La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, junto a dirigentes barriales, presentó el proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el cual busca establecer un precio justo para las invasiones.

Según, el proyecto de Ley este se aplicarían en los casos de predios que sean propiedad pública de dominio privado, o que, por procesos administrativos hayan pasado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano y que en los mismos se encuentren asentamientos humanos de hecho y consolidados.

Por lo que, se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionarios del predio sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía, siendo el justo precio del inmueble, el que tenía el predio al momento de producirse el asentamiento, acreditado en el informe socio organizativo, legal y técnico.

Además, determina que para la autorización de la transferencia no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado, a excepción que sea para regularizar un asentamiento humano de hecho y consolidado, cuyo justo precio se establecerá conforme las reglas del COOTAD. La donación únicamente procederá entre instituciones del sector público.

Así mismo, la asambleísta Inés Alarcón, señaló que estas reformas a los artículos 486 y 596 del COOTAD, es en razón de la preocupación ciudadana por el descuido de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los asentamientos humanos.

“Queremos un precio justo, que sean asequibles, que la ciudadanía se sienta conforme, ellos son parte de zona vulnerable”, la propuesta fue trabajada con el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Fidel Chamba, en conexión con la ciudadanía, dijo Alarcón.

Por su parte, el concejal de Quito, Fidel Chamba indicó que en conjunto con los presidentes de seis barrios de Lote A 3-6 y con el respaldo de la legisladora Inés Alarcón trabajaron la reforma para establecer el justo precio. Hay familias del Lote A 3-6 que han pagado 2, 3 y hasta 4 veces más el lote de terreno, pese a que son personas de bajos de recursos económicos que no tienen capacidad de pagar el precio avaluado.