarrollo. Con encuentros de alto nivel como este, que fortalece la presencia del Ecuador en los mercados estratégicos, fomenta la atracción de inversiones y atiende de manera integral las necesidades de los ciudadanos.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 125 votos a favor, aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia, que unifica 22 iniciativas sobre paridad de género, transparencia, el método de asignación de escaños en elecciones pluripersonales y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, entre otras.

El Código de la Democracia es el resultado de un proceso amplio, participativo y plural, que se ha desarrollado a lo largo de los 4 años. Durante este tiempo, el cuerpo legal recibió valiosos aportes de autoridades electorales, asambleístas de distintas bancadas políticas y representantes de la sociedad civil, lo que refleja un compromiso conjunto con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia electoral en el país.

Para la asambleísta Rosa Torres, presidenta de la comisión de Justicia y Estructura del Estado, los ajustes realizados al texto final, elimina los cambios inicialmente propuestos a los artículos 93 y 267, es decir que se mantienen tal como rigen actualmente, se unifican todos los formatos de la Ley, dijo.

Además, el proyecto de Ley recoge las observaciones formuladas durante el segundo debate, en materias relacionadas con la inclusión de disposiciones que garanticen los principios de equidad de género, paridad y no discriminación hacia la mujer en los procesos de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

Así mismo, incorpora normas sobre la participación de jóvenes y de ecuatorianos en el exterior en elecciones nacionales, conforme a la Constitución. Se aclaran temas sobre el control del gasto electoral, límites de aportes de candidatos y simpatizantes de las organizaciones políticas a campañas.

Mientras tanto, el proyecto de Ley establece sanciones por excesos en aportes y gastos electorales, procedimientos para denuncias de violencia política de género contra mujeres y los porcentajes mínimos de votación y representación electoral que deben cumplir los partidos y organizaciones para seguir registrados y evitar su extinción.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, continua con el proceso de investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Operacional del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Enrique Aristizábal.

Según, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo durante el 2025, las FF. AA. capturaron a más de seis mil sospechosos de actos delictivos, cumpliendo con todos los protocolos que se deben seguir para este efecto.

Sin embargo, las actuaciones de jueces y fiscales resultan ser incomprensibles, hecho que pone en evidencia la desarticulación de las entidades de justicia con los esfuerzos que realiza la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada, dijo el ministro.

Además, los posibles errores procesales y la supuesta falta de evidencias probatorias, la actuación de los operadores de justicia demuestra que existe una grave crisis en la cual los fallos responden a los intereses de estos grupos y no a lo que anhela la mayoría de los ecuatorianos, expresó Loffredo.

“El país necesita un sistema de justicia sólido, probo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos; un sistema que acompañe la lucha de todas las instituciones para así proteger de manera efectiva a nuestros ciudadanos, militares y policías; un sistema que no sea funcional a las mafias”, aseguró el Ministro de Defensa.

Por su parte, el jefe del Comando Operacional, Enrique Aristizábal, explicó los resultados de los operativos efectuados por el eje de seguridad en todo el país. Recordó que se trata de una lucha que no solo es de las Fuerzas Armadas ni del personal militar, sino que debe ser de todos los ecuatorianos, de todas las funciones del Estado.

Mientras tanto, las más de seis mil personas aprehendidas en los operativos salieron en libertad a los dos, tres o cuatro días, lo que demuestra que la lucha que hace Fuerzas Armadas no es correspondida por las demás instituciones públicas, manifestó el Comandante.

Finalmente, el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con la seguridad nacional y el combate frontal a la delincuencia organizada. No obstante, insistieron en que estos esfuerzos solo serán efectivos si existe una coordinación real y sostenida con el sistema de justicia, precisaron.

El Pleno de la Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con el carácter de urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente y libre de violencia y corrupción.

Durante el debate, la legisladora Valentina Centeno, señaló que la normativa busca fortalecer la integridad pública y la eficiencia en los servicios que el Estado presta a la ciudadanía.

Además, Centeno lamentó la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. En el 2024, fueron detenidos 2.777 menores de edad por diversos delitos. Por ello, la propuesta incluye una disposición para que, en casos de delitos graves cuya pena supere los 10 años, los menores de edad sean sancionados conforme al Código Orgánico Integral Penal, es decir, como adultos.

Así mismo, incorpora un nuevo delito: el prevaricato cometido por jueces y fiscales. La propuesta legal también contempla un capítulo sobre contratación pública, el rediseño de procedimientos, reformas al servicio público, entre otros.

Según, los asambleístas la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. En el 2024 se adjudicaron contratos por 73 millones de dólares, 76 millones por lista corta y 25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto.

También, advirtieron que entre el 10 % y el 30 % de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Plantearon evitar la manipulación del Sistema Nacional de Contratación Pública en diversos procedimientos, fortalecer las economías locales y asegurar el pago oportuno a los proveedores.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, inició un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de los operadores de justicia en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador.

Según, ciertas decisiones judiciales estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, lo que ha generado preocupación en relación con la eficacia del sistema de justicia y su impacto en la seguridad pública. Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.

El Ministro del Interior reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.

Además, John Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia. La actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, expresó.

Por su parte, el Comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Pero lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.

Mientras tanto, el 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador. Esta realidad hace necesario revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones básicas para dictar medidas sustitutivas, con el propósito de sancionar oportunamente esas prácticas y evitar la impunidad, aseguró el ministro.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, sostuvo que continuará con el proceso de investigación hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia para salvaguardar los intereses de los 18 millones de ecuatorianos.

El Consejo de Administración Legislativa, resolvió sancionar por 60 días sin remuneración al asambleísta Ronal González de la Revolución Ciudadana, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 6 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas.

“Estoy seguro que, con responsabilidad y apego a la Ley, sabremos abordar este tema de suma importancia para la ética y el respeto en el ejercicio de nuestras funciones”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

La acción administrativa constituye la primera sanción frente a comportamientos que afectan la institucionalidad del Parlamento, u obstaculizan el normal desarrollo de las sesiones plenarias, en lo que va del período legislativo.

Entre tanto, la sanción tiene relación con el hecho ocurrido el pasado lunes 26 de mayo 2025, en el que, según la proponente de la queja, “González protagonizó un acto de alteración del orden institucional al recorrer las instalaciones de la Asamblea Nacional utilizando un megáfono para proferir gritos ofensivos contra sus colegas legisladores”.

La subcontralora de auditoría, Gabriela Sulca delegada de la Contraloría General del Estado, anunció que, en el presente ejercicio fiscal, se han planificado 12 exámenes especiales y una auditoría específica en relación con las asignaciones presupuestarias a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Esto, en el marco del proyecto de reforma a la Ley 047, que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías provenientes de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Además, la subcontralora recordó que, con anterioridad, se han ejecutado varios exámenes relacionados con la aplicación de esta normativa: en la provincia del Azuay, 27 exámenes a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 7 a los parroquiales; en Cañar, 14 a los municipios y 7 a las parroquias; en Morona Santiago, 16 a los municipios y 19 a las parroquias; en Tungurahua, 2 exámenes al GAD provincial y 19 a los GAD municipales.

La Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica en relación al (Decreto Ley N.º 047), que busca incorporar a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Este análisis se realizará previo a la elaboración del informe para primer debate.

Así mismo, la comisión conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con enfoque preferente para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

En cambio, el asambleísta por Sucumbíos, Comps Córdova manifestó que el proyecto de Ley se sustenta en el artículo 250 de la Constitución de la República que reconoce a dicha circunscripción especial, así como en la necesidad de viabilizar la aplicación del artículo 41.3 de la denominada “Ley Amazónica”, en lo relativo a la contratación pública preferente.

Mientras tanto, la propuesta legal tiene como objetivo que, en todos los procesos de contratación pública, se otorgue preferencia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos de origen local o de residentes permanentes en la región.

Finalmente, este proyecto de Ley será unificado con otras iniciativas legislativas que aborden la misma materia y que se encuentran en trámite en la comisión.

El director de la Agencia Nacional de Tránsito, el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y un experto en tránsito y seguridad vial presentaron en la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, sus observaciones a las reformas del Código Integral Penal en materia de tránsito. Esta iniciativa busca recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados especializados en esta materia.

Según, el director ejecutivo de la ANT, Alejandro Lascano expresó su conformidad con las modificaciones planteadas en la comisión de Gobiernos Autónomos con relación a las reformas propuestas a las penas no privativas de la libertad; contravenciones de tránsito de primera, segunda y cuarta clase; los mecanismos de impugnación de contravenciones; entre otros.

En cambio, para Esteban Orellana, director ejecutivo de AME, el ajuste del marco normativo conforme a las sentencias de la Corte Constitucional.

También, Orellana reiteró la importancia de considerar las diferentes modalidades de transporte, así como la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados. Y exhortó a la aplicación de sanciones por etapas de prevención e información.

Para, el asambleísta Adrián Castro, manifestó la importancia de recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y disminuir los procesos judiciales relacionados. Entre las medidas alternativas sería el trabajo comunitario, establecer agravantes por exceso de pasajeros, aplicar sanciones con reducción de puntos en la licencia y multas, incorporar un rango de tolerancia y endurecer las sanciones por el uso de llantas lisas.

Sin embargo, el experto en tránsito y seguridad vial, Pablo Cerón es partidario en la necesidad de sancionar con mayor rigor al exceso de velocidad, una de las principales causas de muertes en el país.

Mientras tanto, la rectora del ITESUT, la Máster Cecilia Flores, aseguró que “más allá de las sanciones y multas de cualquier tipo, la educación es principal, solo así podremos cambiar, por más Ley dura que sea, los siniestros de tránsito seguirán como la primera causa de las estadísticas de muerte en el Ecuador”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucía Pozo indicó la conformación de mesas técnicas para el análisis del proyecto de Ley en trámite.