El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección contra el Primer Mandatario, Guillermo Lasso, para exigir la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.

La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares.

Además, 92,9 millones de dólares corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.

Por su parte, David Guzmán, Director General del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.

Así mismo, los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, afectan la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a nivel nacional en todas las instancias jurisdiccionales.

Por lo que, en el país existen 1. 978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en el 2015, cuando la tasa era de 12,8.

Mientras tanto, la reducción sistemática de recursos económicos perjudica a los procesos como la gestión de citaciones, no existe el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea.  Solo en Quito, existen 17. 777 citaciones pendientes.

También, hay un déficit de 77,3 millones de dólares necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.

De igual forma, la falta de recursos, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a nivel nacional.

Finalmente, para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares, puntualizó.