ASAMBLEA APROBÓ FISCALIZAR EL PROGRAMA DE BECAS FUTURO FEMENINO

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 80 votos a favor la moción de Franklin Samaniego para que la comisión de Transparencia inicie la fiscalización del Programa de Becas “Futuro Femenino 2024” debido a presuntas irregularidades en su ejecución.

Para el asambleísta Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana afirmó que encontraron varias inconsistencias en el programa. El único cambio ha sido el nombre del programa y pidió investigar a las instituciones involucradas en la entrega de becas.

Además, Samaniego solicitó extender la fiscalización a las becas otorgadas durante el gobierno de Guillermo Lasso y las 108 mil anunciadas en la administración de Daniel Noboa, así como a las condiciones de médicos becarios y posgradistas autofinanciados.

En cambio, la legisladora Nathaly Farinango propuso que la comisión de Educación lidere el proceso de fiscalización. 

Mientras tanto, Jorge Peñafiel pidió a la comisión de Transparencia que determine la legalidad del programa y posibles responsabilidades políticas y penales. 

Finalmente, la parlamentaria Jhajaira Urresta expresó su preocupación por la falta de transparencia en la adjudicación de becas, advirtiendo que no deben utilizarse con fines electorales.

LEY PARA PREVENCIÓN DEL CÁNCER UTERINO FUE APROBADA 

El Pleno de la Asamblea aprobó, por unanimidad, con 106 votos a favor, el proyecto de Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino. Con esto el Ecuador estaría a la vanguardia en la implementación de leyes que aceleren los resultados en la eliminación del cáncer de cuello uterino. El documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz este es un proyecto de Ley para el control y la prevención del cáncer cervicouterino en beneficio de la gente.

Esta Ley establece un marco normativo para la prevención y control del cáncer cervicouterino a través de la vacunación y planificación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendientes a brindar una atención integral para la población según corresponda, dijo.

En cambio, Andrea Encalada, directora ejecutiva de Cepreme, organización sin fines de lucro, aseguró que se trata de un tema que es prevenible y puede cambiar la vida de miles de niñas y mujeres del país.

Para el presidente de la comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, Jorge Guevara el objetivo es proteger la vida de las ecuatorianas del cáncer cervicouterino, una amenaza silenciosa. “En nuestro país el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y su incidencia es alarmante; en el 2020 ocupó el 9.5 % del total de casos de cáncer y muertes en el Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, los legisladores coincidieron que el proyecto genera condiciones y mecanismos para erradicar el cáncer cervicouterino; propicia estrategias de prevención para que deje de ser un problema de salud pública, como resultado del acceso universal a servicios de salud sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), a las vacunas contra el VPH, al control de los riesgos, a servicios eficaces de tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas; así como al tratamiento del cáncer cervicouterino de tipo invasor.

Finalmente, este es un problema de salud pública que demanda la atención de todos. La estrategia 90-70-90 es una iniciativa de la OMISO/OPS para eliminar el cáncer uterino como problema de salud pública, que se basa en tres pilares: Vacunación: El 90 % de las niñas deben ser vacunadas contra el virus del papiloma humano (patógeno prevenible y tratable) antes de los 15 años. Tamizaje: El 70 % de las mujeres deben ser examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años. Tratamiento: El 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90 % de las mujeres con cáncer invasivo deben ser tratadas. La importancia de reducir la mortalidad de las mujeres; que es necesario que tanto los sectores rurales como los urbanos accedan a controles a tiempo, con tratamientos oportunos. Las cifras son bajas de las mujeres que acceden a pruebas del VPH y VIH, por lo que se debe fortalecer la gobernanza en salud con el monitoreo y seguimiento de los programas implementados.

GARZÓN Y DAVILA DIRIGIRAN LA COMISIÓN QUE TRATARÁ LA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN

La asambleísta Gissela Garzón y Rafael Dávila fueron electos como presidenta y vicepresidente de la comisión Ocasional para tratar el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, relacionado con el tema de las bases militares extranjeras en territorio nacional.

Según, la presidenta Gissela Garzón la próxima sesión conocerán el proyecto de reforma constitucional y se presentará el cronograma de actividades.

“El tratamiento de la reforma va a requerir de una visión diversa, no solamente técnica, lo que significa que logremos una cohesión para alcanzar consensos”, dijo.

La reforma llegó a la Asamblea Nacional, el 17 de octubre del 2024, tiene como objetivo eliminar la prohibición de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares, que actualmente establece la Constitución de la República.

LISTO EL INFORME PARA PRIMER DEBATE DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO

La creación del Comité Interinstitucional de Estabilidad Financiera, la facultad de solicitar información por parte de la Superintendencia de Bancos, tasas de interés, disposiciones a favor de los usuarios del sistema financiero, ampliación de datos crediticios, seguros agroalimentario y ganadero, alivio financiero, entre otros, son temas de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que analizó la Comisión de Régimen Económico y propone en el informe para primer debate.

Además, el informe busca fortalecer la estabilidad, solidez, solvencia y seguridad del sistema financiero público y privado.

Así mismo, la comisión receptó las observaciones de autoridades, expertos, académicos y representantes de los sectores relacionados con la temática.

También, establece la obligatoriedad en el artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero, una tasa de interés máxima especial para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.

En cambio, propone una Disposición Reformatoria, al artículo 19 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, en el sentido de buscar un mecanismo para la implementación de un seguro agroalimentario para cubrir la producción y los créditos agropecuarios por distintas causas naturales u otros fenómenos de fuerza mayor o caso fortuito.

Mientras tanto, la Secretaría Técnica remitirá al Comité de Estabilidad Financiera, en un plazo máximo de 30 días, una propuesta de reglamento de funcionamiento para aprobación y aplicación del Comité de Estabilidad Financiera.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, destacó el tratamiento de varios temas, sobre todo respecto al alivio financiero, que consta en el informe, explicó.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL OTORGA HERRAMIENTAS PARA SALVAR VIDAS Y MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El exceso de velocidad en las vías  de Quito cobra el 35% de las vidas en accidentes de tránsito, según el Informe de Seguridad Vial 2024, presentado por la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global. El reporte, entregado a Fernanda Racines, alcaldesa subrogante y a los miembros de la comisión de Movilidad, revela que cuatro de las vías más transitadas como: la Maldonado, Mariscal Sucre, Ruta Viva y Simón Bolívar– concentran la mayor siniestralidad en la capital.

De acuerdo a la investigación de la Universidad Johns Hopkins, apunta un problema crítico: tres de cada cinco muertes viales en Quito involucran a actores vulnerables como motociclistas, peatones y ciclistas; de estos, el 42% son motociclistas. 

Además, el documento destaca que el 27% de los vehículos superan los límites de velocidad permitidos.

“Esta información es esencial para priorizar nuestras acciones y fortalecer nuestra legislación”, dijo la alcaldesa encargada, Fernanda Racines, esto permitirá coordinar las políticas locales con las mejores prácticas de seguridad vial internacionales. Uno de los puntos clave del plan es el control exhaustivo de la velocidad y el cumplimiento normativo por zonas, similar a las estrategias de la Asociación de Jefes de Policía en Estados Unidos.

También, incluyen datos sobre otros factores de riesgo: el uso del casco en motociclistas alcanza el 87%, mientras que solo el 14% de pasajeros de asientos traseros usa cinturón de seguridad. En cuanto al consumo de alcohol, la ciudad registra un bajo 0.6%. Estos factores se comparan con los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que estima que la probabilidad de muerte aumenta del 50% a 90% cuando la velocidad sube de 50 km/h a 60 km/h.

Para Andrea Flores, coordinadora de Bloomberg Philanthropies en Quito, la ciudad se beneficia desde 2021 de este programa de salud pública, el cual asiste a 30 ciudades de 15 países, brindando apoyo técnico y asesoría para implementar estrategias que reduzcan la mortalidad vial. 

Mientras tanto, la magnitud de esta crisis es global 1.19 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tránsito, es decir, una cada 23 segundos, convirtiéndose en la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. En Quito, las cifras son alarmantes, en el 2023 250 personas fallecieron en las vías y hasta septiembre del 2024, ya se registran 191 muertes.

Finalmente, el informe fue presentado por el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino Ortiz y Christian Zaragocin, consultor de la Organización Internacional de Jefes de Policía, junto con Alejandra Sandoval, asesora en Infraestructura.