Este sábado 7 de junio 2025, con seis votos a favor, la comisión de Seguridad Integral aprobó el texto final de votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, el objetivo es regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, así como la coordinación y cooperación con los organismos de apoyo, otras entidades del Estado y personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas.

Además, el Sistema Nacional de Inteligencia contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros que disponga el Presidente de la República.

Por lo que, desarrollaran actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de alertar y asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.

Segú, la asambleísta Jhajaira Urresta sus observaciones a los artículos 5, 11, 12, 14 y 51, este último relacionado con el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, dijo.

Para la presidenta de la comisión de Seguridad, Inés Alarcón, el artículo 51 no consta en la matriz de textos con observaciones.

En cambio, el asambleísta Francisco Cevallos señaló que la rendición de cuentas de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ante la comisión de Seguridad no limita ni restringe las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional, sino que se encuentra en consonancia con el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Mientras tanto, el legislador Andrés Castillo de ADN, aseguró que el avance de la delincuencia requiere acciones urgentes y que esta Ley constituye una herramienta eficiente que permitirá al Estado anticiparse a las acciones de los grupos del crimen organizado.

Finalmente, la legisladora Jahiren Noriega solicitó la comparecencia de los representantes de organizaciones de la sociedad civil. Respecto a los artículos 47 y 52 del proyecto legal.

El Ministerio de Salud Pública inauguró el primer Curso de Salud Ambiental con enfoque materno infantil, que será impartido bajo la modalidad presencial y virtual dirigido a profesionales de salud e integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la academia, apoyado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta actividad responde al programa integral dentro del convenio suscrito entre Unicef y el Gobierno Nacional 2023 – 2026.

La Dirección Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP desarrolla planes de capacitación interna y externa, el objetivo fortalecer los conocimientos sobre la incidencia de los factores ambientales que afectan a la salud humana.

También, el curso prevé identificar los riesgos ambientales, medidas de prevención, respuestas ante emergencias ambientales, atención a grupos vulnerables, estrategias de educación y sensibilización a las comunidades.

Para el Director Ejecutivo del Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Social, Marco Cazco de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estos espacios desde la academia construyen a obtener aportes para construir políticas públicas en beneficio de la población, expresó.

En cambio, Marysol Ruilova oficial de Salud y Nutrición de UNICEF en Ecuador, dijo que la problemática y el perjuicio que puede causar la contaminación del ambiente a la salud humana, para combatir ese tema de salud pública, Unicef, junto al MSP, trabaja en medidas de prevención para cuidar la vida de los ecuatorianos.

“Fortalecemos nuestro sistema de salud para un acceso oportuno a los servicios. En este curso vamos a mejorar nuestras capacidades de identificar, vigilar, prevenir y tratar adecuadamente estas amenazas, con enfoque preventivo, integral y basado en la equidad”, aseguró Ruilova.

Mientras tanto, José Mosquera, Director Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP, la participación en este tema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es fundamental para mantener una coordinación adecuada con el personal del MSP para impulsar acciones concretas ante este problema mundial, sostuvo.

Finalmente, las observaciones y propuestas servirán para que los funcionarios puedan detectar y considerar los impactos de factores ambientales en la salud de la niñez, a nivel nacional, local y describir las medidas preventivas que pueden tomar los distintos actores nacionales, locales para disminuir la exposición de madres y niños a factores ambientales, describir las características clínicas, manejo y tratamiento de intoxicaciones con plaguicidas, metales pesados y gases asfixiantes, aplicar la historia clínica ambiental pediátrica de la (OMS/OPS), precisaron.

El Pleno de la Asamblea, con 78 votos en contra, negó la apelación a la presidencia de Niels Olsen, en la octava sesión, moción presentada por el asambleísta Henry Bósquez para incluir en el orden del día la resolución para dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión n.º 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025, en torno a la conformación de la terna para la designación del representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura.

La propuesta del asambleísta Bósquez, la rectificación de la votación, de acuerdo al artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece a cualquier asambleísta, de forma inmediata a la proclamación de resultados, a plantear la comprobación o rectificación de la votación.

Por lo que, el asambleísta Fernando Cedeño apeló la decisión del presidente, quien esperó que se cumpliera con la votación para tramitar la apelación.

Según, Cedeño el presidente de la Asamblea Nacional, había infringido el procedimiento al dar paso a la rectificación de una votación que no se refería al fondo de la temática a tratar, sino a un mero trámite para el cambio del orden del día.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen su actuación fue al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la LOFL, quien preside la sesión no tiene la facultad de negar un procedimiento de rectificación, dentro de cualquier votación que se produzca en el Pleno. Para el efecto, solicitó que Secretaría dé lectura del texto íntegro del referido artículo.

Finalmente, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, dispuso que se someta a votación. Una vez proclamados los resultados, 62 a favor, 78 en contra y dos abstenciones el presidente de la Asamblea, Olsen retomó la conducción de la sesión.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad el plan de trabajo 2025-2027, consta la sustanciación de tres juicios políticos. Se trata de las solicitudes de enjuiciamiento en contra de los jueces electorales Gonzalo Muñoz y Ángel Torres, proceso suspendidos por el período electoral del 2025; contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

Además, la comisión respetara el debido proceso y las garantías constitucionales en todos los procesos de fiscalización, particularmente en cada una de las etapas del trámite de los juicios políticos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, promoverá la participación activa de la ciudadanía, a través de comisiones generales.

La agenda será actualizada en función de las nuevas propuestas de juicio político y acciones de investigación que se propongan.

Como parte de los mecanismos de gestión, la comisión de Fiscalización desarrollara periódica, mesas técnicas y de trabajo con el equipo asesor de sus integrantes; difundirá información a través de los canales oficiales de la Asamblea y de la comisión; garantizando el acceso a la información a todos los ciudadanos mediante una comunicación clara, institucional, oportuna y transparente, en cumplimiento de la normativa vigente, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y hacer visible el trabajo legislativo.

Para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos a favor en segundo debate, el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República. Esta permite un camino al establecimiento de bases militares extranjeras y la recuperación de la seguridad nacional mediante la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica y fortalecerá las capacidades operativas del Estado ecuatoriano.

Según, la legisladora Nataly Morillo la aprobación de esta reforma, “el Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional, narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta la vida cotidiana de nuestras familias”, dijo.

Además, la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales, el 90 % de los homicidios están vinculados al narcotráfico, durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 %, señaló.

Sin embargo, la asambleísta Nuria Butiñá advirtió que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.

Así mismo, el análisis de la modificación constitucional fue sobre la base del proyecto presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 17 de octubre del 2024, el dictamen de la Corte Constitucional y el informe remitido por la comisión conformada para el tratamiento de dicha iniciativa.

Finalmente, el artículo 442 de la Constitución establece que una vez aprobada la reforma, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para su aprobación se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Dentro de los siete días posteriores, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.

En la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura presentaron sus observaciones respecto del proyecto económico urgente de Solidaridad Nacional, del Presidente de la República, Daniel Noboa como parte del análisis de esta normativa para la elaboración del informe para segundo debate. Esta propuesta está orientada a desarticular la economía de los grupos de delincuencia organizada.

Para el delegado de la Corte Nacional de Justicia, José Gabriel Terán, las observaciones permitirán una mayor precisión en los textos del proyecto de Ley, el objetivo es garantizar el derecho a la libertad de las personas, posibilitar que la empresa privada realice donaciones a las entidades de seguridad para combatir a los grupos de delincuencia organizada, expresó.

Además, consideró la necesidad de especificar qué tipo de bienes son susceptibles de donación.

Así mismo, destacó la importancia de incluir el término “motivado” respecto a la facultad otorgada al Ejecutivo para emitir un decreto que permita iniciar acciones contra el crimen organizado, ya que la motivación es esencial para que se cumplan los fines de esta Ley.

Según, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la estructura judicial del país y los catálogos de delitos que manejan los jueces especializados en delitos anticorrupción, se debería ampliar el ámbito de gestión de estas judicaturas para que conozcan causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, explicó.

Mientras tanto, Godoy sugirió que se mantenga en manos del CJ la facultad de establecer, mediante resolución motivada, la creación de nuevas unidades distritales, de acuerdo con los análisis técnicos respectivos, a fin de evitar el represamiento de causas relacionadas con el conflicto interno, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, indicó que las observaciones planteadas serán consideradas en el informe del proyecto de Ley.

Frente a la alta demanda registrada en las últimas semanas, para garantizar el servicio a los ciudadanos, el Registro Civil abrirá una jornada extraordinaria de cedulación, este sábado 31 de mayo, en horario de 08h00 a 14h00, en 39 agencias del país.

La atención en cedulación estará dirigida a usuarios que agenden un turno para ese día, a través de la Agencia Virtual. Las personas de grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) no requieren agendamiento previo y pueden acercarse a las agencias directamente.

Quienes asistan este sábado, deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Turno de cedulación agendado para el sábado 31 de mayo de 2025

Comprobante de pago impreso del servicio de cedulación.

Cédula anterior, en caso de renovación.

En caso de pérdida o robo, constancia impresa o digital del Formulario de Documentos Extraviados, emitido por el Consejo de la Judicatura (https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf)

Además, a pesar de haberse habilitado turnos con anterioridad para los meses de mayo, junio y julio; que fueron tomados por los ciudadanos, el Registro Civil abrió más espacios para los mismos meses.

Sin embargo, la alta demanda persiste y la institución registral genera alternativas como la jornada extraordinaria de este fin de semana.

“Estamos comprometidos con brindar y garantizar un servicio eficiente y accesible para todos. La ampliación de turnos y esta jornada extraordinaria reflejan nuestra responsabilidad y empatía con la ciudadanía”, dijo Ottón Rivadeneira, Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Así mismo, en lo que va del 2025, el Registro Civil, ha realizado siete jornadas extraordinarias en los meses de enero, febrero y abril, entregando un total de 123.741 cédulas, cifra récord en la historia de la institución.

También, es la primera vez que un gobierno realiza jornadas extraordinarias de forma sostenida los fines de semana.

Es importante recordar que la atención al público se mantiene con total normalidad a nivel nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó para este viernes 30 de mayo de 2025, a las 09h00, con el propósito de tramitar el primer debate el Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, con carácter de urgente en materia económica. Esta normativa busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Para ello, se tomará como base el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, que reconoce la necesidad de aplicar regímenes especiales en materias tributaria y penal.

El proyecto de Ley incluye incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.

En cambio, el ámbito penal, establece quiénes son considerados miembros de un grupo armado interno y define el concepto de economías criminales.

Además, la comisión destacó que, para desarticular la economía criminal, es indispensable identificar los bienes en poder del crimen organizado, priorizar su incautación y debilitar su capacidad operativa. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tendrá un rol fundamental en este proceso.

El proyecto de Ley contiene 14 artículos, tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y al Código Orgánico de la Función Judicial, dos disposiciones transitorias.

El Pleno de la Asamblea Nacional, este martes 27 de mayo 2025, con 78 votos a favor, declaró improcedente y devolvió el pedido de Hernán Barros Noroña, Conjuez de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, que solicitaba a la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal de Esther Adelina Cuesta Santana, quien desde el 13 de mayo de 2025 no ejerce el cargo de asambleísta.

La decisión responde a los precedentes legislativos que constan en los considerandos de la resolución, así como en la recomendación efectuada con informe jurídico Nº IJ-CGAJ-2025-2029-0002, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano del legislativo, puede declarar improcedente y devolver el pedido realizado por la Corte Nacional de Justicia, en razón que, a la fecha del requerimiento judicial la ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana no ostentaba la calidad de asambleísta.

De acuerdo al artículo 2 de la resolución propuesta por la asambleísta Esperanza Rogel, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, se notificará con el contenido de esta decisión a Hernán Barros Noroña, Conjuez Nacional de Garantías Penales (E) de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.

El presidente de la República, Daniel Noboa, condecoró este lunes a Wilma Andrade, embajadora del Ecuador en España, con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, por su trayectoria de más de tres décadas dedicada al servicio público y a una gestión diplomática comprometida con la comunidad migrante. El evento se desarrolló en el Palacio de Carondelet, mediante Decreto Ejecutivo. El documento destaca su aporte al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la promoción de la inversión y la cooperación en diversos sectores, así como la generación de oportunidades educativas para la comunidad ecuatoriana y la proyección cultural del país.

Según, el presidente Noboa “la embajadora ha representado los más altos intereses nacionales y ha sido un puente fundamental entre ambas naciones, a nivel diplomático y económico. Ha sabido dar atención oportuna a las necesidades de nuestros hermanos migrantes, promoviendo su inclusión y defendiendo sus derechos”, dijo.

Por su parte, Wilma Andrade agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con una gestión pública cercana a la gente. “Renuevo el compromiso firme de seguir trabajando con responsabilidad, lealtad a los principios y a la visión de país que usted presidente Noboa representa hoy; una generación de esperanza, una nueva manera de hacer política, con eficiencia, valentía, propósito y con amor verdadero al Ecuador”, manifestó.

Mientras tanto, los ejes de trabajo impulsados desde la misión diplomática, que dirige desde el 22 de enero del 2024, más de 10.000 becas gestionadas en el ámbito educativo; una agenda cultural activa que ha hecho protagonistas a los migrantes; convenios laborales que abren nuevas oportunidades y una institucionalidad presente en todo el territorio español.

Finalmente, la condecoración reconoce una gestión comprometida con los migrantes ecuatorianos en España y refleja el compromiso del Gobierno Nacional con una política exterior que prioriza la atención, protección y generación de oportunidades para la comunidad en el exterior.