CON ACTA DE COMPROMISO SUPERARÁN IRREGULARIDADES EN VENTA DEL GAS DE USO DOMÉSTICO EN SUCUMBÍOS

La Comisión de Biodiversidad, en modalidad virtual, sesionó este miércoles 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanía.

Por su lado, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos, la diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).

En cambio Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.

Así mismo, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señaló que hay nueve comercializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 de dólares.

La Ley rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el director de la ARCH.

De igual forma, insistió que continuamente realizan controles en Sucumbíos, en relación al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.

El asambleísta Juan Cárdenas solicitó al ministro una respuesta concreta sobre los hechos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.

Mientras tanto, el presidente de la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Alberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares, por lo que, exigió se realice un control más rigurosos.

El asambleísta por la provincia de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, Fredy Alarcón aseguró que este problema que es a nivel nacional, es un secreto a voces y el Gobierno Nacional lo conoce pero se hace el ciego, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el parlamentario.

Para Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseveró que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.

Por su parte, Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, expresó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. A pesar que está escrito en la ley, se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple.

El presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, Jorge Elizalde, denunció que los distribuidores, sin razón elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.

Con relación a las denuncias el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. El incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores.

Sin embargo, hay que entender el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar el gas. Consideró dijo que no es fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.

Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que debido a las denuncias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, con el objeto de establecer las sanciones correspondientes y si es necesario, clausurarlas, precisó, se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando cumplan los requisitos.

Finalmente, el asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, se firme una acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo a la Ley. Como testigos de honor participaría en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas. Las partes estuvieron de acuerdo, por lo que se establecerían las coordinaciones necesarias, con el objeto se firme la acta de compromiso.

ASAMBLEA NACIONAL POSESIONÓ A LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

La Asamblea Nacional con el juramento posesionó, a Xavier Muñoz y Narda Solanda Goyes, como vocal titular y suplente del Consejo de la Judicatura, respectivamente, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República.

Luego de su posesión, Alberto Muñoz indicó su compromiso con los ecuatorianos para mejorar y modernizar el sistema de justicia en beneficio de todos.

Por su parte, Solanda Goyes señaló que es respetuosa del orden constitucional y legal y en ese sentido tiene claro el rol de la suplencia.

Además, se comprometió en la dirección de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura a seguir trabajando y sirviendo a las organizaciones de mujeres, los movimientos indígenas y a todos quienes requieran los servicios de justicia.

En la resolución enviada a la Asamblea Nacional informó que el pasado 7 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a las autoridades, como parte de un concurso de méritos de la terna enviada por el Presidente de la República.

Para su designación fue necesario valorar la experiencia profesional y los planes de trabajo propuestos por los dos aspirantes.

Finalmente, Solanda Goyes es doctora en Jurisprudencia, actualmente se encuentra laborando en el Consejo de la Judicatura como directora de acceso a los servicios de Justicia.

ABRIL MES QUE SUBE EL DIÉSEL A 1,44 Y LA GASOLINA EXTRA Y ECOPAÍS A 1,91 DÓLARES

Según, informó la empresa pública Petroecuador, desde éste 11 de abril del 2021, los distribuidores de combustibles del país ajustaran los nuevos precios de los combustibles, que tendrán un incremento en su precio.

Además, los valores que rigen desde las cero horas del 12 de abril de 2021 hasta el 11 de mayo del 2021.

Así mismo, los datos difundidos, el diésel pasa de USD 1,40 a USD 1,44 el galón.

Mientras tanto, las gasolinas extra y ecopaís pasan de USD 1,83 a USD 1,91 por galón, es decir, ocho centavos más que hasta el 11 de abril costaba.

En cambio la gasolina súper, sugiere el precio de USD 3,17 por galón.

Es así, que el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, aplica desde mayo del 2020 un sistema de bandas para fijar los valores de los derivados del país.

Finalmente, el precio de las gasolinas extra y ecopaís varía cada mes en un 5% al alza o a la baja de acuerdo con el precio del petróleo en el mercado internacional, el diésel tendrá una variación del 3% al alza o a la baja.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA PABLO CELÍ Y OTROS

La madrugada de éste miércoles 14 de abril, tras acoger la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., ex-secretario general de la Presidencia de la República y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Mientras tanto, la procesada Natalia C. dictaron medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y para Elsie C., se ordenó que se gire la boleta de libertad.

Además, el juez dispuso la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.

Más de seis horas duró la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en la que la Fiscal General del Estado formuló cargos contra las nueve personas, sobre la base de dieciséis elementos de convicción recabados durante un año y medio de investigación, los cuales hacen presumir su participación como autores directos en el mencionado delito.

Así mismo, entre estos constan versiones, oficios, informes periciales, decretos ejecutivos y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos (EUA).

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar indicó que en junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de EUA, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Por lo que, esta organización cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.

De está forma la Fiscalía General del Estado, procesó a los detenidos, según lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de delincuencia organizada.

Finalmente, la instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

AME y AECID ECUADOR SOCIALIZARON MODELO DE GESTIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO DE LAS CIUDADES PATRIMONIALES

Esté martes 14 de abril en el taller que se desarrollo en la ciudad de Quito, entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo analizaron la conformación del Consorcio para la Protección y Promoción de las Ciudades Patrimoniales, se socializó el modelo de gestión que permita aplicar y establecer está forma de administración.

Por su parte, Jaime Morán, Director de Asesoría Jurídica de AME, indicó que AME será la encargada de hacer funcionar el Consorcio de las Ciudades Patrimoniales durante el primer año y contribuir con un espacio físico y personal técnico.

Además, AME ha iniciado una serie de jornadas de socialización, diálogos y debates de este proceso de creación, de un modelo de gestión que sea el idóneo para impulsar la competencia exclusiva de los GADs declarados patrimoniales, en aspectos como: la conservación y preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial de los territorios, señaló.

De su lado, Rafael Ruipérez, Coordinador General de la Cooperación Española en Ecuador, destacó que el Plan Estratégico del Consorcio esté cubierto, financieramente, por AECID Ecuador y AME, en los últimos años ha sido un socio prioritario y especial para la cooperación española en el Ecuador, sobre todo después del terremoto del 2016.

Así mismo, Rafael Ruipérez dijo que desde la sede en Madrid se decidió apoyar este esfuerzo de los municipios ecuatorianos para fortalecer la conservación del patrimonio en el Ecuador.

Mientras tanto, el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas vicepresidente de AME, expresó las estrategias y propuestas para la conformación del Consorcio, que involucra a los municipios del país en el marco de sus competencias.

La consolidación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales del país permitirá difundir, promocionar y posicionar a las ciudades patrimoniales, como un canal que potencie el desarrollo sostenible a través del turismo patrimonial, precisó el Vicepresidente de AME.

El objetivo del Consorcio de Ciudades Patrimoniales es una asociación de municipios que cuentan con centros históricos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. «La conformación del Consorcio traerá beneficios y el desarrollo económico sostenible, por el valor del patrimonio cultural de las ciudades, aseguró Cárdenas.

Finalmente, la reunión de trabajo de los GAD municipales y las instituciones involucradas como: el ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dió su primer paso, la elaboración de una hoja de ruta para la firma del convenio de conformación.