El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección contra el Primer Mandatario, Guillermo Lasso, para exigir la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.

La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares.

Además, 92,9 millones de dólares corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.

Por su parte, David Guzmán, Director General del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.

Así mismo, los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, afectan la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a nivel nacional en todas las instancias jurisdiccionales.

Por lo que, en el país existen 1. 978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en el 2015, cuando la tasa era de 12,8.

Mientras tanto, la reducción sistemática de recursos económicos perjudica a los procesos como la gestión de citaciones, no existe el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea.  Solo en Quito, existen 17. 777 citaciones pendientes.

También, hay un déficit de 77,3 millones de dólares necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.

De igual forma, la falta de recursos, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a nivel nacional.

Finalmente, para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares, puntualizó.

Este lunes 3 de abril 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) efectuó el acto oficial de entrega de credenciales a las 407 nuevas autoridades de Azuay, quienes fueron legítimamente electas en los comicios del pasado 5 de febrero.

El evento se desarrolló en el Salón de la Ciudad de Cuenca y estuvo presidido por la titular del órgano electoral, Diana Atamaint, el consejero José Cabrera Zurita y las consejeras Esthela Acero y Elena Nájera.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó la participación de los jóvenes y felicitó a las autoridades electas, especialmente, a las 162 mujeres que fueron elegidas en la provincia. “Me llena de emoción saber que en los siguientes cuatro años habrá más voces y miradas que contribuirán a la definición de políticas públicas integrales, en beneficio de todas y todos”, enfatizó.

Además, durante el acto intervinieron Cristian Zamora, alcalde electo de Cuenca; y Juan Cristóbal Lloret, nuevo prefecto de la provincia, quien llamó a las nuevas autoridades a repensar el futuro de cada uno de los territorios desde la ruralidad. Así también, la alcaldesa electa de San Fernando, Aurelia Sarmiento, mencionó que la confianza de la ciudadanía debe ser retribuida con trabajo.

El CNE continuará con la entrega de credenciales a las autoridades electas en las Elecciones 2023, de acuerdo al cronograma establecido para el proceso.