Una vez que la madrugada de este 21 de febrero y una vez concluido el proceso de escrutinios, el Consejo Nacional Electoral proclamo los resultados definitivos de las elecciones del 7 de febrero, los ecuatorianos tendrán que elegir al nuevo presidente de la república entre los dos candidatos finalistas, Andrés Arauz de la alianza UNES (LISTA 1-5) Unión por la Esperanza, que obtuvo 3’033.753 votos y Guillermo Lasso de la alianza CREO – PSC (lista 21 – 6), que recibió el respaldo de los electores en 1’830.045 votos.
Según, las autoridades del CNE la proclamación de los resultados se realizaron de acuerdo al art. 143 de la Constitución de la República y 141 del Código de la Democracia.
El CNE realizo un reconocimiento de agradecimiento público a todos quienes participaron en las elecciones generales 2021, aportando para el desarrollo normal y exitoso desarrollo de los comicios.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, participo este fin de semana en la comunidad La Toglla, el objetivo es preservar el turismo ancestral, la reforestación, el respeto a la Pachamama y el sentimiento de los comuneros que conviven en el sagrado cerro Ilaló son la motivación para dejar un mejor legado a las futuras generaciones en la Comunidad La Toglla, señaló.
Una jornada productiva por el medio ambiente indicaron los moradores de la Comunidad la Toglla del cerro Ilaló, destacando la participación de la primera autoridad de la ciudad.
Autonomía, control a las organizaciones deportivas y un régimen especial tributario que incentive la inversión en las actividades deportivas es lo que plantea incluir en el proyecto de Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación, sostiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Así lo expresó Francisco Egas, presidente de la FEF, en la Comisión de la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, junto al asesor jurídico, Nicolás Solines, aplaudió que se analice una nueva Ley que se adapte a la realidad del deporte, que permita fortalecer y desarrollar herramientas para el mejoramiento de está actividad, la sociedad y a través de éste impartir principios a la juventud.
Además, Egas, señaló que al margen de la autonomía que debe tener el fútbol, por estar bajo el régimen de Leyes y estructura internacional, debe haber regulación y control permanente estatal a de las corporaciones deportivas que les permita cumplir y actuar de forma organizada.
Así mismo, sostuvo en la necesidad de promover el régimen tributario para las sociedades anónimas deportivas como manera de atraer la inversión privada al deporte.
Mientras tanto, Nicolás Solines, asesor jurídico, indicó que la estructura supranacional que tiene el fútbol, sin violentar la normativa interna, les obliga a tener autonomía para desarrollar esta disciplina en todas las áreas del deporte y no solo el profesional.
Por lo que, Solines aseguró que las organizaciones deportivas deben tener ciertas regulaciones y normas legales que estén acordes con la normativa internacional, a fin de posibilitar que tengan seguridad jurídica.
Las características de las sociedades anónimas deportivas que deben constituirse sobre la base de un régimen jurídico especial, que les permita poner en marcha el objetivo para las que fueron creadas bajo el paraguas de la estructura internacional conformada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
De su lado, el presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas, Salustio Cabrera, coincidió y felicito la iniciativa del proyecto, solicitó se consideren los inconvenientes que existen con los bienes y espacios destinados al deporte que son de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados.
Con relación a la asignación de recursos para el fomento, desarrollo e infraestructura del deporte barrial y parroquial dijo se incluya al deporte formativo y recreativo para que pueda tener ayuda económica, sin pasar por tantos inconvenientes a nivel municipal y provincial.
De acuerdo a los asambleístas trabajan en una nueva Ley que fortalezca el deporte, con un enfoque integral.
Sin embargo, expresaron su preocupación por el problema económico que tienen varios clubes del fútbol profesional, la falta de ingresos, aportes y apoyo de los auspiciantes, por lo que incluirán en el proyecto un capítulo sobre el deporte profesional, la regulación que beneficie el funcionamiento de las sociedades anónimas.
Finalmente, el presidente de la Comisión, William Garzón, manifestó que serán respetuoso de las regulaciones establecidas en las normas internacionales, resaltó los aportes y visión de las organizaciones de fútbol para el proyecto que se construye con la participación ciudadana, respetando el marco constitucional, precisó.
El Presidente de la República, Lenín Moreno, veto parcialmente por inconstitucional el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio remitido por la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero.
El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción y reconoce la necesidad de contar con una Ley que permita la recuperación de los bienes obtenidos de manera ilegal.
Sin embargo, para tener seguridad y eficacia en la aplicación de esta norma, es necesario contar con un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, para tener absoluta garantía del contenido de la Ley y su aplicación, sea en el marco del respeto de los derechos constitucionales.
La objeción parcial, se ha enviado a la Asamblea Nacional varios textos alternativos que tienen como finalidad fortalecer y mejorar la institucionalidad necesaria para la operatividad de la extinción de dominio en el Estado ecuatoriano, destaca el documento.
De igual manera, se han realizado ciertas precisiones que deben considerarse en el marco de la cooperación internacional, para poder realizar investigaciones y procesos de extinción de dominio sobre bienes que se encuentren fuera del país.
Además, la objeción parcial por inconstitucional, existen algunas preocupaciones respecto de la seguridad jurídica y el debido proceso en el proceso judicial, mismas que por su alcance deben ser analizadas por la Corte Constitucional.
Por otro lado, el Ejecutivo observa que el texto propuesto por la Función Legislativa podría contener imprecisiones que no pueden ser subsanadas por el Primer Mandatario, toda vez que el alcance e impacto de las mismas podría afectar el contenido y las garantías de los derechos reconocidos en la Constitución.
Por lo que se ha requerido un análisis de la constitucionalidad de la creación de nuevas competencias y atribuciones a varias instituciones públicas que participarían en el procedimiento propuesto, a fin de mantener armonía con los roles constitucionales asignados a cada entidad.
De igual manera, se ha requerido se realice un examen de constitucionalidad respecto del establecimiento de la norma procesal penal como supletoria para una acción de naturaleza civil, lo cual ha sido transversalizado en todo el proyecto.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional en su análisis hace énfasis en la necesidad de respetar el principio de jerarquía normativa en todo el proyecto de ley, mismo que guarda directa relación con el derecho de la seguridad jurídica y todas las garantías del debido proceso.
Con respecto al principio de retrospectividad, introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, genera preocupación que el texto propuesto por la Asamblea Nacional diste del alcance que dicho principio posee y pueda asemejarlo a una aplicación retroactiva de la norma.
El Gobierno Nacional reconoce plenamente la necesidad de contar con la retrospectividad en la aplicación de la extinción de dominio ya que permite rever situaciones jurídicas actuales que pudiesen haberse originado de hechos fraudulentos e ilegales y reafirma la vigencia del ordenamiento jurídico bajo el cual, “el paso del tiempo no convalida ni subsana ilegalidad”. Razón, por lo que solicita un análisis de constitucionalidad por el máximo órgano correspondiente, respecto del principio de retrospectividad.
Respecto a la imprescriptibilidad propuesta para la acción de extinción de dominio, llama la atención que la Asamblea Nacional determine la misma acción de extinción de dominio, cuando es una acción independiente, sugiere que ésta debe ser imprescriptible, ya que existen delitos que por norma constitucional lo son.
La imprescriptibilidad de las acciones determinan responsabilidades es una excepción que encuentra su límite en la Constitución ecuatoriana, por lo cual es necesario contar con un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de nominar como imprescriptible a una acción de esta naturaleza, sin que afecte los derechos consagrados en la Constitución de la República.
Por otro lado, se requiere analizar el destino de los fondos dispuestos en el proyecto de ley en el marco de las pre-asignaciones presupuestarias determinadas en la Constitución de la República, que garanticen una asignación transparente de recursos priorizando los sectores de salud, educación y justicia, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Finalmente, el Gobierno Nacional, informó que manteniendo su política de apertura al diálogo, ha recibido opiniones desde el sector de los profesionales en el ámbito legal, de la academia y organizaciones que velan por el correcto manejo jurídico de la legislación ecuatoriana, que exhortaron al Presidente de la República Lenín Moreno, el veto parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, resaltando su preocupación por el contenido, yaque el texto viola el principio de irretroactividad de la ley, viola el principio de responsabilidad penal individual y viola el derecho a la propiedad; tal como está redactado el proyecto de Ley, este “pase de ser un instrumento de combate a la corrupción para convertirse en una herramienta de confiscación arbitraria y persecución política, porque, una norma que viola tantos principios constitucionales no es sostenible ni deseable”.
Desde cuatro visiones diferentes pero con un solo objetivo, se analiza la situación que afronta el turismo nacional, regional y mundial, del es parte el Ecuador y la provincia del Guayas, por los efectos de la pandemia por la Covid 19.
La Prefectura del Guayas organizó un conversatorio para debatir la situación del sector y las acciones a tomar para su reactivación, el invitado especial está vez es el español Ignacio Medina.
El periodista gastronómico Ignacio Medina, diserto en el conversatorio “El Turismo en Guayas se reinventa” organizado por la Prefectura del Guayas en las instalaciones de la Casa Julián, en el Parque Histórico de Samborondón.
Así mismo, junto a Ignacio Medina autor de más de 80 libros, Susana González, prefecta del Guayas, el anfitrión Francisco Baca, el gerente del Hotel del Parque y Santiago Granda, director de la Escuela de Los Chefs.
Por su parte, la prefecta del Guayas, Susana González, señaló que desde hace dos años con la participación de 15 chefs vienen desarrollando un levantamiento de la información de las huecas y recetas de los 25 cantones que conforman la provincia, “Apostamos a la reactivación del turismo bajo la lógica de la cocina, encender los fogones del Guayas, que nos traslada a nuestras costumbres ancestrales”.
Además, González destacó que está iniciativa está alcanzando que la cocina del campo esté llegando a las zonas urbanas, es reconocer el trabajo de hombres y mujeres agricultores que durante la pandemia no han parado de llevar la comida a las ciudades, “gracias a los alimentos nuestras cocinas en los hogares se reinventaron y nacieron nuevos emprendimientos”.
Mientras tanto, Ignacio Medina gastrónomo y periodista Español, sintetizó la manera como se debe ver el mundo a partir de la COVID -19, cambiar, “Vivimos un tiempo muy extraño que nos obliga a cambiar muchas cosas, a pensar de otra forma, esto no va a pasar, se va a quedar con nosotros, porque está cambiando nuestra forma de vivir, consumir, los que tenemos que cambiar somos nosotros”.
Sin embargo, Santiago Granda, sostiene que hay que aterrizar a la realidad, pensar solo en el turista internacional por el contrario los mayores clientes en los restaurantes son los locales, es así que con la prefectura iniciamos una serie de talleres, donde se enseña cosas tan simples para unos pero lejanas para otros como: un buen café, reivindicar nuestra bebida ancestral como el chocolate o la resbaladera que se perdieron en el camino”.
Finalmente, Francisco Baca, gerente del Hotel del Parque y de la Casa Julián, aseguró que con la pandemia debieron volverse más flexibles, “comenzamos a sacar nuevos productos, el 1 de marzo lanzaremos una nueva carta con más locales, usando productos locales del sector, sabemos que el turista internacional que pagaba tarifas de alojamiento de 400 dólares no vino el año pasado ni va a venir este año, entonces tuvimos que hacer paquetes especiales para el turista local, lo cual está dando buenos resultados”.
Ante la movilización indígena convocada por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kiwcha del Ecuador– ECUARUNARI- y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana –CONAICE-, el 15 de febrero la Cruz Roja Ecuatoriana activa un plan de asistencia humanitaria.
El Presidente Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, Dr. Roque Soria, hablo del rol humanitario que cumple la Cruz Roja Ecuatoriana, en este tipo de eventos y las acciones humanitarias destinadas a quien lo necesite.
Además, Soria dijo que los servicios que prestará la organización humanitaria son: atención prehospitalaria, apoyo psicosocial y restablecimiento del contacto entre familiares.
Así mismo, es importante que los actores políticos, miembros de las organizaciones sindicales y la ciudadanía en general conozcan que la Cruz Roja Ecuatoriana, a través de su personal humanitario y paramédicos, realizan una labor exclusivamente humanitaria con el fin de que nuestras unidades móviles, voluntarios y paramédicos puedan cumplir con su labor de manera segura y oportuna.
Finalmente, la Cruz Roja Ecuatoriana, como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabaja en todo momento y lugar apegado a sus principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad e independencia, por lo que mantiene activo al personal con el fin de brindar atención adecuada a la población, la labor es estrictamente humanitaria y trabaja para proteger la vida y dignidad de todas las personas sin distinción de ninguna clase, precisó.
Doha Viceministra de Exteriores Qatarí y portavoz del ministerio de Lolwah Al Khater, señaló “espero que el mundial sea una buena experiencia y que los aficionados del fútbol, puedan disfrutar del espectáculo deportivo si no también de la cultura Qatarí, Árabe en general”.
Además, la Viceministra precisó que se están preparando para dar la bienvenida a todos los turistas y aficionados de la Copa del Mundo en Qatar 2022, será la primera en ofrecer la experiencia de asistir a dos partidos por día.
Así mismo, destacó que Qatar es un estado pequeño, esto permite tener sus ventajas y significa que la afición no tiene que recorrer grandes distancias para moverse de un estadio a otro.
Según, Al-Khater, las instalaciones son confiables, con materiales de construcción reutilizables; el transporte público facilitar la movilidad entre los estadios y el tiempo será perfecto, en diciembre Qatar tiene un invierno muy suave.
Mientras tanto, cuatro de los ocho estadios designados para albergar los partidos de la Copa del Mundo 2022 en Qatar ya se inauguraron oficialmente y la construcción de una quinta sede está completa, casi dos años antes de la ceremonia de apertura de la primera Copa del Mundo que se celebrará en un país árabe.
Por otro lado, en relación al bloqueo impuesto a Qatar por los cuatro países Árabes desde junio de 2017, la viceministra de Exteriores Qatarí Lolwah Al-Khater, indicó en la cumbre del CCG (integrado por Arabia Saudí, Emiratos, Baréin, Qatar, Kuwait y Omán) el pasado 5 de enero, los cuatro miembros firmaron la reconciliación y el acuerdo de Al Ula, reconocido por Egipto, que había roto las relaciones diplomáticas con Doha hace tres años y medio junto a sus aliados del golfo.
Finalmente, con ese acuerdo Qatar alcanzo salir del aislamiento, por lo que sus fronteras marítimas y terrestres están abiertas, los aviones pueden sobrevolar los cuatro países que estaban bloqueadas, toda la región gana como una «entidad económica y política», la «seguridad colectiva», reiteró Al-Khater.
La prefecta del Guayas, Susana González, realizo la inspección de los trabajos del camino de 10,14 km que beneficia al sector rural de Salitre.
Más de 18.000 habitantes del cantón Salitre, que se dedican al agro en su mayoría arroceros ven un cambio y el avance de los trabajos de rehabilitación y asfaltado de la vía Potosí-El Papayo-La Elvira.
La obra tiene una inversión de 4’927.096 dólares, 10,14 km se ejecutan en la parroquia Junquillal, norte de Salitre, tiene un avance del 75% de la obra.
La prefecta del Guayas durante un recorrido de fiscalización, indicó “hemos exigido a los contratistas que dupliquen y tripliquen la maquinaria, contraten más personal para poder cumplir antes de tiempo, esta vía cambiará la vida a los salitreños”.
De acuerdo a los agricultores del cantón Salitre la obra estaba postergada por 60 años, ahora los productos agrícolas van a salir en mejores condiciones a los mercados.
Por su parte, el alcalde de Salitre, Julio Alfaro, considera que la conectividad permitirá el desarrollo de la comunidad del sector de Junquillal.
Además, Alfaro señaló que “ los salitreños están muy contentos con el apoyo de la Prefectura en la construcción de está obra, porque así facilitamos el traslado de los productos agrícolas, la ciudadanía, los estudiantes, enfermos, todo tipo de acción que nos conecte el campo con la ciudad es un medio que nos une”.
La vía cuenta con asfalto, en una gran extensión permite un viaje más rápido y seguro entre Potosí y El Papayo en 6 minutos, a diferencia a de los 25 minutos que era antes.
Finalmente, las personas del sector ven con más frecuencia los buses que llega hasta Salitre, Eduardo Almeida, morador de El Papayo, transporta arroz en su camioneta, recuerda que en invierno era casi imposible circular por la vía, “ahora el camino está bonito, uno se transporta rápido y seguro, el carro ya no se daña constantemente como antes, el mejor estado de la vía nos permitirá un ahorro en gastos de repuestos y mecánica.
De acuerdo a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Registro Oficial número 326, de 10 de noviembre 2020, rigen importantes cambios, tanto en los procedimientos, como en los plazos para la calificación y el desarrollo de los juicios políticos.
La solicitud o pedido de juicio político debe contar con todos los requisitos previstos en la Ley, el Presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de cinco días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud de enjuiciamiento político.
Así mismo, si se presentare varias solicitudes ingresadas simultáneamente, este plazo podrá extenderse a un máximo de diez días.
Una que vez el CAL conozca la solicitud requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo de tres días.
El Consejo Administración Legislativa, en diez días, desde la fecha de su conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud, de considerarlo pertinente.
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Presidente de la Asamblea Nacional remitirá, en tres días, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite.
El Presidente de la Comisión de Fiscalización pondrá en conocimiento del Pleno de la Comisión la solicitud de enjuiciamiento político, dentro de cinco días, en todas las etapas del juicio político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales.
La Comisión de Fiscalización podrá acumular dos o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y conexidad en los hechos que puedan ser tramitadas en los mismos tiempos procesales, acumuladas las solicitudes se considerará un solo proceso de juicio político.
El tramite del juicio político en contra de las y los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas que se determinen serán individualizadas.
La Comisión de Fiscalización, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud, avocará conocimiento y verificará que cumpla con lo que dispone el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario lo archivará.
Calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, con el fin que en quince días presente su argumentos a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Así mismo, la Comisión de Fiscalización notificará a los asambleístas solicitantes que dentro de quince días que se encuentran transcurriendo presenten las pruebas de cargo que sustenten sus denuncias.
Con la contestación de la o el funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.
La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría simple de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
Los órganos y dependencias de la Asamblea Nacional brindarán todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión requiera para cada caso. Las y los servidores públicos entregarán la información solicitada dentro del plazo de actuación de pruebas. La o el funcionario que no entregue la información solicitada, será destituido.
Si durante el proceso de sustanciación del juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión.
Los asambleístas solicitantes, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentarán sus pruebas de cargo ante la Comisión por el lapso máximo de tres horas, luego de lo cual, las y los asambleístas que la integran y las y los asambleístas acreditados a participar, de conformidad con esta Ley, podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de diez minutos, con derecho a réplica.
La contestación de los asambleístas solicitantes será de máximo diez minutos por pregunta.
La funcionaria o funcionario cuestionado, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentará o expondrá sus pruebas de descargo ante el pleno de la Comisión de Fiscalización, por el lapso de tres horas, luego de lo cual, los asambleístas integrantes de la Comisión, los solicitantes y los asambleístas acreditados a participar de conformidad con esta Ley, tendrán un tiempo de diez minutos para realizar sus cuestionamientos, con posibilidad de una contra réplica de diez minutos adicionales. La contestación del funcionario público cuestionado será de diez minutos por pregunta.
Las comparecencias solicitadas como pruebas de cargo, descargo y de oficio, tendrán una duración de treinta minutos; luego de lo cual, las y los asambleístas de la comisión, las y los asambleístas solicitantes y los acreditados a participar de conformidad con esta Ley, podrán realizar preguntas por diez minutos, con derecho a réplica. La contestación de las y los comparecientes, será de máximo diez minutos por pregunta.
Concluido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión de Fiscalización remitirá, en cinco días, a la Presidencia de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las conclusiones y razones por que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político.
De considerarlo necesario la Comisión de Fiscalización podrá solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.
De no haber informe dentro de los plazos previstos en este artículo, el Presidente de la Comisión de Fiscalización remitirá en el plazo de dos días, al Presidente de la Asamblea Nacional, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.
En todos los casos, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de dos días, notificará con el informe al funcionario sobre el que verse la solicitud de juicio político, por medios físicos o electrónicos. En el mismo plazo el informe será difundido a las y los legisladores.
Finalmente, estas normas están incluidas en los artículos 80, 80.1, 81, 81.1 y 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, pues a partir del artículo 83 le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional resolver sobre el informe o la ausencia del mismo y posteriormente, proceder con la fase definitiva del juicio político.
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