El Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite las solicitudes de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez conocido los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa, que cumple los requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización avocar conocimiento y sustanciar el trámite de los mismos.

Además, el CAL calificó a trámite 15 iniciativas legales con la disposición de que las comisiones designadas para su tratamiento, las unifiquen con otras que ya se encuentren en análisis.

Así mismo, tres reformas al COIP respecto a la retención vehicular, una a la LOFL para la conformación de la Comisión Permanente de la Economía Popular y Solidaria y otra al Código de la Democracia, serán tratadas por la Comisión de Justicia.

En cambio, una reforma al Código de Trabajo y dos nuevos proyectos de Ley para la Jubilación Especial de la Industria del Cemento y para la protección a trabajadores de plataformas digitales de servicios, irán a tratamiento en la Comisión de Derecho al Trabajo.

Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico. Mientras que la Comisión de Soberanía Alimentaria analizará un proyecto de Ley Orgánica para el Fomento, Producción, Comercialización, Consumo y Fijación del Precio de la Papa.

También, la comisión de Biodiversidad estudiará una reforma a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la Comisión de Educación analizará una reforma a la LOES, para reconocer el mérito académico de los bachilleres.

Finalmente, la reforma a diversas leyes para promover la igualdad de género en materia deportiva irá a la comisión de Salud y una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública será estudiada por la comisión de Régimen Económico.

Este lunes 30 de diciembre 2024, la comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, continúa el proceso de fiscalización sobre la desaparición de os cuatro menores de edad de Las Malvinas, recibió al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; al comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Patricio Vela; comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos y representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Según, el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo se solidarizó con las familias y aclaró que, hasta el momento, “el caso no ha sido catalogado como desaparición forzada por parte de las autoridades judiciales”. El Ministerio ha brindado todas las facilidades para que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes, manifestó.

Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela expresó su indignación ante lo sucedido y reafirmó que las Fuerzas Armadas continuarán colaborando con la justicia.

En cambio, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos explicó cronológicamente los hechos ocurridos el 8 de diciembre del 2024, las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas enmarcadas en el cumplimiento de su deber. Confirmando que han entregado información clave, como videos y listas del personal involucrado, para facilitar las investigaciones.

De su lado, el asambleísta Lucio Gutiérrez criticó el sistema judicial por su ineficiencia, la Asamblea Nacional ha dotado de herramientas legales para fortalecer la seguridad del país, aseguró.

Mientras tanto, Fernando Bastias, representante de la CDH, cuestionó las directrices que rigen las acciones de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y confirmó que una jueza declaró la existencia de una desaparición forzada en el caso. Y presentó recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Finalmente, la comisión continuará trabajando en la fiscalización de este caso y en las reformas legales, con el objetivo de garantizar justicia y respuestas para las familias de los menores desaparecidos.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aprobó el informe de investigación a las actuaciones de funcionarios del Estado frente a las denuncias públicas sobre la presunta mala calidad, indebida prestación y cobros excesivos de los servicios de telefonía e internet móvil y generadores eléctricos a nivel nacional.

Además, la comisión identificó problemas como la falta de respuesta institucional, siendo esta “insuficiente y tardía”. Las “medidas como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios fueron inútiles en un contexto donde la conectividad era inexistente debido a la falta de energía eléctrica”.

También, el documento detalla que, durante el período de crisis, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias relacionadas con la mala calidad del servicio y los cobros indebidos.

Sin embargo, no se observó una coordinación efectiva entre esta y las entidades reguladoras para resolver los problemas de manera rápida y efectiva.

Así mismo, otro aspecto crítico fue la limitada fiscalización por parte de las entidades reguladoras. “Aunque ARCOTEL aplicó sanciones a algunas operadoras, estas carecieron de impacto significativo y no motivaron mejoras sustanciales en la prestación del servicio”, lo que implica una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en la gestión del problema.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre dijo que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en situaciones de emergencia, los dejó desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”. El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea considerado el Pleno.

El presidente de la República, Daniel Noboa dialogó con los agricultores de Los Ríos, sobre las ayudas técnicas, créditos productivos para mujeres y otros servicios que despliega el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los 13 cantones de los Ríos se destacan por concentrar la ganadería, agricultura, la industria y el comercio como polos de desarrollo económico y financiero de la zona. Para fortalecer el trabajo en el campo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en este año entregó títulos de propiedad de tierras rurales, kits de inseminación artificial, unidades móviles agrícolas subvencionadas; capacitación a las personas sobre agricultura familiar campesina y otorgó créditos a las mujeres de la ruralidad a través de BanEcuador.

 Además, el Mandatario dijo que “ayudamos a la familia ecuatoriana porque esa es la manera de cambiar el país. No es momento de dar falsas promesas sino de darles la oportunidad de trabajar el campo, de darles dignidad para sostener a sus familias y salgan adelante”.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, aseguró que trabajan por mejorar la agricultura y ganadería del país, con miras a mejorar el desarrollo sostenible del campo. Por eso las ayudas técnicas que se distribuyen en todo el territorio son para las mujeres y hombres que laboran en el campo.

Así mismo, Palacios explicó que están trabajando en el borrador de la política de Estado para el sector agrícola, documento que será entregado a representantes de la actividad para que sea analizado en conjunto y se pueda construir una hoja de ruta participativa a largo plazo en beneficio de los agricultores del país.

Por lo que, el Jefe de Estado destacó que estas acciones atienden las necesidades de los trabajadores ecuatorianos dedicados al agro que, durante los últimos gobiernos, fueron desatendidos: “Debemos cambiar el país a fondo para que el campo se vuelva prioridad y para que Los Ríos sea el protagonista. Tratamos a Los Ríos como el corazón productivo del Ecuador”, manifestó.

Mientras tanto, el MAG entregó los títulos de propiedad y unidades móviles agrícolas, dos créditos de la línea Súper Mujer Rural; 81 títulos de propiedad de tierra; cuatro parcelas demostrativas de arroz, banano, cacao y maíz duro; 23 certificados de graduación sobre agricultura familiar campesina y 20 kits de inseminación artificial.

Finalmente, el Presidente Noboa sostuvo que su gobierno tiene el objetivo de arreglar el pasado y renovar la esperanza de la ciudadanía. Por eso estamos retomando los trabajos de la vía E25: “Devolvemos el poder, la dignidad y la justicia a la familia ecuatoriana. Estamos aquí para mejorar el país, no podemos dejar que las mafias lo echen a perder”, precisó.

En la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, dio su testimonio respecto de la denuncia pública realizada sobre presuntas presiones y amenazas, que habría recibido por parte de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en el contexto de la acción de protección que interpuso la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño lamentó la ausencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien inicialmente confirmó su participación y hoy a primeras horas de la mañana envió carta de excusa, señalando que comparecer a la Asamblea en un proceso en curso contravendría la norma, explicando que Nubia Vera es la jueza que el 23 de diciembre falló a favor de la vicepresidenta Abad y revocó la suspensión de 150 días sin remuneración.

Por su parte, la jueza Nubia Vera, expresó de manera cronológica los hechos sobre las supuestas presiones y amenazas denunció que ha sido intimidada por autoridades del Consejo de la Judicatura para fallar en contra de Verónica Abad.

Además, Vera aseguró que fue amedrantada con sumarios administrativos, advirtiendo sobre su situación laborar si falla a favor de Abad; destitución de su cargo; acabar con su vida; que les iban a comprar las entradas para su obra de teatro; con la presentación de un chat supuestamente del Presidente de la República que estaría atrás del tema y el fallo dependería el desembolso del FMI.

Así mismo, la jueza manifestó que le entregaron un pendrive con «insumos para resolver sobre la acción de protección».

Por lo que, Nubia Vera dijo que se negó y que actuará en derecho.

También, la jueza sostuvo estar temerosa de su seguridad e integridad, pues le amenazaron con terminar su carrera y con su vida, de no cumplir con el pedido.

«Mario Godoy, presidente de la Judicatura y Jorge Carrillo se acercaron a mi despacho incluso ofrecieron comprar 500 entradas para la presentación de mi obra, como forma de presión para fallar en contra de Verónica Abad; al ser esto un delito yo me negué a aceptar», puntualizó la funcionaria judicial.

Mientras tanto, “el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; el director provincial, Henry Gaibor y el asesor del presidente de la Judicatura, Jorge Carrillo, me amenazaron que me van a destituir si es que yo fallo contrario”, insistió.

Finalmente, los legisladores consultaron sobre la materialización del contenido del pendrive, precisiones de las amenazas y sumarios administrativos. La jueza respondió que de todos los sumarios administrativos que ha tenido nunca ha sido sancionada. La legisladora Lucía Posso pidió se considere todas las garantías necesarias a la jueza para que pueda defenderse, quien desenmascaró actos bochornosos de corrupción.

Este jueves 26 de diciembre 2024, la Asamblea Nacional en la sesión 999 aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que responde a un cambio estructural en la población ecuatoriana y exige un enfoque renovado para garantizar un envejecimiento activo, digno y saludable.

Según, Saúl Chalco de la Asociación de jubilados y pensionistas del Azuay la importancia de esta Ley para este grupo que crece y representa el 8 % de la población del Ecuador, es “un paso importante e histórico”.

Además, Chalco indicó que se requiere reformas para el progreso de los adultos mayores en la sociedad, así como contar con cuidadores especializados en los centros geriátricos.

Por su parte, Karen Santamaría delegada del Ministerio de Inclusión Económico y Social, resaltó la actualización de esta Ley que, “representa un compromiso ético y de responsabilidad social”.

Así mismo, Santamaría sostuvo que es un reconocimiento a los cuidadores que recae en especial las mujeres, refuerza la corresponsabilidad con el Estado y las familias, el fortalecimiento de los centros gerontológicos, establece mecanismos de supervisión y monitoreo para la atención de las personas adultas mayores.

En cambio, la asambleísta Catalina Salazar, señaló que el proyecto de Ley no genera presupuesto y se asignarán recursos ya determinados, será de manera progresiva en un futuro. El proyecto de Ley reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de las personas adultas mayores, garantiza la atención de salud eficiente y oportuna.

Mientras tanto, la legisladora Paola Cabezas aseguró se debe trabajar en la recolección de información para la elaboración del informe, la articulación de las instituciones y el rol de cada una para la construcción de las políticas públicas.

Finalmente, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores cuenta con 114 artículos, 1 disposición general, 4 disposición transitorias, 2 disposiciones reformatorias y una final, el mismo que será enviado al ejecutivo para su sanción constitucional.

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, con siete votos a favor aprobó el texto final de votación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral.

La propuesta busca garantizar la inserción en el ámbito del trabajo de los jóvenes, para motivar la creación de más oportunidades laborales para este sector.

Está reforma al Código del Trabajo es para que el empleador que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores esté obligado a contratar, a una o un trabajador mayor de cuarenta (40) años, observándose los principios de equidad de género y diversidad.

En cambio, en el segundo año, la contratación será de al menos del 1 % del total de los trabajadores, en el tercer año del 2 %, en el cuarto año el 3 %, hasta llegar al quinto año en donde la contratación será de al menos el 4 % del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.

Además, el empleador que incumpla con esta disposición será sancionado por el ente rector del trabajo conforme a la normativa vigente en el ordenamiento Jurídico.

Así mismo, se prohíbe establecer restricciones de edad en los anuncios de empleo o para el desempeño de cargos de cualquier tipo, a excepción de la necesidad del empleador, debido a la naturaleza del empleo, de conocer en casos excepcionales las cualidades físicas de la persona trabajadora. Estas excepciones las regulará el ministerio rector de las políticas públicas del trabajo.

Mientras tanto, existen prácticas discriminatorias en el mercado laboral, particularmente en contra de jóvenes mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, pobres y de minorías sexuales. Los jóvenes provenientes de hogares pobres tienen menos oportunidades de inserción laboral.

Finalmente, la propuesta de Ley contiene 12 artículos, 2 disposiciones generales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 1 una final, divididas en cuatro capítulos que hablan sobre las reformas al Código de Trabajo; las reformas a Ley Orgánica del Servicio Público respecto de la no discriminación por edad e igualdad de trato en el sistema laboral; reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.

El Consejo Nacional Electoral, este martes 24 de diciembre, habilitó el micrositio “Conoce a tu candidato”, con el objetivo de promover el voto informado de la ciudadanía, en el marco de las Elecciones Generales 2025.

La plataforma permitirá consultar los planes de trabajo de las y los candidatos calificados en firme, de las siguientes dignidades: binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas por circunscripción, asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos.

El micrositio cuenta con una interfaz amigable y está disponible ingresando a la página web institucional www.cne.gob.ec.

Los informes para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Neuroprotección y Aplicación Ética de las Neurotecnologías y Salud Renal y Nefroprevención, están listos para ser debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La primera propuesta, es innovadora y fortalecerá la protección de la dignidad, privacidad y autonomía de las personas frente a los avances en neurotecnologías. Establece y garantiza la neuroprotección en el ámbito medicinal, aplicando los principios éticos de la investigación en el avance terapéutico de las neurotecnologías.

Además, protege los derechos respecto del mal uso o uso abusivo de las neurotecnologías, con el propósito de preservar la dignidad humana frente al desarrollo de nuevas tecnologías terapéuticas invasivas o no invasivas.

En cambio, el segundo proyecto tiene por objeto garantizar el cuidado integral y la prevención de la enfermedad renal crónica (ERC), estableciendo estrategias para su detección temprana, tratamiento, rehabilitación y promoción de la salud renal, con respeto a los derechos humanos.

Según, el informe la ley es una respuesta integral y necesaria, que no solo garantiza el acceso a tratamientos para quienes padecen de enfermedades renales crónicas, sino que también refuerza el compromiso del Estado con el derecho a la salud, equidad y sostenibilidad.

La enfermedad renal crónica (ERC), constituye un problema de salud pública a nivel global, caracterizado por una alta morbilidad y mortalidad, costos elevados y una carga significativa sobre los sistemas de salud.

En el Ecuador la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado de manera preocupante, con una tasa de incidencia y prevalencia que exceden las recomendaciones internacionales. La implementación de esta ley será un paso crucial para mejorar la calidad de vida de miles de ecuatorianos y construir un sistema de salud más inclusivo y eficiente.

Finalmente, ambos proyectos de Ley fueron socializados y recibieron observaciones de especialistas, instituciones públicas y privadas, actores relacionadas con la problemática.