Esta semana, el Pleno de la Asamblea Nacional cerrará el período 2023-2025 con el análisis de proyectos de Ley en materias de niñez, salud, trabajo, transporte terrestre y con el desarrollo del juicio político en contra de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández.
Así mismo, las comisiones aprobaran sus informes en torno a la gestión desde noviembre del 2023, cuando inició el período legislativo.
El lunes 12 de mayo, a las 14h00, está convocada la sesión 1027, que consta siete puntos en el orden del día, donde los legisladores se pronunciarán sobre el requerimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambie o reemplace la terna para la designación de las y los vocales del Consejo de la Judicatura, una vez que el organismo aceptó la declinación presentada por el postulante Pablo Villagómez Reinel.
Además, el Pleno conocerá el proyecto de resolución respecto a la Participación y Escucha de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito Legislativo, propuesto por la comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que busca aprobar el “Marco normativo, conceptual y técnico para la participación y escucha de niñas, niños y adolescentes en el ámbito legislativo” y la “Guía metodológica y práctica para la participación y escucha de niñas, niños y adolescentes en el ámbito legislativo” elaborados con el apoyo de Childfund.
También, tramitará en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud para Incluir el reconocimiento del Libre Ejercicio de la Nutrición de Profesionales con Título de Cuarto Nivel en la Materia, para Abolir Desnutrición. La comisión del Derecho a la Salud y Deporte recomienda al Pleno el archivo de esta propuesta, por la falta de viabilidad técnica para su aprobación.
En cambio, el conocimiento del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de reformas a varias leyes respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral. La comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recomienda enmendar los artículos 2 y 3; aceptar las enmiendas sugeridas por la Corte Constitucional en los numerales 8.1 y 8.2 y ratificar el texto original aprobado por la Legislatura en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las Disposiciones General Segunda y Transitoria Primera.
De igual forma, el segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, sobre la base del informe de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, instancia que, entre otros aspectos, sugiere que se efectúe un análisis de la factibilidad financiera de las propuestas, conforme a lo establecido en la Constitución y en consonancia con las directrices de la Corte Constitucional.
Mientras tanto, la Asamblea resolverá la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que Regula el Permiso para la Operación de Maquinaria de Construcción, Equipo Caminero y Tractores Agrícolas. La comisión de Gobiernos Autónomos recomienda al Pleno allanarse a la objeción al artículo 1 y ratificar los textos originalmente aprobados en los artículos 2, 3 y Disposición General Única.
Finalmente, a las 15h45 la continuación de la sesión 983, en la cual procederán con el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la base del texto preparado por la comisión de la Niñez. Y a las 16h00, se desarrollará el juicio político en contra de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, cuestionada por el asambleísta Xavier Jurado por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, en lo relacionado con el control a cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y demás organizaciones del sector financiero popular y solidario, el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, que busca fortalecer el sistema democrático en temas como la proporcionalidad de las sanciones previstas en la Ley; la aplicación del principio de imparcialidad; el fortalecimiento de la participación democrática de las mujeres y prevención de la violencia política de género; transparencia en la designación de conjueces ocasionales; gobernabilidad, institucionalidad y estabilidad democrática.