La generación de políticas públicas que fomenten la práctica de la actividad física y recreativas de las personas adultas mayores orientadas a mejorar su calidad de vida y prolongar su estado de bienestar es uno de los propósitos de las reformas a la Ley  del Deporte, Educación Física y Recreación, que la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, inició su análisis y unificará para su tratamiento, con otras que versan sobre la misma materia.

Según, la asambleísta Valentina Centeno, esta iniciativa legislativa se adapta al marco normativo ecuatoriano, basado en experiencias exitosas de otros países y en derecho comparado e incorpora reglas que permitan hacer que el deporte de alto rendimiento tenga en lo amateur un afluente importante para tener más y mejores deportistas.

Luego, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará el proyecto de Ley la comisión de Salud decidió solicitar que se autorice su unificación con los proyectos sobre este tema, a fin de proceder con su tratamiento y elaboración del informe para segundo debate.

Para la rectora del Instituto Superior Universitario (ITESUT), Máster Cecilia Flores, señaló que es indispensable incorporar las reformas a la Ley del Deporte, por lo que, el ITESUT a través de la carrera Entrenamiento Deportivo permitirá que más jóvenes de alto rendimiento puedan obtener un título profesional y una participación más activa, aseguró.

Finalmente, el proyecto de Ley será difundida por los canales regulares de comunicación institucional para su socialización, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional, a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana, desarrolló una intensa actividad institucional en diversas provincias del país, mediante el acceso ciudadano a los diversos mecanismos que entrega el quehacer parlamentario.

Más de 2.200 ecuatorianos interactuaron en 60 eventos cumplidos en 18 provincias del país, lo que permitió abrir espacios ciudadanos para la socialización de Leyes, proyectos de Ley, gestión institucional, consulta prelegislativa sobre recursos hídricos y minería, conversatorios estudiantiles, interacción en la plataforma 2.0 y diálogos sociales sobre las herramientas legislativas para una nueva normativa.

Entre las leyes socializadas están: Salud Mental; Violencia y Acoso Laboral; Gestión de Identidad y Datos Civiles; Participación Ciudadana; Emprendimiento e Innovación; Vigilancia y Seguridad Privada; Planificación Integral Amazónica; Fortalecimiento del Turismo y el Empleo; Acompañamiento a Víctimas Colaterales por Femicidio, entre otras.

También, socializaron los proyectos como: reformas al COIP en Tránsito y Seguridad Vial; a la Ley Orgánica de Salud; Código de la Niñez y Adolescencia; reformas relacionadas con el Ciberacoso; Prevención del Uso y Consumo de Drogas en Niños y Adolescentes y las reformas a la Ley de Discapacidades.

Mientras tanto, el proceso de consulta prelegislativa visitó la región Insular, para socializar contenidos relacionados con la nueva Ley de Recursos Hídricos y el proyecto de reformas a la Ley de Minería.

Finalmente, el área de vinculación cumplió visitas guiadas al Palacio Legislativo. La participación de estudiantes y académicos de la Unidad Educativa “Pichincha”, la Escuela Legislativa preparó procesos de capacitación y el taller sobre “Cómo se evalúa el impacto social de una Ley”.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos a favor aprobó el informe de fiscalización sobre la crisis energética nacional 2024, por lo que, recomienda al gobierno nacional dar estricto seguimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas y a las empresas públicas vinculadas con el sector energético y garantizar los recursos económicos suficientes para que las autoridades dispongan y ejecuten los mantenimientos preventivos o correctivos de las centrales eléctricas, que permitan su plena operatividad.

Además, la resolución recoge las conclusiones y recomendaciones del informe y exhorta al Ministerio de Finanzas para que encuentre una solución definitiva para que los valores adeudados a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) puedan ser restablecidos a la empresa pública, con el fin de que la misma pueda cumplir con las inversiones previstas en el Plan Maestro Eléctrico.

Así mismo, exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa revise la política de descuento del 50 % sobre los valores generados durante la crisis eléctrica, debido a que el tarifario tiene una escala creciente en función del consumo, que registra altos aumentos en la costa debido al factor climático, que superan el 50 % del valor de la planilla.

También, determina notificar a la Presidencia de la República; Contraloría General del Estado; Ministerio de Energía; autoridades del sector eléctrico y la Defensoría del Pueblo el informe íntegro; que se oficie a la Contraloría a fin de que remita un informe sobre las acciones emprendidas en torno al informe de fiscalización de la crisis eléctrica entregado el 31 de enero de 2024.

De igual manera, la resolución solicita a los ministerios de Energía y de Finanzas; autoridades energéticas y Defensoría del Pueblo remitan un informe a la Asamblea Nacional, en el plazo de 60 días, que señale cómo se atendieron las conclusiones y recomendaciones del informe actual de fiscalización de la crisis eléctrica 2024.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre recordó que en mayo de este año advirtieron que los apagones iniciarían en septiembre, producto del estiaje y por la falta de acciones de parte del Gobierno. Actualmente, Ecuador tiene un déficit de aproximadamente 900 megavatios, solo se ha recuperado 100 megavatios de generación. Hay un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, en los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

Mientras tanto, 120 mil dólares de inversión no podrá pone en marcha el parque térmico del país, la falta de generación de electricidad, expresó la legisladora.

Finalmente, los asambleístas coincidieron que el problema eléctrico no es un tema aislado y viene de mucho tiempo atrás, generando pérdidas económicas al sector productivo. La crisis eléctrica no es solo un problema técnico, sino de carácter humano, la incidencia económica, frente a lo cual el Gobierno esconde su inacción con excusas absurdas.

La Asamblea Nacional entregó varios reconocimientos a ecuatorianos destacados en los campos de la música, arte, salud, educación, servicio social y bomberil.

Entre los galardonados estuvo la cantante ecuatoriana Pamela Cortés, quien recibió el reconocimiento “Matilde Hidalgo de Procel” por su trayectoria artística y su contribución a la música del país.

Así mismo, el legislativo otorgó un reconocimiento al director de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, David Harutyunyan, por su impacto en el arte musical.

En cambio, en el ámbito de la salud visual, la empresa Óptica Gill, representada por Juan Carlos Larrea, fue reconocida por su excelencia y confiabilidad en el servicio, fundamentales para los proyectos de salud visual en el país.

También, la Red Juvenil «Mont Soleil» de El Quinche, representada por Jeffrey Castro, Jonathan Anicete y Juan Carlos Pineda, recibió un reconocimiento por su compromiso con el bienestar social y cultural, trabajando sin fines políticos ni lucrativos en beneficio del bien común.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Samborondón fue homenajeado por su labor en la protección de la vida y el entorno, recibiendo un reconocimiento al mérito social.

Mientras tanto, la Unidad Educativa Antonio Alomía Llory fue reconocida por su sexagésimo aniversario, destacando su continua labor educativa y su contribución al bienestar de la sociedad.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, con 117 votos a favor, declarar como “Benemérito” a los 13 Cuerpos de Bomberos de la provincia de Los Ríos, en reconocimiento a su trayectoria institucional y labor desarrollada por varias décadas de trabajo en servicio de la colectividad. Esta distinción resalta el compromiso, valentía y profesionalismo de los miembros de esta institución, quienes han demostrado una constante disposición para enfrentar emergencias y proteger a los ciudadanos, destacándose como un ejemplo de valores cívicos que deben ser emulados por las actuales y futuras generaciones.