En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, la Comisión de Fiscalización escuchó los criterios de André Benavides, Mario Cuvi, Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez, Pablo Encalada, Pablo Santillán, Juan Guerrero y Ramiro García, abogados constitucionalistas, quienes fueron convocados por pedido de la defensa del primer mandatario.

Los juristas coincidieron que el dictamen de la Corte Constitucional establece que este proceso es un juicio político agravado, por lo que no se limita a la pérdida de confianza, sino que se requiere el cometimiento de alguno de los delitos determinados en el artículo 129 de la Constitución de la República.

“Si bien no hay que probar peculado a nivel judicial, sí se debe contar con hechos veraces conducentes a tratar de que se configuren los delitos del artículo 129 de la Constitución”, afirmó Mario Cuvi.

Los juristas coincidieron que la determinación de responsabilidad política requiere destruir la presunción de inocencia del procesado y que los hechos sean ciertos o tengan al menos verosimilitud, para lo cual la Asamblea Nacional deberá determinar si el Primer  Mandatario tiene responsabilidad directa en el presunto peculado, si es por acción u omisión y si esta omisión es vicaria.

Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz cuestionó la imparcialidad de algunos de los comparecientes, quienes actualmente se desempeñan como funcionarios públicos.

Lo miembros de la Comisión de Fiscalización se reinstalarán el miércoles para escuchar a los legisladores acusadores y a la defensa del Presidente de la República.

La Asamblea Nacional, tramitará en primer debate el proyecto de Ley de Inteligencia y el segundo debate del proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro de la agenda de sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este martes, a las 10h30.

El proyecto de Ley de Inteligencia forma parte de una serie de herramientas legales que debate la Asamblea Nacional, para que el Estado y sus instituciones cumplan sus atribuciones en procura de garantizar la seguridad integral de los ciudadanos. Esto ante las nuevas manifestaciones de criminalidad compleja y las amenazas a la seguridad que constituyen un problema creciente en el Ecuador desde hace varios años.

La normativa tiene como objetivo establecer y regular el Sistema Nacional de Inteligencia, así como su funcionamiento, atribuciones y competencias que permite a los organismos del sistema realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia, para cumplir su misión constitucional y legal, frente a las vulnerabilidades, amenazas y riesgos para la defensa de la soberanía y la seguridad integral.

Por lo que, fija los fines y límites de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que lo rigen, las instancias de control democrático, la seguridad de la información, protección de los agentes y fuentes, coordinación, cooperación, colaboración y deberes de las entidades públicas y privadas, promoviendo la cultura de inteligencia en el país.

Mientras tanto, el proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), unifica 20 iniciativas legales, tiene como propósito fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados.

Los GAD provinciales tendrán la competencia de fomentar las actividades productivas en su territorio, especialmente aquellas relacionadas con la industria, agro, comercio y turismo; la representación cantonal en el consejo provincial debe observar de manera obligatoria los principios de paridad de género, plurinacionalidad e interculturalidad y se asignan funciones específicas a los viceprefectos.

Finalmente, el vicealcalde es la segunda autoridad del GAD municipal elegido por la mayoría absoluta del concejo municipal, durará dos años en sus funciones con opción a la reelección. La causal de remoción del cargo a los consejeros o consejeras regionales, concejales o concejalas o vocales de las juntas parroquiales rurales su ausencia en las sesiones y las comisiones o dejar sin el cuórum para la continuación de las mismas.

El presidente de la República, Guillermo Lasso convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) para este jueves 27 de abril 2023, a las 15h00.

Además, la sesión se realizará en el Palacio de Carondelet.

Entre las autoridades convocadas constan el vicepresidente de la República, Alfredo Palacios, presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Función de Transparencia y Control Social, Ministros de seguridad, Gobierno, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Centro de Inteligencia y el SNAI.